No es la primera vez que el jefe de la Iglesia Católica, Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, expresa desencanto por la falta de voluntad polí­tica de los gobernantes, ahora con relación a los compromisos asumidos por los presidentes de los tres organismos del Estado en abril 2009, al firmar el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia ANASJ, ante el Cuerpo Diplomático acreditado en el paí­s e invitados especiales que ese dí­a, abarrotaron la sala principal del Teatro Nacional. En esa ocasión, se constituyó el Grupo Garante, conocido como G-4 que integran además del Cardenal Quezada, el doctor Estuardo Gálvez, rector de la Universidad de San Carlos, doctor Sergio Morales, procurador de Derechos Humanos y Jorge Morales de la Alianza Evangélica, los tres últimos coinciden con la percepción del prelado católico y por eso, durante una conferencia de prensa, el G-4 anunció la decisión de retirarse como garantes.

Debido a la seriedad y reputación que distingue a quienes representan a las principales iglesias, a la Usac y a la PDH, el retiro de los cuatro garantes del acuerdo de seguridad y justicia, acompañado del sentimiento de frustración y señalamientos claros contra el Estado, supone un duro revés para los gobernantes, que aparecen ante la población como incapaces de controlar la inseguridad, la creciente violencia e impunidad que azota el paí­s. Es un signo claro del desinterés o incapacidad que tienen las autoridades del Estado, para atender con prioridad los problemas de seguridad y justicia. En ese sentido, la razón que esgrime el G-4 como justificación categórica, la expresa Sergio Morales quien sostiene: «Consideramos que no se hizo un esfuerzo suficiente por parte del Estado, y no queremos compartir la responsabilidad de no haber hecho lo suficiente para frenar la ola de violencia».

Es un hecho que la decisión del grupo garante, provoca en el imaginario colectivo reacciones contradictorias diversas, por ejemplo, si el G-4 aceptó ser garante del acuerdo, por qué no llegar hasta el final, sin abandonar la denuncia y la conciencia crí­tica, haciendo presión desde adentro. Otra idea, cuestionar el papel de las iglesias por intervenir en asuntos que competen al espacio público, como ser las polí­ticas de Estado, en tanto que el quehacer de las iglesias compete al espacio privado de las personas. Otra banderilla al toro, el grupo garante sirve a los intereses del Estado, es un cosmético que favorece la imagen del gobierno. Estas y otras ideas pueden andar titilando en la mente de las personas. El hecho es que, «no se puede tapar el Sol con un dedo», el retiro del G-4 como garantes del cumplimiento de los 101 compromisos contenidos en el ANASJ, es otra alarma que suena en medio de la crisis institucional que por ahora envuelve al Estado de Guatemala y que no parece tener solución a corto plazo.

Los problemas notorios que vemos en el ámbito de la seguridad y la justicia deben ser atendidos con celeridad, de cumplirse los compromisos que en esas materias están contenidos en el ANASJ, la situación podrí­a mejorar. No es suficiente que el presidente Colom reconozca haber fallado en el diagnóstico de la situación. La clase polí­tica debe asumir con responsabilidad, la tarea de atender también las necesidades de la Nación que se derivan de la inseguridad e impunidad.