A principios del pasado mes de junio, cuando las lluvias comenzaban a causar estragos en las carreteras del país, la junta directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala públicamente manifestó su «preocupación por la vulnerabilidad puesta en evidencia en la infraestructura del país», e indicó «la mala calidad de la obra pública».
 Además, lamentó que «las obras de infraestructura sean el pago de favores políticos, adjudicando proyectos de ingeniería a empresas de dudosa reputación y carentes de ética». Solicitó que la reconstrucción de las obras se contrate «de manera transparente»; pidió al Gobierno que se realizara una exhaustiva investigación de los factores que provocaron el colapso de la infraestructura; se comprometió a «ejercer una fiscalización técnica» en el caso de que «un profesional de la Ingeniería se vea involucrado en una mala práctica profesional», y recomendó a sus colegiados no prestarse a ningún acto de corrupción.
 Estoy convencido de que la mayoría de ingenieros son eficientes, honestos e incapaces de ejecutar obras utilizando material de mala calidad y de acceder a las exigencias de «mordidas» de parte de funcionarios públicos, en este caso, del Ministerio de Comunicaciones; pero en esa ocasión, al comentar tal declaración yo inquiría quiénes son los encargados de dirigir y supervisar las obras del Gobierno, como carreteras y puentes. ¿Serían, acaso -preguntaba-, médicos, pedagogos, abogados, veterinarios, farmacéuticos o dentistas?
 La reiteración anterior viene a cuento porque el pasado martes la Cámara Guatemalteca de la Construcción y la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción publicaron una declaración conjunta manifestando -¡vaya hombre!- su «enorme preocupación por el estado actual de la infraestructura y la grave situación que este deterioro provoca», por lo cual «exigen» al Gobierno y al Congreso actuar responsablemente para asegurar la integridad física de quienes utilizan la red vial; la asignación de recursos para enfrentar la emergencia, y «su uso transparente, para la ejecución y supervisión de calidad profesional». ¡Leerlo para creerlo!
Por su parte, el vicepresidente Rafael Espada declaró que tiene «dudas» acerca de la apropiada construcción o reconstrucción de carreteras, en cuanto a que si las empresas constructoras utilizaron materiales de mala calidad y no supervisaron correctamente la forma como se diseñaron las vías y se construyeron terraplenes, puentes, túneles y taludes; pero nadie se ha atrevido a pedir al Gobierno que plantee ante los órganos jurisdiccionales la eventual responsabilidad penal de los constructores.
 El Colegio de Ingenieros, la Cámara de Construcción y la Asociación de Contratistas ¡cumplieron con su deber! al emitir severos señalamientos por los malos diseños y la pésima planificación y construcción de carreteras y de puentes, que ha contribuido a la trágica muerte de humildes guatemaltecos, víctimas de derrumbes y de caudalosas corrientes de agua.
  ¡Qué cuero tiene el cinismo!
 Ahora sólo falta que el Ministro de Comunicaciones y sus acólitos expongan su enérgica declaración acusando a transportistas, automovilistas, ciclistas y peatones por su imprudencia de utilizar la red vial en época de lluvia.
(Cuando Romualdo Tishudo, tractorista de una constructora de carreteras llega a su casa con olor a licor, su mujer le reclama: -¡¿Cómo es que venís medio borracho?! El obrero responde: -¡No es mi culpa; es que no me alcanzó el pisto!).