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La falta de personal, recursos y fiscalización hacen que el IDPP sea una de las entidades de Estado con mayor debilidad institucional, por lo que difí­cilmente puede cumplir con el objetivo de ofrecer a cabalidad los servicios de defensa a personas de escasos recursos.

La situación ha llegado al extremo, que desde hace más de un año no se ha conseguido nombrar a un funcionario en la Dirección, y por ello se mantienen en funciones interinas los directivos que ya deberí­an haber entregado el cargo.

Las debilidades de la institución, que se traducen en la ineficiencia e inoperancia para prestar los servicios legales gratuitos, se unifican en un eslabón más en el sistema de justicia, que se encuentra plagado de impunidad.

SATURACIí“N

Mariela Haydeé González tiene más de 11 años de trabajar como defensora pública y actualmente se encarga de casos de alto impacto como secuestros, asesinatos, robos agravados, delitos tipificados como del crimen organizado, asociaciones ilí­citas y extorsiones; en estos casos, busca que la ley se aplique conforme a lo establecido en el orden constitucional.

«La mayorí­a de personas detenidas buscan el servicio de la defensa pública penal y no precisamente cuando inicia el proceso, sino cuando está en la fase intermedia o en el debate y como consecuencia, tenemos que correr para obtener todos los documentos para poder sacar este debate», cuenta González. «Eso dificulta mucho el trabajo».

La defensora pública refiere que con los pocos recursos que tiene la institución, trata de solventar todos los casos, pero parece una tarea imposible de realizar, Porque según ella, el IDPP cuenta con muy poca asignación presupuestaria, en comparación con las partidas presupuestarias del Organismo Judicial y el Ministerio Público.

«Sin embargo hacemos todo lo posible y de esa cuenta es que cada defensor a veces tiene alrededor de cinco a seis acusaciones al dí­a y llevamos abiertos simultáneamente cinco debates», resaltó la entrevistada.

Filiberto Ricardo Dardón, quien tiene 12 años de trabajar en el IDPP, señala: «Las audiencias debemos de cumplirlas todas. Mensuales se suman ocho o nueve casos, más los que vienen antes».

Oswaldo Samayoa, representante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, lamentó los graves problemas de distribución que hay en los defensores públicos del paí­s, porque según refieren datos del Observatorio de Justicia Penal, la mayor presencia de la defensa pública está concentrada en personas que son menos pobres, cuando su función principal es ayudar a quien menos tiene.

De esa cuenta, los datos refieren que mientras en la ciudad capital hay siete defensores por cada cien mil habitantes y en Chiquimula 6.4, lugares considerados con menos í­ndices de pobreza; en Huehuetenango, donde sus pobladores carecen de muchos más recursos, solamente están asignados 0.3 defensores.

Samayoa recomienda romper los modelos burocráticos en la asignación de casos, también tomar en cuenta una gestión adecuada de recursos y la administración para lograr un buen nivel de coordinación, supervisión y aprovechamiento de las acciones de los defensores. Pero además reitera la necesidad de promover la elección del director para crear nuevas estrategias, porque actualmente solo se hace lo que ya estaba establecido por la inestabilidad en la permanencia de las actuales autoridades.

PROCESO

De acuerdo con el artí­culo 14 de la Constitución «toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada».

Es decir, que todos los ciudadanos guatemaltecos tienen el derecho de la presunción de inocencia y es aquí­ donde los defensores públicos juegan un papel muy importante. También en referencia a la defensa, el artí­culo 12 de la Carta Magna sostiene que «la defensa de la persona y sus derechos son inviolables y nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oí­do y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente.

Aunque para muchas personas el IDPP no merece mayor atención, un juez no podrí­a dictar ninguna sentencia sin la presencia de un defensor, y estos permanecen con una carga de trabajo que difí­cilmente pueden rendir. «Qué tipo de defensa tienen los guatemaltecos de escasos recursos?