La decisión de la justicia venezolana de prohibir la difusión de imágenes sobre violencia enfrentó al gobierno con la Prensa, a la que el presidente Hugo Chávez acusa de buscar provecho en un tema que inquieta al país, en un escenario electoral a un mes de las legislativas.
El viernes pasado, el diario El Nacional publicó una fotografía a gran tamaño de una sala de la morgue de Caracas donde se apiñaba un grupo de cadáveres, una imagen cruda que tres días más tarde fue reproducida por el periódico Tal Cual, también muy crítico de Chávez.
Desde el gobierno cuestionaron la publicación tildándola de «pornográfica», mientras el martes un tribunal de Caracas prohibió a todos los medios impresos la divulgación de imágenes violentas, una acción que la prensa calificó de «censura».
Según la sentencia, todos los medios impresos «deben abstenerse de realizar publicaciones de imágenes violentas, sangrientas, grotescas, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral de los niños».
La prohibición se aplicará por un mes a contar del martes.
La Defensoría del Pueblo y el Consejo de Derechos del Niño anunciaron igualmente que ejercerían acciones judiciales en contra de El Nacional.
«Uno no puede sino conmoverse cuando piensa en las consecuencias que puede tener la infancia por estar expuesta a estas situaciones», declaró la presidenta de este Consejo, Litsbell Díaz.
Chávez también se refirió a la fotografía de la morgue y a las críticas por la creciente inseguridad en Venezuela, al asegurar que «hay un manejo politiquero y pornográfico del tema de la violencia y la criminalidad».
«Este tema de la violencia, del crimen, se ha convertido en un factor antirevolucionario de peso», planteó Chávez, insistiendo en que el «problema de la seguridad» es un asunto «mundial».
Hace unos días, el Presidente también criticó la reiterada emisión que la cadena CNN hizo del documental «Los guardianes de Chávez», realizado por una televisora española, que se refería a la violencia en Caracas y a la supuesta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela.
í‰sta no es la primera vez que Chávez se enfrenta a los medios. En 2007, la popular televisora RCTV salió del aire porque el gobierno no le renovó la concesión y hace un año una treintena de radios fue cerrada por la misma razón.
Asimismo, la justicia ha iniciado recursos administrativos contra el canal de noticias Globovisión, al que Chávez tilda de «terrorista mediático» y ha amenazado con cerrar en varias oportunidades.
«Pero no habíamos visto una arremetida como ésta», declaró a la AFP el profesor de Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, Marcelino Bisbal.
«Llama la atención que la prohibición de contenidos que tengan que ver con violencia e inseguridad se dictamine por un mes. Qué casualidad que estemos en campaña electoral», enfatizó.
La decisión judicial «peca de amplitud e imprecisión», recalcó por su parte la organización de defensa de la libertad de prensa, Reporteros sin Fronteras.
El gobierno de Chávez no publica cifras de violencia desde hace años y es la prensa la que cada lunes entrega estadísticas basándose en el número de cuerpos que ingresa a las morgues del país.
El editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo que la intención de la polémica foto fue «crear un shock para que la gente reaccionara ante la violencia».
Su publicación «llamó la atención de la sociedad, de una manera gráfica y oportuna, sobre una realidad que se ha hecho cotidiana», consideró David Natera, presidente del Bloque de Prensa Venezolano, que agrupa a los dueños de medios.
En vista de la prohibición, este miércoles El Nacional publicó espacios en blanco en las páginas destinadas a las notas de sucesos con la leyenda «censurado».
En Caracas hay unas 50 muertes violentas cada fin de semana y en todo el país los asesinatos superaron los 16.000 en 2009, según cifras extraoficiales que convierten a Venezuela en el país más violento de la región.
El tema está en el centro del debate político estos días de cara a las cruciales elecciones legislativas del 26 de septiembre, en las que el gobierno aspira a mantener al menos dos tercios de mayoría.