La comercialización sexual y esclavitud de mujeres y niñas forma parte de la industria del crimen organizado transnacional, que ya no se limita solo al intercambio de armas y drogas, pues en los últimos veinte años ha incorporado a miles de ví­ctimas, muchas de ellas en completo desconocimiento de su situación.

Esta industria, que deja grandes ganancias a los miembros de diversos grupos del crimen organizado, se intensifica a través de los movimientos masivos y muchas veces involuntarios de mujeres y niñas de todas partes del mundo, que viajan de un lado a otro.

El problema toma tres facetas: prostitución, tráfico y comercio, y pornografí­a, todas están conectadas por el hilo de la explotación sexual.

Las organizaciones criminales transnacionales descubrieron que la comercialización ilí­cita de personas deja cuantiosas cantidades de dinero; su estrategia se basa en operaciones de contrabando de ví­ctimas a nivel mundial.

Los grupos criminales han existido en varias partes y sus tentáculos abarcan distintos paí­ses. La mafia siciliana en Estados Unidos, por ejemplo, con la Cosa Nostra a la cabeza, pero existen otras como la Triada China, que originalmente existieron como movimientos en resistencia, ahora trabajan en el tráfico de heroí­na en el Triángulo de Oro, Burma, Tailandia y Laos, operan principalmente en Hong Kong.

En el caso de las organizaciones que participan en el tráfico de armas y mujeres están los Yakusa, en Japón; la Mafiya rusa, organización que opera en el ámbito global, que aparte de involucrarse en actividades relacionadas a este flagelo, se dedica al intercambio de armas, drogas, extorsión y otros; asimismo, los carteles de drogas.

Aunque desde la perspectiva conservadora se cree que la prostitución y la comercialización de mujeres es un crimen y un acto inmoral cometido por la persona que presta servicios sexuales, una visión más aproximada muestra que esta práctica es difí­cil de reducir, por los niveles de pobreza, discriminación contra la mujer y demanda de sexualidad.

La Organización de Naciones Unidas destaca que el proceso de comercialización sexual no tiene fronteras, opera en varias direcciones, pero con una demanda de aquellas sociedades con mayor poder económico.

La ONU calcula que en Estados Unidos existen más de cincuenta mil mujeres traficadas y en estado indocumentado, que son puestas a trabajar en la prostitución; en Japón se considera que hay más de 40 mil mujeres tailandesas, además, hay entre 200 mil y medio millón de mujeres que se encuentran en la Unión Europea como trabajadoras sexuales ilegales, que resultan explotadas y violadas fí­sicamente.

Los reportes del ente internacional dan cuenta que la «demanda» de mujeres rusas ha aumentado en los últimos años durante la crisis económica de este paí­s y se considera que existen unas 50 mil mujeres traficadas, de las cuales 15 mil están en Alemania, cinco mil en Japón y miles en Estados Unidos.

PREOCUPACIí“N

Para Marí­a Eugenia Villarreal, directora de la Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografí­a y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (Ectap, por sus siglas en inglés), la esclavitud y comercialización sexual es uno de los temas más preocupantes de los últimos años, en casi todas las naciones del mundo.

Villarreal opina que las ví­ctimas de explotación sexual se encuentran atrapadas en el temor que infunde su victimario, que forma parte de redes del crimen organizado.

Uno de los aspectos más lamentables, según Villarreal, es la intensificación de los delitos que aquejan a los sectores vulnerados, principalmente a la niñez y juventud.

La profesional sostiene que la magnitud del flagelo se manifiesta por distintos delitos: pornografí­a, turismo sexual, trata de personas y comercialización sexual.

Según Ectap, hay situaciones en que los explotadores combinan ambos hechos ilí­citos, donde aparte de prostituir sexualmente a una ví­ctima, la utilizan para pornografí­a.

«Nosotros hemos visto que en los mismos centros de explotación, se ofrece en venta un CD o un video al cliente explotador, para que se lo lleve a su casa, además de permitirle pagar por las relaciones sexuales que sostiene con el chiquito o la chiquita», afirma.

A decir de la profesional, la explotación y comercialización sexual opera por medio de redes internacionales y nacionales donde hay trata externa e interna. La primera se refiere a cómo las ví­ctimas son trasladadas fuera de las fronteras de su paí­s, mientras que la segunda pretende trasladarlas a regiones o lugares cercanos dentro de su propio entorno.

REDES EN GUATEMALA

La denuncia de una mujer nicaragí¼ense explotada en un prostí­bulo y la investigación de las autoridades logró la desarticulación de una banda del crimen, que traí­a a mujeres de esa nacionalidad a Guatemala.

ílex Colop, fiscal contra la Trata de Personas, dice que tras la denuncia de una mujer que huyó de sus victimarios, se conoció en 2009 una red internacional, que comercializaba y explotaba mujeres adultas, quienes vení­an bajo el engaño de encontrar un trabajo en el paí­s.

«Estaba integrada por cuatro personas; un guatemalteco, dueño del negocio y tres personas que se dedicaban a traer a mujeres de Nicaragua, bajo el engaño de que vení­an a trabajar a cualquier actividad laboral, pero cuando vení­an las obligaban a prostituirse», dice.

