También en la entrega anterior planteaba la interrogante sobre lo que podrí­a hacerse (desde nuestra perspectiva ciudadana) para que el enfrentamiento al reto nacional pueda tener algún grado de éxito. Dos opciones, contentarnos con asumir nuestras responsabilidades cí­vicas circunscritas únicamente a acudir o no a las urnas en las próximas elecciones y con ello dar por finalizado nuestro compromiso con el paí­s cada cuatro años. O intentar provocar algo más allá de la simple asistencia a los centros de votación. Esa es una primera disyuntiva cuya respuesta se anida en cada uno de nosotros, nos percatemos o no de ello. Hasta aquí­ la enumeración de las consideraciones de la semana anterior y su vinculación con las actuales reflexiones.

Tomaré las noticias dadas a conocer este dí­a en torno a la preocupación de las autoridades, respecto de las operaciones de los capitales de dudosa procedencia como punto de modulación para fijar lo que a mi juicio constituye el «reto nacional». La posibilidad que se produzcan operaciones ilí­citas dentro de los ámbitos legales es, por mucho, una enorme fragilidad que incrementa la debilidad a la que se ha sometido el Estado guatemalteco. Tal el caso del denominado lavado de dinero o el blanqueo financiero de otras actividades delincuenciales. Esa es la punta de lanza de un tridente que, en sentido figurado, diabólicamente, amenaza a toda la sociedad. Las otras dos púas lo serí­an los controles de las instituciones encargadas de velar por la seguridad, la justicia, la investigación penal y todo lo concerniente a las condiciones de seguridad y certeza jurí­dicas, tan importantes en cualquier sociedad y, finalmente la última de las púas, hacerse del control polí­tico, tanto del expresado en territorios (municipios: alcaldes, sí­ndicos y concejales), como en distritos más amplios (diputaciones).

Nunca antes el paí­s habí­a atravesado tal condición de riesgo. La denominada «amenaza comunista» es una í­nfima expresión comparada con la amenaza de llegar a constituir nuestro paí­s como un «narco-estado». Los riesgos ante tal amenaza son latentes. Las operaciones y actos antinarcóticos efectuados en México bajo el «Plan Mérida», evidencian el sadismo con el que reacciona la estructura criminal, y cuán apartados se encuentran de las valoraciones o principios reconocidos dentro de nuestras costumbres y tradiciones. El í­mpetu de las fuerzas policiales y militares para reprimir sus sombras delincuenciales, ha provocado como natural reacción la búsqueda de otros territorios. El nuestro con su debilidad estadual, su casi inexistente respeto institucional, es un campo fértil para que pueda concretarse el acoso y la caí­da de nuestro paí­s en manos de esas poderosas redes criminales.

Ese es el riesgo. Ese es el abismo en el que veo podrí­amos caer y así­ sumirnos en una tragedia de dolor, muerte y sangre aún más inclemente. Con más luto que el recorrido hasta la fecha. Lo que podrí­amos hacer, es demandar a la dirigencia polí­tica que por un momento se concentren en el planteamiento concreto del cómo enfrentar este reto nacional. Que antes de la convocatoria a las próximas elecciones, se pongan de acuerdo y que logren regular todas aquellas normas que contribuyan a reprimir las actividades delincuenciales y que por fin se pueda poner coto a los poderes paralelos que se esconden en las gremiales empresariales. Tenemos que empezar pronto. Nuestro paí­s lo podemos perder.