Atravesamos, digo, una crisis mucho más grande que la originada por la furia natural y los productos y efectos de la corrupción, porque ello agudiza aún más los estándares de pobreza extrema, carencias de salud, tropiezos en la educación y ya no digamos, la creciente,  asfixiante y continua inseguridad provocada particularmente por maras y el narcotráfico que se han apoderado de una buena parte del territorio nacional ante gobiernos e instituciones débiles, sumisas, corruptas y carentes de un mí­nimo de inteligencia y sentido común para poder enfrentar estas crisis.

Y es que no pueden enfrentarlas porque carecen de la calidad moral y ética y la capacidad intelectual y la valentí­a para actuar con prontitud y esmero para buscar y obtener instrumentos de labranza para hacer lo más, dentro de las posibilidades mí­nimas que tienen. Aquí­ es al revés, las instituciones y los funcionarios que las dirigen únicamente hablan de los problemas que los aquejan, que necesitan dinero y que sin ello es imposible hacer frente a las demandas que tienen. Eso es falta de previsión, de honestidad y de capacidad. Este gobierno, en los desafortunados dos años con casi ocho meses que tiene de estar en el poder, ha obtenido los tres presupuestos mas grandes de toda nuestra historia y sabiendo, que las prioridades básicas son en seguridad, salud y educación, muchos de los fondos destinados a estos fueron trasladados a programas de Cohesión Social con el único fin de alimentar el ego y elevar la figura de precandidata presidencial de la señora Sandra Torres, quien indudablemente será inscrita como candidata a la Presidencia, tras el fallo que dará la próxima Corte de Constitucionalidad, ya que, como decí­a Jorge Skinner Klée, la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad quiere que diga.

La crisis que se atraviesa en el paí­s ha servido para ocultar y casi sepultar otras cuestiones que son de importancia y trascendencia nacional, como las maniobras que se continúan dando y el impasse que persiste para elegir al Fiscal General, al Contralor General de Cuentas y al Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, en donde sigue como directora la que debí­a haber sido sustituida, con el pretexto de que la pueden acusar de abandono de cargo e incumplimiento de deberes, lo cual, a mi entender, no es ni válido ni legal, porque esa persona está cometiendo el delito de prolongación de funciones públicas por una parte y si bien es cierto no existen mecanismos para que otra persona asuma interinamente en su lugar, el Consejo de ese instituto puede adoptar medidas para que ello ocurra, bajo el principio de que lo que se puede hacer lo que la ley no prohí­be, o bien, si el Congreso o sus asesores trabajaran, ya debí­an haber modificado la ley del IPDP para establecer que ante la ausencia del director, quien es la persona llamada a llenar la vacante de manera interina. Pero hay otras cosas más, pronto, a principios del próximo año se nombrará la nueva Corte de Constitucionalidad y si observamos su composición y quiénes son los que nominan a los magistrados, es evidente que será una Corte hecha a la medida de los deseos de doña Sandra, aunque en algunos sectores como el Colegio de Abogados, el Congreso y el Consejo Superior Universitario correrá plata «solidaria», en tanto  el Presidente y la Corte Suprema designarán a quien doña Sandra diga. Será una Corte estilo Rí­os Montt.

Pero hablando de crisis, vean ustedes la enorme cortina de humo que se sigue echando sobre casos como el de Eduardo Meyer, Rubén Darí­o Morales y otros que viven bien en el extranjero con el pisto que se robaron del Congreso y que pertenece al pueblo, sobre todo al pueblo pobre. Lastimosamente nuestra tragedia provocada por la naturaleza esconde otras más grandes para el socavamiento moral del Estado, al extremo que se aprobaron Q1,300 millones para  la reconstrucción, pero de ellos, Q400 millones son para pagar deuda. ¿Que tal?….