En general los guatemaltecos apoyamos la descentralización, todos quisiéramos que en los municipios existieran calles limpias y asfaltadas, buen alumbrado público, abundante y suficiente agua potable, sistema de drenajes eficiente y seguro, mercados limpios, ventilados y organizados, manejo adecuado y rentable de los desechos o basura. También quisiéramos que se cumpliera estrictamente con la inversión y distribución que la Constitución de la República señala: 90% en obras y como máximo el 10% en gastos de funcionamiento del aporte constitucional.
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Acaso puede decirse que en todas y cada una de las municipalidades se está cumpliendo con esos fines y con esas obligaciones o por el contrario hay mala administración e incumplimiento de la Constitución y del Código Municipal.
¿Puede afirmarse que la Contraloría General de Cuentas audita y comprueba que el aporte constitucional y demás aportes provenientes de los impuestos que recauda el Gobierno central y se trasladan a las municipalidades, está correctamente distribuido o hay alcaldes y comunas que han desvirtuado la información para recibir más recursos?
El monto a distribuir es uno sólo, lo que no debe suceder es que alguien manipule y divida de forma ilícita la cantidad.
También no puede continuarse sin fiscalizar que ese aporte multimillonario de impuestos se use e invierta de forma distinta a la que la Constitución establece. Ningún alcalde, ninguna corporación municipal debe de incurrir en abuso, en el aumento de la burocracia a costillas de la obra pública. Ninguna corporación municipal o alcalde, como lo hizo por ejemplo í“scar Berger en su gestión municipal, debe pignorar los ingresos provenientes de los aportes constitucionales y del Gobierno central más allá de su mandato, tampoco se debe recurrir a préstamos que no pueda la municipalidad pagar.
Los ciudadanos de diferentes municipios saben que se han construido elefantes blancos y que por ello existen mercados y otras obras municipales que no se han concluido o que a pesar de estar terminadas no se utilizan por sus múltiples defectos. El Gobierno central, el Ministerio de Salud, ha comprobado que a pesar de los recursos que se entregan, no hay agua potable en numerosos municipios.
«El cisma» que la prensa señala se está produciendo dentro del seno de la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM- debe ser el motivo para que el Ejecutivo, el Legislativo, la Contraloría General de la Nación y la sociedad civil velen para que los aportes constitucionales y demás provenientes de los impuestos se entreguen correctamente, que ningún alcalde o corporación municipal desvirtúe los datos que proporcionan, que estos datos sean entregados mediante declaración jurada para que así haya mayor responsabilidad legal.
El Congreso debe velar, a través de su Comisión de Asuntos Municipales, que se cumpla con el mandato constitucional en el uso y porcentaje de inversión de los recursos que se entregan a las municipalidades porque al hacerlo estará velando por el bien común y el cumplimiento de la ley en todos y cada uno de los municipios.
La Contraloría General de Cuentas debe organizarse para que haya una delegación en cada municipio, que compruebe el respeto y el uso de los impuestos que se les entregan. Todo por el bien común y el desarrollo municipal.