La justicia argentina reabrió ayer una causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco, al anularse un fallo que había desestimado una denuncia de familiares de víctimas, dijo una fuente judicial.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones dispuso además que se libre un exhorto por vía diplomática al gobierno español para determinar si en España hay procesos abiertos por los casos denunciados, precisó el oficial Centro de Información Judicial (CIJ).
El exhorto pide al gobierno español que informe «si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977».
Familiares y representantes de organismos humanitarios habían presentado una denuncia el 14 de abril pasado para que la justicia argentina investigue los crímenes.
Se trata de familiares de dos fusilados durante el franquismo, el español Darío Rivas (90 años), hijo de Severino Rivas, un alcalde gallego ejecutado, y la argentina Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado en 1936 cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca.
«En España, se continúa viviendo como durante los 40 años de la dictadura de Franciso Franco (1939-1975). Hay en cierto modo un silencio cómplice. El camino de la concordia y de la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido», había dicho Rivas en una carta presentada en la justicia.
Sin embargo, la fiscalía desestimó impulsar la denuncia al entender que en España hay investigaciones penales en curso, por lo que la jueza María Servini de Cubría dijo no poder seguir adelante con el caso, aunque los querellantes negaron que existan causas abiertas en la justicia española.
La Cámara consideró que la sola existencia de querellantes bastaba para seguir con la investigación y ordenó enviar el exhorto para confirmar la existencia o no de causas en España.
La denuncia ante la justicia argentina se basó en la aplicación del principio de «jurisdicción universal» que rige sobre los delitos de lesa humanidad.
El mismo principio fue el que tuvo en cuenta el juez español Baltasar Garzón para investigar delitos de lesa humanidad en las dictaduras de Chile (1973/1990) y Argentina (1976/83) y que motivó el arresto en Londres en octubre de 1998 del ex dictador Augusto Pinochet.
Garzón está suspendido de la Audiencia Nacional por haber investigado los crímenes amnistiados del franquismo.