En algunos lugares del mundo, no muchos, se debate sobre la pena de muerte como castigo adecuado para crímenes muy graves y como factor para reducir la criminalidad por el miedo que pueda provocar ese ejemplar castigo. El debate lo van perdiendo los que favorecen la pena de muerte por una serie de argumentos que demuestran, válidamente, que esa pena no reduce los índices de violencia y, además, ha cobrado la vida de muchos inocentes, entre otras cosas.
Sin embargo, en Guatemala en los últimos días el debate ha cobrado un giro que el mundo civilizado superó hace muchísimos siglos. El debate es si procede o no la eliminación física de los criminales, cualquiera sea el delito cometido, ejecutada por propia mano como un acto de la mal llamada justicia social. No debe haber un país del mundo que se precie de respetar el Estado de Derecho en el que tenga cabida una cuestión de este tipo porque se da por sentado que los crímenes tienen que ser juzgados y castigados por el Estado en ejercicio de su facultad jurisdiccional. Aun cuando se piense que hay delitos extremos a los que se aplica la pena de muerte, se reserva al Estado y sus autoridades la ejecución de tal tipo de castigo radical. Pero entre nosotros se justifica públicamente la eliminación de delincuentes, se avala de manera silenciosa el linchamiento y se aplaude la limpieza social. Definitivamente se trata de un retroceso terrible para la sociedad que, desesperada por la falta de justicia, termina envileciéndose para retomar conceptos que la humanidad superó hace muchos siglos para preservar los derechos del ser humano.
Llegamos al extremo en nuestro país de no entender lo que es justamente el concepto de derechos humanos al suponer que los mismos sirven para proteger al delincuente en perjuicio de la persona honrada. Un asesinato perpetrado por un criminal no es, conceptualmente, una violación de los derechos humanos sino un crimen que tiene que ser juzgado por los tribunales del país. La violación de los derechos humanos la cometen funcionarios públicos o personas en ejercicio de autoridad y por ello es que instituciones como la del Procurador de los Derechos Humanos tienen el ojo puesto en ese tipo de crímenes. Le compete, eso sí, señalar la responsabilidad del Estado al no asegurar la vida de los habitantes de la República, pero no le compete acudir a la escena del crimen cada vez que hay un homicidio, como algunos creen que debe ser.
Estamos tan desesperados que trastocamos valores y conceptos. Ya no debatimos la pena de muerte sino la procedencia de la limpieza social y los linchamientos y creemos que hablar de derechos humanos es protección del delincuente.