Las investigaciones abiertas por las ejecuciones extrajudiciales de varios privados de libertad asesinados en 2006 y cuyo crimen habrí­a sido ordenado por la alta cúpula de Gobernación del gobierno anterior despertó una serie de reacciones favorables a esa práctica, tipificada como delito en la legislación guatemalteca.

El argumento que aprobó las ejecuciones y al mismo tiempo desacreditó las investigaciones contra ex funcionarios implicados en ese caso fue que quienes, según las pesquisas, fueron ejecutados extrajudicialmente se encontraban en prisión porque habí­an cometido un crimen.

Ese fenómeno social se entremezcla con dos aspectos: la alta criminalidad social que impera en el paí­s sumada a un alto í­ndice de impunidad y la plataforma de algunos polí­ticos que buscan a través de la aprobación de la pena de muerte un mayor número de simpatizantes de mira a las próximas elecciones en el paí­s.

A criterio de expertos, tanto la exigencia de la aplicación de la pena de muerte como la aceptación de las ejecuciones extrajudiciales desde el Estado son, de parte de la población, un grito desesperado ante la impunidad, la ingobernabilidad y el debilitamiento del Estado de derecho en el que se desarrolla Guatemala.

APROBACIí“N

Diario La Hora recopiló algunas de las opiniones vertidas luego de los resultados de las investigaciones de los casos Pavón e Infiernito, referentes a la ejecución extrajudicial de diez reos de esas cárceles, donde están involucrados altos funcionarios del gobierno de í“scar Berger, las cuales cita a continuación:

«La anarquí­a también la genera la PDH cuando manifiestamente defiende a la delincuencia. Independientemente de que se trate de ejecuciones extrajudiciales el caso Pavón, pregunto ¿de qué manera se puede librar la ciudadaní­a honrada de los secuestradores, extorsionistas, violadores, mareros, narcos, etc.?, ¿por qué el procurador no investiga las muertes que a diario se dan en los buses, en las paradas de buses, en las calles? El procurador defiende solo los derechos humanos de los delincuentes».

Otra opinión vertida fue: «Si bien estuvieron mal, 7 u 8 ejecuciones extrajudiciales no se comparan con la malicia de las aproximadamente 3,650 «ejecuciones» anuales que mareros, narcos, y otros delincuentes le aplican a guatemaltecos honestos. Hay un delincuente ejecutado por cada 456 guatemaltecos honestos ejecutados por ellos. ¿Quién va ganando? Delincuente Alfonso Portillo: Gracias por dejar en limbo la pena de muerte además de por robarte millones».

Una opinión más fue: «Si algún dí­a se presenta la situación de tener que mantener a los delincuentes de uniforme, carcelarios o de traje fino, mejor tomo la ley por mis propias manos ya que ninguno de estos individuos se ha ganado mi confianza, que a la fecha siguen saqueando, matando y colectando dinero de los secuestros y chantaje».

MAL EJEMPLO

Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, opina que socialmente existe una percepción «muy dura» sobre quienes están privados de libertad: «La gente cree que todo quien está preso es automáticamente un diablo», comenta.

Garavito, quien también tiene experiencia en relación a los privados de libertad, considera que el 80 por ciento de estos está en prisión por un error circunstancial, mientras que el 20 por ciento por actitudes criminales continuas; lo que considera también parte de la debilidad del Sistema Penitenciario, pues carece de un sistema de clasificación de los reos.

El entrevistado también piensa que una percepción generalizada sobre la población carcelaria es que esta ha perdido, además de su libertad por cualquier delito, una serie de derechos; sin embargo recuerda que el derecho a la vida es el que impera por sobre todos los demás.

«Es la desesperación, el hecho que no hay un sistema de justicia y un Estado de derecho que funcione, son razones para que la gente piense así­; pero la lógica de resolver todo por la violencia no ha funcionado», comenta Garavito.

Pero, ¿por qué el Estado no ha respondido a esa obligación de combatir la impunidad y aplicar la justicia?, Garavito responde que es el mismo sistema el que es impune y que ha servido «de ejemplo para otros ámbitos», el analista cita: «cuando el que invita a robar, matar, violar es el propio Estado, la invitación a la ciudadaní­a es inclinarse a esos aspectos negativos».

