Pese a que Guatemala cuenta con una completa legislación que permite la persecución y condena de la trata de personas, esta práctica criminal continúa vigente e, incluso, se fortalece a medida que la «servidumbre sexual» se cotiza cada vez mejor en el mercado de la esclavitud moderna.
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«Agencia Internacional de Modelaje estará contratando jóvenes mujeres entre 15 a 25 años, bonitas, delgadas, con buena altura, que desean superación personal y económica. Las interesadas pueden ser parte de esta gran cadena de modelos de reconocimiento internacional. Cupo limitado». Un llamativo anuncio de prensa capta la atención de jovencitas que ansían destacar por su belleza, pero que realmente se convierten en la mercancía de uno de los negocios ilícitos mejor cotizados en Guatemala.
Aunque el Ministerio Público no cuenta con datos precisos que sustenten la teoría del auge de la trata, los investigadores de esa institución cuentan con hipótesis que dan lugar a pensar que el tráfico de personas es un negocio en crecimiento, que trasciende las fronteras del continente y que sobre todo, está cobrando una mayor rentabilidad.
«A medida que otros países de la región endurecen su legislación contra la trata y la aplican con severidad, en países como Guatemala ganan terreno los grupos criminales que pueden obrar sin ninguna preocupación», refiere un investigador que, por seguridad, prefiere permanecer en el anonimato.
Por otro lado, el Informe Anual Sobre la Trata de Personas 2010, de la Embajada de los Estados Unidos, refiere: «Guatemala es un país fuente, de tránsito y destino para hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas, específicamente con fines de servidumbre sexual y trabajo forzado».
Esto, a pesar de que se cuenta con un sólido marco legal, tras la aprobación de la ley contra la trata de personas y la instalación de una oficina específica en la Vicepresidencia de la República, con el objetivo específico de luchar contra ese flagelo.
Aunque el informe de la diplomacia estadounidense reconoce los «esfuerzos crecientes para combatir la trata», Guatemala se coloca en el Nivel 2 de la Lista de Vigilancia, por cuarto año consecutivo.
De acuerdo con el investigador del MP, esto se deriva de la debilidad de las instituciones de investigación y seguridad para combatir a los grupos criminales. «El personal y los recursos con que se cuenta son insuficientes para atender el caudal de casos que se denuncian».
Además, existe una serie de indicios que deberían dar lugar a investigaciones, como anuncios de prensa, invitaciones a supuestas fiestas en bares nocturnos y sistemas de reclutamiento de jóvenes para empleos, que realmente esconden detrás una intención oscura.
COMPLICIDAD
Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, señala que desde 2009, esa organización de ayuda para la niñez en situación vulnerable ha ayudado a víctimas en 54 casos de violencia sexual, de los cuales el 80 por ciento son producto de la trata y explotación sexual de los menores de edad.
«Creemos que estas redes tienen vínculos con funcionarios públicos de alta, mediana y baja jerarquía así como empresarios de alto rango, lo cual se explica con la falta de voluntad de las autoridades para investigar y perseguir a las redes de trata que, como todos saben, operan sin ningún problema en bares, hoteles y casas de particulares».
Solo en 37 de los 54 casos que Refugio de la Niñez presentó a la Fiscalía contra la Trata de Personas, del Ministerio Público, se procesan en el sistema de justicia; en los otros hacen falta pruebas y testimonios para investigar y formular una acusación de los presuntos victimarios.
Pero el negocio de la esclavitud moderna es un drama silencioso y eso lo sabe Mauro Verzeletti, representante de la Pastoral de Movilidad Humana, quien señala que «no hay estadísticas ni contabilidad» sobre las víctimas y los beneficios, pues frente a cualquier cifra que ofrecen las autoridades se estima siempre un subregistro.
En Guatemala la trata de personas es una realidad que está presente entre la impunidad -derivada de un marco legal insuficiente y de una débil fiscalización- que se sustenta en patrones culturales discriminatorios de la mujer y de la niñez y la oferta derivada de la situación de extrema pobreza de millones de hogares, facilitada por los ofrecimientos engañosos de una vida mejor que hacen los tratantes a potenciales víctimas y sus familias.
En el país, la trata de personas para fines especialmente de explotación sexual y laboral se incrementa cada día, involucrando a mujeres y a niños y niñas cada vez de menor edad, tanto de origen guatemalteco como de otros países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Sin embargo, investigadores del MP creen que además de extenderse hacia Norteamérica, el tráfico de personas cruza los océanos y no descartan que las víctimas sean vendidas en Asia y ífrica.
«La explotación sexual es sólo una de las facetas de la trata, porque hay muchas otras formas de esclavitud», refiere Verzeletti. Es un problema silencioso que se ha salido de las manos de las autoridades, y si no se hace algo pronto, después ya no habrá posibilidad de combatir este serio problema», puntualizó.