Los diputados españoles aprobaron definitivamente hoy una ley que flexibiliza el mercado laboral, pese a la huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de septiembre por considerarla «una regresión» en un contexto de desempleo galopante.
La nueva ley generaliza un contrato de trabajo por tiempo indefinido con menor indemnización por despido, limita el recurso a contratos temporales, introduce más flexibilidad horaria en las empresas y facilita el despido por razones económicas.
El objetivo es inducir a los empresarios a elegir contratos indefinidos en un mercado laboral caracterizado por una gran diferencia entre los trabajadores estables, que gozan de una protección relativamente buena, y aquellos sometidos a contratos precarios, cuyo número va en aumento.
El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero espera así atenuar uno de los males estructurales de la economía española: la explosión del desempleo y de la precariedad en tiempos de crisis.
La severa recesión que golpea el país, por la combinación de una crisis financiera internacional y la explosión de su burbuja inmobiliaria, hizo subir la tasa de desempleo a más del 20% de la población activa. Un récord en la Unión Europea (UE), donde el desempleo promedio es de algo menos de 10%.
Los dos principales sindicatos españoles, UGT y CCOO, hicieron subir la presión el jueves al reunir a 16.000 delegados en Madrid para preparar la huelga general.
Esta reforma va a «facilitar el despido y debilitar la tutela judicial, lo que va a significar que en una situación en la que somos el país con mayor tasa de paro de Europa, sigamos en el pelotón de los rezagados en el futuro», declaró el secretario general de UGT, Cándido Méndez.
Según él, «la reforma laboral es una regresión social muy seria».
La ministra de Economía y Finanzas, Elena Salgado, estimó, por el contrario, que «permitirá sin duda escalar en ese ranking de competitividad».
Cuarta economía de la Zona Euro, España pasó del 33º al 42º puesto de la clasificación internacional de competitividad 2010-2011 publicada el miércoles por el Foro Económico Mundial (WEF), que apuntó el dedo acusador contra la rigidez de su mercado laboral.
Después de meses de diálogo de sordos entre sindicatos y la patronal, el gobierno impuso el 16 de junio por decreto ley su reforma, con entrada en vigor inmediata, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
España se encontraba entonces en plena tormenta financiera, importunada en los mercados debido a las dudas existentes sobre su capacidad para reducir sus crecientes déficits públicos.
Luego el Ejecutivo aceptó que el decreto quedase en un proyecto de ley para que se pudieran introducir enmiendas.
Tras su paso por el Senado, la reforma fue aprobada finalmente gracias a la abstención de los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV, centroderecha), cuyo voto será crucial próximamente para sacar adelante los presupuestos generales de 2011.
Esta reforma, junto con la intención del gobierno de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, selló el divorcio entre Zapatero y los sindicatos, poniendo fin una relación idílica de seis años.
Los sindicatos temen una escasa movilización debido a un clima de apatía social pese a las impopulares medidas de austeridad del Gobierno, y además porque la ley ya habrá entrado en vigor.
Según un sondeo publicado el domingo por el diario El País, aunque el 58% de los encuestados considera que la huelga está justificada, sólo el 9% está seguro de que seguirá la huelga general y el 13% cree que lo hará «probablemente».
Y a la inversa, 55% anuncia que no participará en ella y 18% que «probablemente» no lo va a hacer.