El entrevistado considera que la ví­a de la educación es uno de los pilares para modificar ese sistema de violencia aceptada y alto í­ndice de impunidad en el que vivimos; además cree que es importante también que los medios de comunicación y las iglesias, sean canales más orientadores.

«No va a ser el Estado o un gobierno sino la sociedad quienes somos capaces de revertir ese fenómeno a través de las demandas y propuestas que hagamos. Cuando la sociedad empieza a participar y va dejando ese marasmo se empezarán a construir alternativas», declaró Garavito.

PARTIDISMO

A criterio de Javier Monterroso, experto en materia jurí­dica, considera que los sectores que demandan la aplicación de la pena capital son: el sector de las ví­ctimas que no han sido atendidas adecuadamente por el sistema de justicia, el polí­tico y partidista que sólo busca votos, y el conservador conformado por iglesias evangélicas.

Según el entrevistado, la principal motivación de los partidos polí­ticos que reactivaron el tema de la aprobación de la pena de muerte es ganar votos e impulsar propuestas populistas que no buscan resolver la situación de inseguridad del paí­s, sino plantear imaginarios.

Monterroso considera que existe una relación í­ntima entre los temas de la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales, pues el hecho que se contemple, pero no se aplique, la pena de muerte en Guatemala conlleva a cierto nivel de justificación para algunos sectores.

No obstante, el entrevistado destacó que esa justificación es falsa ya que la pena capital es un recurso impuesto en una sentencia judicial que lleva un proceso, una defensa; mientras que las ejecuciones extrajudiciales son un asesinato arbitrario.

LEY IMPERA

Marí­a Eugenia Morales, procuradora adjunta de los Derechos Humanos, explica que: «El principio de los derechos humanos es una forma de vida y una cultura de reconocimiento a la necesidad establecida no solo en cada individuo y en su forma de comportarse sino también una conducta social».

La experta en derechos humanos explica que los orí­genes del Estado y la delegación de los funcionarios públicos se dio cuando se determinó la necesidad de convivir civilizadamente, dado el desorden y las emociones de los comportamientos y el carácter individual propicios para el caos.

«Los derechos humanos nacen cuando hubo un abuso de parte de los funcionarios y nace la necesidad vital de supervisar a esos funcionarios de esos sucesos», explica la Procuradora Adjunta.

A criterio de Morales, la ciudadaní­a está totalmente desmoralizada por la falta de ética o por la falta de capacidad y deshumanización de quienes ocupan cargos de seguridad en los gobiernos, además de la falta de polí­ticas coherentes y permanentes que tengan resultados para dar paz a las personas «y no tengan con ello que buscar la justicia por mano propia «.

La entrevistada añade que existen análisis perfectos respecto a que «todas las sociedades posconflicto armado son sociedades violentas cuando no se ha implementado la justicia transicional en y desde los propios Estados».

Morales recordó que: «los guatemaltecos hemos decidido tener una norma eminentemente humanista desde 1985 en donde precisamente los principios de solidaridad y de responsabilidad social conlleven a hacer una inversión muy grande en los aspectos de educación, salud, desarrollo privilegiando el derecho a la vida y la familia; pero hoy no vemos instituciones fuertes, sólo un debilitamiento en la gobernabilidad».

La Procuradora cree que el impulso de la gobernabilidad democrática está muy lejos de justificar delitos de cualquier naturaleza, incluso los de cualquier funcionario público; por lo que hace un llamado a la reflexión «para que todos meditemos los pasos, criterios, la formación, actitudes y acciones que vamos a tomar para poder alejar de nuestras vidas la violencia», apuntó.

La analista cree que si ese tipo de percepciones continúa, a la sociedad guatemalteca sólo le espera un caos; por lo que retoma el principio de la unión para generar mayor fortaleza en los cambios que se vayan proponiendo: «Estimo que es necesario privilegiar la tolerancia y el respeto al disenso pero buscar el punto en común es urgente. Debemos exigir el principio de honorabilidad en todo funcionario público, pero también tenemos obligaciones de evitar en los jóvenes todo engaño y mentira».