La doble moral de los que enarbolan seguridad jurídica, Estado de Derecho y Mercado tiene una lista inevitable de ejemplos que ponen en entredicho y en cuestionamiento su proyecto político, su discurso y su ética política. Es la contradicción típica en la que suele caer el que levanta banderas liberales, para conservar a toda costa el interés privativo. El verdadero sustrato que hay debajo del alarde de libertad, igualdad, derechos, y solidaridad, etc. ni siquiera es una posición política de altura con argumentos serios, como por ejemplo una propuesta de Estado o un proyecto de desarrollo nacional, es nada más el mayor rédito posible contra el menor costo de inversión y de exposición política. Estas ideas se adecúan muy bien para contextualizar las relaciones inequitativas entre el Estado de Guatemala y transnacionales extractoras de minerales, como en el caso de Perenco.
Fue en 1983 que Guatemala suscribe la Ley de Hidrocarburos que permite la extracción y exploración por parte de compañías transnacionales. A partir de ese momento el Estado guatemalteco ha suscrito y prorrogado condiciones desiguales con empresas explotadoras de petróleo, en los que para decirlo simple, el país se queda con un trozo del pastel y la compañía internacional se lleva el resto con todo y guinda. Salta inmediatamente la pregunta: ¿por qué se ha sostenido esa posición desigual a través del tiempo con el aval de ocho Presidentes, incluido el actual? La importancia de cuestionar este tipo de imposturas no está centrada en la utilidad del petróleo o en los recursos que se pudieron haber aprovechado por la venta del mismo en el mercado internacional. Los Estados no son entidades singulares sino la expresión de la relación de una forma social particular, como resultado de un proceso de la historia. En el caso guatemalteco, la negociación de esas condiciones desfavorables ha sido la confluencia del capital oligarca con algunas expresiones emergentes, para lo cual la institucionalidad del Estado ha servido nada más de ejecutor de dichas decisiones.
El Contrato 2-85 recientemente prorrogado, a la empresa Perezco, por el Gobierno de Colom ha sido muy bien diseccionado por el diputado Aníbal García en el Estudio «Una historia de traición a Guatemala» extrayendo los órganos de tipo financiero y económico que exponen, cual rana en mesa de investigación, las contradicciones antes mencionadas. Además de lo que ya se sabe en términos de regalías miserables (solamente 6.5% de las mismas le quedan al país), forman parte de la estructura del negocio Perenco-Estado de Guatemala lo que se llama Hidrocarburos Compartibles, que representa la producción neta de petróleo en cada área de explotación, menos regalías; y además los llamados «Costos Recuperables» que representa el corazón del anfibio. Estos son los costos de operación y funcionamiento de la empresa por concepto de sueldos, logística, transporte, material, suministros y equipo, mismos que son pagados nada más y nada menos que por el Estado de Guatemala. Es decir, a la ganancia debe restársele este monto para obtener la regalía real.
En conclusión, el contrato que ha sido extendido es lesivo en términos económicos para el Estado de Guatemala, quedando expuestas la ilegalidad, la inseguridad jurídica y la inconstitucionalidad incurrida por las autoridades responsables. También queda develada la contradicción expuesta al inicio y sólo podemos intuir quien aprovecha los costos recuperables…