Rodolfo Rohrmoser, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, (CC), abogado constitucionalista y experto en el tema Belice, califica como inconstitucional la aprobación del Congreso de la República de realizar una consulta popular para conocer si los guatemaltecos acatarí­an la decisión de la Corte Internacional de Justicia, (CIJ), sobre el tema. En la población, la opinión es dividida.

Ayer se conoció que los parlamentarios aprobaron la realización de una consulta popular para elevar a un tribunal extranjero el debate por el territorio, sin embargo, el ex presidente de la CC señala que se ha interpretado mal el artí­culo de la Constitución que se pronuncia al respecto.

En el artí­culo 19 del tí­tulo octavo, disposiciones transitorias y finales, de la Constitución Polí­tica de la República, se señala que «… Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular…» y el experto considera que no se ha llegado a ese punto.

«Me parece una medida desacertada del Congreso, acuerdo definitivo implicarí­a que los dos paí­ses están de acuerdo en una solución, pero aquí­ se manda que la solución definitiva la haga la Corte Internacional de Justicia, lo que es completamente diferente porque el fallo será compulsivo y obligatorio para los dos paí­ses», dice el abogado.

Por ello, considera como «ideal» que se presente una acción de inconstitucionalidad ante la CC para que ésta decida si se interpretó correctamente el artí­culo 19 transitorio o se violó la Constitución.

PROCEDIMIENTOS

Se conoce que a la CIJ se puede llegar a través de dos procedimientos: el jurí­dico y el de equidad y justicia y para este caso se ha decidido utilizar el primero, por lo que Guatemala «lleva las de perder», pues existe una firma de Serrano Elí­as, dice el experto en el tema.

Sin embargo, al utilizar el procedimiento de equidad y justicia existe una posibilidad de que los magistrados reconozcan como una «traición a la Patria» la firma del ex presidente al entregar el territorio.

ENGORROSO

De realizarse la consulta popular y elevar el caso a la CIJ, Guatemala entrarí­a en un proceso «caro, tardado y con muy pocas expectativas de ganar para Guatemala», finaliza Rohrmoser.

Además, debe tomarse en cuenta que para la consulta popular se necesitan recursos económicos, así­ lo explica Marco Antonio Barahona, director adjunto del Instituto Centroamericano de Estudios Polí­ticos, y que da como opción realizar esta consulta durante las Elecciones Generales de 2011.

El consultado también considera que debe realizarse una campaña de sensibilización para que la población conozca a profundidad que es el voto que emitirán.

Barahona, quien toma como acertada la decisión del Congreso, también explica que el proceso en la CIJ serí­a lento, siendo cuatro años el tiempo mí­nimo para conocer una resolución, por lo que serí­a hasta 2014 o 2015 cuando se termine el proceso.

DISTRACTOR

Por medio de un sondeo realizado por La Hora se comprobó que la población está dividida en cuanto a que sea la CIJ quien decida sobre el territorio. Para algunos, éste es un territorio perdido, otros señalan que «si Guatemala no puede ni con sus departamentos, para que quiere más», además, algunos consideran el tema como un distractor ante la situación que vive el paí­s, pero no falta quien espera que la instancia internacional ponga fin a un conflicto de años.