Ayer el Cardenal Quezada Toruño anunció que hará consultas con los otros miembros para retirarse del llamado G4, es decir el grupo Garante del Acuerdo Nacional de Seguridad, en vista de que el tal acuerdo ha sido una tremenda tomadura de pelo que ha servido apenas para que el Gobierno pueda decir que está haciendo algo y que en ese esfuerzo tiene el aval de la Iglesia Católica, de las Iglesias Evangélicas, del Procurador de los Derechos Humanos y de la Universidad de San Carlos.
En la práctica el tal acuerdo no ha servido absolutamente para nada y ayer mismo, mientras el Cardenal anunciaba esa decisión de no seguir avalando con su presencia una farsa, el Procurador de los Derechos Humanos decía que en cuestión de seguridad son notables los retrocesos. Y es que el Gobierno evidentemente no tiene una política orientada a implementar una política nacional de seguridad, empezando porque en mucho dependerá de que el Congreso apruebe leyes importantes, como la de extinción de dominio, que corren el riesgo de morir en una gaveta porque los diputados no tienen compromiso más que con sus intereses personales que en algunos casos coinciden con los de quienes tienen al país de rodillas.
La permanencia de las cuatro personalidades que se convirtieron en garantes del cumplimiento de un acuerdo que no se implementa es injustificada y sirve apenas para aval de un gobierno que se desentiende de los problemas de seguridad. Las propuestas del grupo garante se quedaron en una iniciativa plasmada en papel que no encuentra eco en las esferas oficiales porque no existe el menor interés de encarar el problema y, por lo tanto, la disolución del Grupo de Cuatro es imperativa para ponerle fin a un aval político que daña a las instituciones representadas y que, en apariencia, comparten con el gobierno la responsabilidad.
No se puede explicar cómo es que se puede ser garante de algo que no se cumple. Siendo tan notoria la burla, lo menos que puede esperarse es la disolución del grupo con clara expresión de causa para dejar constancia de que se hizo el esfuerzo de hacer propuesta, pero que, como bien dijeron los obispos en el último comunicado, el Gobierno no le pone atención al drama de la violencia y se desentiende de su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las personas.
Ser garante de una farsa termina convirtiendo a los garantes en farsantes y eso es algo que tiene que terminar cuanto antes para evidenciar, sobre todas las cosas, que el Gobierno no tiene ni interés ni voluntad de implementar políticas para combatir a la violencia.