España apuesta por una política de excelencia con Marruecos que ha dado frutos en seguridad o inmigración ilegal, pero una mayor «firmeza» en temas como derechos humanos mejoraría una relación que es inestable debido a diferendos recurrentes, como el Sáhara o Melilla.
Madrid es «consciente de la importancia de unas buenas relaciones» y «mantiene por ello una posición percibida como de bajo perfil», estima Jesús García Luengos, del instituto de investigación sobre conflictos IECAH.
Una relación más «equilibrada» y «coherente favorecería a medio y largo plazo», «ya que hablamos de conflictos recurrentes», dijo a la AFP.
A mediados de agosto, ciudadanos marroquíes bloquearon la frontera de Melilla –enclavada, como Ceuta, en el norte de Marruecos– alegando agresiones policiales españolas a compatriotas.
El pasado fin de semana, activistas españoles fueron detenidos varias horas y denunciaron agresiones policiales en Sáhara Occidental, ex colonia española anexada por Marruecos en 1975 donde se persiguen las manifestaciones independentistas.
Madrid respondió con intensas gestiones para zanjar ambos temas rápidamente.
Los expertos, que no creen que ambos estén relacionados, echan en falta más «firmeza» por parte del ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
«Es inadmisible» que la supuesta agresión a los españoles «no se aproveche para dar una pequeña lección de didactismo democrático» a Marruecos, estimó Bernabé López, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
El empeño de Zapatero en mejorar las relaciones sucede a las malas relaciones del anterior gobierno conservador de José María Aznar y fue «impulsado» por los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
«Que la mayor parte de los detenidos fueran marroquíes reforzó la convicción de que la reactivación de las relaciones era un elemento clave», explica Miguel Hernando de Larramendi, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Desde entonces cooperan intensamente, sobre todo contra el terrorismo y migración ilegal, pero sigue habiendo «fragilidad e inestabilidad» por «temas tabúes», añade.
Los estudiosos ven en los sucesos de Melilla un interés marroquí por presionar a Madrid debido al «malestar» que dejó el caso de la activista saharaui Aminatu Haidar, expulsada a España a fines de 2009 por Marruecos, que tras presiones internacionales le permitió regresar.
En Sáhara Occidental, el Frente Polisario, independentista, se enfrenta a Rabat, que propone una amplia autonomía bajo su soberanía, con la mediación de la ONU.
Este tema, «explosivo para Marruecos», «está gestionado por él con unos índices de represión y violaciones de derechos humanos consabidos», recuerda Luengos.
El presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, pidió a Rabat en marzo que respete los derechos humanos, reclamo «que el gobierno español siempre intenta evitar», según Luengos.
Hay una «complicidad en Europa en callarse ante lo que ocurre en el Magreb en relación con los derechos humanos (…) porque los intereses son muy gordos», estima López.
Teniendo en cuenta que Zapatero impulsó el «estatuto avanzado» de Marruecos con la Unión, en vez de ser «complaciente», «no debería tener ningún problema para comunicar de forma firme (…) la necesidad de respetar los derechos humanos», según Luengos.
Mientras España ha llamado varias veces a que se respete la legalidad marroquí en Sáhara, Marruecos ha amenazado con relajar la gestión de la seguridad o diciendo que no puede evitar agresiones marroquíes a españoles.
El futuro del Sáhara parece difícil con las negociaciones paradas, la política de Mohamed VI de más dureza y una próxima flotilla solidaria española.
Además, la fuerza de paz de la ONU en el Sáhara, la Minurso, es la única que no vigila los derechos humanos gracias al apoyo de Francia a Marruecos en la ONU, unido al de Estados Unidos.
Y la propuesta marroquí de autonomía carece de «legitimidad» por la falta de derechos humanos, según Luengos.