Una prueba de lo que ha significado el poder moral fue el apoyo que le permitió a Cristóbal Colón la intervención de diferentes sacerdotes que lograron que la Reina Isabel de Castilla patrocinara y apoyara el primer viaje de Colon que concluyó en el descubrimiento del nuevo mundo. Fue también el poder de las convicciones religiosas el que produjo la inmigración y colonización de las trece colonias norteamericanas, base del nacimiento de ese enorme paí­s.

En nuestra sociedad, ignorar el poder moral de la iglesia y en particular de la Iglesia Católica es apartarnos de nuestro ser, de nuestra integración social. Son varios los obispos, arzobispos y cardenales que a través de la historia de nuestro paí­s han representado y ejercido poder de orientación, poder de convicción en los temas sociales, polí­ticos y económicos.

La Conferencia Episcopal y varios de sus integrantes, en particular el Arzobispo Rodolfo Cardenal Quezada Toruño y monseñor ílvaro Ramazzini, en la actualidad se han referido al grave problema que implica la existencia de la Mina Marlin en el departamento de San Marcos, que actualmente extrae oro y otros metales preciosos con una altí­sima rentabilidad para sus dueños canadienses y un graví­simo problema para la población de ese departamento, en particular para los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Esta mina ha venido siendo señalada por institutos universitarios, por entidades nacionales por su extracción tremendamente negativa y onerosa para el medio ambiente y para el presente y futuro del desarrollo minero en nuestro paí­s.

Señalar que las declaraciones del Cardenal Quezada Toruño son improcedentes es una muestra de no comprender la verdad y pretender ignorar las urgentes implicaciones de lo que está sucediendo, que hace indispensable la suspensión de la explotación de la Mina Marlin, operada por Montana Exploradora de Guatemala, S.A., sociedad que no es más que una pantalla jurí­dica de Gold Corp, que en un cortí­simo perí­odo ya recuperó diez veces más de lo que invirtió; por tanto, sus implicaciones económicas negativas son inexistentes.

Que estos industriales avalados por personas a sueldo digan que están certificados internacionalmente para el buen uso y manejo seguro del cianuro es otra pantalla y prueba de ello es el último estudio publicado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Asies, quien en el mismo expresa a través de su presidente Lisardo Sosa: «Estamos convencidos que los resultados sirvan para comprender mejor lo que hacemos». En otras palabras, hasta el conservador Lisardo dice que no hay que ignorar la realidad, hay que comprender que la autorización de explotación fue un error y que es lesiva al medio ambiente y a la humanidad de los guatemaltecos.

Ya no puede el Ejecutivo, Legislativo y Judicial continuar sin actuar, no hacerlo implica complicidad y estar en contra del bien común, de la salud de los guatemaltecos y de los intereses presentes y futuros del paí­s.