Aunque unos los tildan de criminales, otros, con mayor cautela, prefieren llamar «jóvenes en conflicto con la ley» a los menores de edad que participan en hechos delictivos, mientras que hay quienes incluso, los consideran una potencial amenaza para la seguridad de la sociedad y proponen su eliminación. Es un sector de la población que, debido a su descontrol y nivel de crecimiento, es motivo de preocupación para las autoridades, pero ¿qué se está haciendo para rehabilitarlos?

Más de una docena de cuerpos jóvenes, apilados unos sobre otros, yacen en el suelo bajo la mirada atónita de un bombero. Es el 19 de septiembre de 2005. Tras ingresar por una zona montañosa y superar a la vigilancia del Centro de Rehabilitación para Menores Fase II miembros de la Mara Salvatrucha se dirigieron «directamente a matar» a sus rivales de la Mara 18.

El resultado: 14 jóvenes muertos y un número similar de heridos. Las autoridades informaron que dos de los fallecidos fueron degollados e incluso, una de las cabezas de las ví­ctimas no apareció sino hasta dí­as después.

El macabro hallazgo robó titulares y conmocionó a la sociedad. Pero ese tan sólo era el segundo capí­tulo de un plan de terror, pues un mes antes, el 15 de agosto, una matanza de 36 pandilleros, mayoritariamente de la Salvatrucha, impactó a la opinión pública.

Aunque las autoridades aceptaron que entre las ví­ctimas habí­a mayores de edad, la mayor parte de los internos no alcanzaba los 18 años; un aspecto que llamó la atención al conocer la saña con que se cometieron los crí­menes.

En los cinco años subsecuentes, los capí­tulos de violencia que involucran a jóvenes pandilleros han ocurrido continuamente. Aunque con un menor grado de impacto, los hechos continúan generando miedo en la sociedad, y el cuestionamiento de muchos sobre la efectividad de los programas de reinserción social para los menores de edad en conflicto con la ley.

Es el 3 de marzo de 2009. Jóvenes privados de libertad asesinan a su profesor, lo degí¼ellan y extraen su corazón. El macabro juego fue producto de «echada a suertes» en la que Jorge Emilio Winter Vidaurre serí­a el perdedor contra otro de los rehenes que los internos del Centro Correccional Etapa II habí­an tomado como rehenes durante un motí­n.

El suceso desencadenó el repudio social en contra de la actitud de los jóvenes, ¿pero cambió algo de la polí­tica en los centros correccionales? ¿Se ha aprendido algo de estos hechos de violencia?

Más de 540 adolescentes están recluidos en los cuatro centros correccionales, sindicados por diversos delitos, ¿cuántos de ellos pueden reintegrarse a la sociedad?, si continúan en contacto con delincuentes adultos y la implementación de polí­ticas de readaptación en esos centros no garantizan un cambio de conducta.

Posturas radicales apuestan a la eliminación de quienes consideran que serán los más peligrosos criminales del futuro, pero no proponen soluciones las causas que desatan las actitudes violentas en la juventud.

¿READAPTACIí“N?

El contacto que mantienen jóvenes en los centros correccionales con delincuentes que se encuentran en cárceles del paí­s -a través de cartas-, y las polí­ticas de readaptación implementadas en los centros de rehabilitación, que no ofrecen resultados contundentes, son factores que no permiten una readaptación adecuada para la niñez y juventud en conflicto con la ley.

La Policí­a Nacional Civil (PNC) cuenta con expedientes de jóvenes que desde muy pequeños empezaron a delinquir, e incluso, tras dejar el correccional cometen delitos iguales o peores a los que les llevaron a perder su libertad, aunque no precisan de quienes se trata, por su condición de menores de edad.

Fuentes policiales afirman que los programas de reinserción que se implementan en los centros correccionales raras veces funcionan, y una muestra de ello es que las capturas de jóvenes se repiten una y otra vez; además, los delitos por los que se les sindica son más graves, pues pasan de cometer un robo común a una extorsión o un asesinato.

A criterio de las fuentes consultadas, existe el riesgo latente que la juventud en conflicto con la ley reincida en la comisión de delitos, por los vací­os en los programas de rehabilitación no son cubiertos en los centros correccionales, además de que la legislación, según las fuentes, no permite aplicar planes para modificar ciertas conductas antisociales.

Según el artí­culo 20 de la Constitución Polí­tica de la República, los menores de edad que transgreden la ley son imputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y juventud.

Los menores, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser incluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley especí­fica regulará esta materia, indica la citada ley.

A criterio de Jorge Mario Caballeros, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de la Secretarí­a de Bienestar Social, es necesario modificar la legislación y castigar a los adultos que utilizan a la niñez para cometer hechos ilí­citos, sin embargo considera que también debe tomarse en cuenta la magnitud de los hechos perpetrados por menores de edad, que deben ser castigados con más dureza.

A decir de Caballeros, es necesaria la apertura de expedientes sobre el actuar de este sector de la población, para que cuando se conviertan en adultos asuman las consecuencias de sus actos a través de ciertas restricciones en su libertad.

«Deben cambiarse algunos mecanismos, en el caso del menor de edad que delinque sabe que una vez regresa (al correccional), vuelve a salir y de nuevo regresa otra vez, y cómo no se le manchan los antecedentes; él cuando sea mayor de edad no tiene un récord delictivo porque la ley dice que no hay que estigmatizarlos y hay que cuidarlos, pero ese adolescente es un delincuente en potencia, por eso deberí­amos de ir cambiando algunas cosas, que quede el récord criminal del adolescente para que cuando sea mayor de edad no pueda comprar un arma de fuego, no pueda sacar una licencia de conducir, eso hay que hacerlo desde ahorita», indica.

PROBLEMA DE TODOS

Marco Antonio Castillo, director general de la Asociación Grupo Ceiba, indica que la solución al problema no es la aplicación de una pena más dura, por el contrario, es la identificación del origen del problema, que radica en la marginación y la falta de oportunidades.

Según Castillo, el problema no es de unos cuántos, pues es la sociedad entera quien debe trabajar para evitar que más jóvenes continúen engrosando las filas delictivas.

Mario Mérida, analista en seguridad, opina de forma similar, ya que cree que varios Ministerios -Educación y Gobernación-, así­ como las mismas organizaciones sociales, deben implementar estrategias distintas, para que exista menor incidencia delictiva juvenil e infantil.

Mérida también opina, que la Secretarí­a de Bienestar Social, no es la instancia adecuada para el resguardo de estos jóvenes porque no ha logrado una verdadera polí­tica de reinserción, pues lo más conveniente serí­a que el Sistema Penitenciario (SP) cree un Instituto Nacional de Cárceles, para ubicar a los menores de edad en conflicto con la ley.