Tras la aprobación de la ley que penaliza la pertenencia y financiación de pandillas en El Salvador, los hechos de violencia recrudecieron por la presión ejercida en contra de estos grupos. Analistas en seguridad no descartan que Guatemala y Honduras sufra migración y secuelas por esta decisión.
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Medios de comunicación salvadoreños sostienen que el servicio de transporte está paralizado entre un 40 y 60 por ciento, tras los ataques y amenazas de pandilleros de la Mara Salvatrucha y 18, contra empresarios y pilotos.
La prescripción que penaliza hasta con diez años de cárcel a quienes pertenezcan a esos grupos delincuenciales, fue aprobada el 1 de septiembre y tras la misma, la violencia desencadenó en la quema de un microbús y la paralización del transporte.
Ayer, se difundió un comunicado en medios locales, donde las pandillas solicitan al Gobierno de El Salvador, un proceso de diálogo para buscar fin a la violencia, éste ha respondido que no puede negociar con organizaciones criminales.
En Guatemala, a partir del sábado, la violencia en el transporte se reactivó y hasta hoy se cuantifica la muerte de cinco operadores del servicio de transporte.
En Honduras, 18 personas fueron asesinadas en una zapatería de San Pedro Sula, algunas murieron de forma instantánea en el lugar.
Migración y secuelas
Analistas en seguridad coinciden en que la presión ejercida en El Salvador, en contra de los grupos delincuenciales, podría repercutir en Guatemala y Honduras, donde también existe presencia de pandillas.
Mario Mérida, analista en seguridad, dice que el Ministerio de Gobernación (Mingob) debe prever lo que sucede en el país vecino, puesto que existe interrelación de los grupos que están instalados en algunos países centroamericanos.
Mérida califica esta ley como «desafortunada», puesto que no busca una política de rehabilitación y reinserción, sino castigar, sin analizar la presunción de inocencia.
El experto indica, que tal como ha sucedido con el narcotráfico en México, la migración y las secuelas de pandilleros salvadoreños podrían alcanzar a Guatemala y Honduras, donde es necesario analizar la violencia reciente.
Nery Morales, vocero del Ministerio de Gobernación, dice que el titular de la Cartera del Interior, Carlos Menocal, abordó el tema con el Ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Manuel Melgar, en la reunión sostenida la semana pasada, donde han propuesto continuar en comunicación para analizar la situación en cada lugar.
El funcionario concluye en que los entes encargados de inteligencia de El Salvador y Guatemala prevén el problema, por eso, el intercambio de información se mantiene.
Pleitos de las pandillas Mara 18 (M-18) y Mara Salvatrucha (MS-13) provocaron la matanza de 18 personas el martes en San Pedro Sula, norte de Honduras, aseguró hoy el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez.
El funcionario indicó que el ataque ejecutado contra jóvenes trabajadores dentro de una fábrica de zapatos en la ciudad situada 240 km al norte de la capital «es un modus operandi típico de maras y pandillas».
La masacre fue provocada cuando de tres a cuatro desconocidos ingresaron al negocio armados con fusiles AK-47 y abrieron fuego matando en el acto a 13 personas e hiriendo a otras seis de las cuáles cinco fallecieron más tarde.
Alvarez explicó que «la hipótesis más fuerte» que definieron los investigadores del crimen que inspeccionaron la escena del crimen es la lucha tradicional entre las pandillas por la posesión de territorio.
A partir de la década pasada las rivales MS-13 y M18, organizaciones de jóvenes violentos creadas en Los Angeles, Estados Unidos, se extendieron por los países del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, tomando posesión de ciertas zonas de las ciudades donde no pueden ingresar los miembros de la otra agrupación.
«Por lo que encontramos en la escena del crimen había una relación directa e indirecta (…) esta zona es considerada de la Mara 18 y los que estaban adentro (de la fábrica) tenían (…) amistad con la MS», precisó Alvarez en declaraciones a periodistas desde San Pedro Sula.
Informó que «hay informaciones preliminares» de «al menos dos de las personas que jalaron el gatillo», cuyos datos será revelados públicamente «para que la población se involucre y nos de información del paradero de ellas».
«Esta es la forma en que vamos a dirigir la investigación» de que la matanza fue por «disputa de territorio y también disputa de drogas y también mandar mensajes contundentes a las otras maras y pandillas», añadió.
Alvarez aseguró que desde que el gobierno de Porfirio Lobo asumió el 27 de enero pasado las autoridades «hemos reducido enormemente, casi en un 60%» el aterrizaje de avionetas transportando drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos y «hemos reducido la capacidad operativa de estos grupos».
Honduras registra uno de los índices de homicidios más altos del mundo con 57 por cada 100.000 habitantes. San Pedro Sula y las ciudades de alrededor, con más de un millón de habitantes, ocupa el primer lugar en la cifra de muertos.
Según el Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional, Ministerio Público y Naciones Unidas, un promedio de 12 personas muere cada día a causa de la violencia y la delincuencia en este empobrecido país centroamericano.