Según se indica, se cree que los sindicados también introdujeron ví­ctimas a Costa Rica, pues constantemente frecuentaban este paí­s centroamericano. El próximo año, los sindicados se enfrentarán a la justicia por este delito.

TRATA INTERNA

Hoy, centenares de niñas e incluso niños, son comercializados y explotados sexualmente en distintas zonas de la capital, quienes son traí­dos desde los lugares más recónditos del interior del paí­s con una promesa de oportunidades y bienestar, que nunca se cumple.

«Ana», una mujer de 42 años -que no se identificará por seguridad-, labora actualmente como trabajadora sexual en el lugar conocido como «La lí­nea», en la zona 1 capitalina.

A lo largo de su vida, Ana conoció a decenas de niñas que ingresaron a la capital bajo la promesa de encontrar un trabajo doméstico, sin embargo esta ilusión nunca fue realidad, pues una red de traficantes las utilizaba para prostituirlas y venderlas.

La mujer relata que inició a trabajar en los burdeles a los 13 años, donde encontró a niñas que, igual que ella, eran prostituidas en centros nocturnos que operaban con actores y escenarios aparentemente encubiertos.

Ana recuerda claramente los lugares de mayor presencia de menores de edad; éstos estaban ubicados en la zona 7 de la capital y Escuintla. El de la primera localidad se conocí­a con el nombre de «La Casa Verde» y el otro como «La Ceiba». Hoy en dí­a, según la entrevistada, cabe la posibilidad de que sigan operando con otros nombres o fachadas, pero siempre en las mismas localidades, pues estos grupos rara vez dejan sus puntos de operación.

La fuente refiere que la «novedad» en estos lugares eran las niñas de entre 8 a 17 años, quienes eran ofrecidas a los mejores clientes -funcionarios de Gobierno, jefes policiales e incluso, a trabajadores del Ministerio Público (MP)-.

Relata que en una de estas casas, una de las principales piezas era una mujer dedicaba a las labores de limpieza que traí­a a niñas del interior del paí­s para explotarlas sexualmente. Las ví­ctimas no sabí­an leer ni escribir, en algunos casos ni siquiera dominaban el idioma español, solo el idioma maya. La reclutadora les ofrecí­a trabajo y garantizaba a los padres de familia que sus hijas encontrarí­an un trabajo pronto y les enviarí­an dinero.

Por otro lado, refiere que en la actualidad la situación no ha cambiado, porque gente con decisión polí­tica forma parte de las redes de explotadores, por lo que encubren a los grupos delictivos. A decir de la entrevistada, en esta mafia participan diferentes actores -desde el cómplice hasta quien hace uso de esos servicios-.

Hoy, Ana aborrece a los explotadores de menores de edad y con seguridad asevera que deberí­an aplicarles penas «duras», por el mal que causan en la vida de las niñas y adolescentes.

Aunque la entrevistada confiesa que no fue objeto de engaño para ejercer este oficio a su corta edad, lamenta que siempre hay un adulto que involucra a las jovencitas a esta «profesión», como ella la reconoce.

El caso de esta mujer es como el de muchas niñas guatemaltecas, que tras ser ví­ctima de abuso sexual, se involucran con el trabajo sexual hasta adultas. Ana fue ví­ctima de violencia sexual a los 6 años, por un jornalero que era trabajador de su padre en Zacapa, quien, según ella, arruinó su vida.

«Después de lo que me pasó, empecé a prostituirme a los casi siete años, dejaba que el padrastro de mi padre me tocara por 25 centavos, pues creí­a que con ello podrí­a pagarle a alguien para vengar lo que este hombre me hizo; no hubo necesidad de hacerlo, poco después me enteré que habí­a muerto», indica.

La entrevistada cree que, por lo menos en la actualidad, Guatemala ya cuenta con una legislación que castiga a los explotadores de menores, pues en su niñez y adolescencia no existí­a ningún marco legal para proteger a las y los menores de edad.

MECANISMOS LEGALES

Myrna Ponce, del Observatorio en Salud Reproductiva y experta en el tema de violencia sexual, dice que, tras mucho esfuerzo, se aprobó la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que es una de las herramientas legales más útiles; sin embargo, los resultados no pueden observarse porque las entidades encargadas de verificar y coordinar acciones en contra de la problemática no actúan.

Ponce insta por ello a la Secretarí­a Ejecutiva contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, de la Vicepresidencia, a que asuma un papel protagónico en la problemática, que coordine planes estratégicos y obtenga resultados para contrarrestar la explotación sexual de mujeres y niñas, ví­ctimas.

La profesional considera que cuando las instituciones y la sociedad se comprometan con la causa, el flagelo disminuirá, pues muestra de este compromiso ha sido la aprobación de una ley explí­cita, que tipifica los delitos en los que incurra el victimario.

No obstante, la participación de las fuerzas de seguridad y de funcionarios de Estado parece ser el mayor obstáculo para frenar este tipo de crí­menes, pero para ello se requiere un completo compromiso social en la lucha contra la corrupción y la impunidad, mientras tanto, ¿cuántas vidas más se van a destruir?