El diputado Rayo comentó que un razonamiento riguroso ha llevado a la conclusión preliminar que podrí­an ser US$ 1,500 millones los que maneja «solo esta industria del juego ilegal», puntualizó.

Para realizar un cálculo de cuántos negocios de ese tipo funcionan, Rayo dijo que ha tomando en cuenta lo publicado en los medios escritos y lo registrado por el Ministerio de Gobernación, que talvez serí­an 25 negocios.

«Y es que ahora les ponen nuevos nombres: hay videocasinos, videoloterí­as, videobingos», dijo el parlamentario, quien recuerda que loterí­as propiamente autorizadas solo existen cuatro en el paí­s.

¿Cí“MO SE FRAGUA?

Sobre la necesidad de poner lí­mites a esa actividad, í‰dgar Barquí­n, superintendente de Bancos (SIB), señaló: «hoy por hoy es una actividad prohibida, es una actividad ilegal, incluso la actividad de casinos y juegos de azar es constitutiva de delitos».

Barquí­n reparó que eso no significa que no pueda darse legalmente porque muchos paí­ses lo impulsaron. Si así­ el Congreso lo dispone, los casinos quedarí­an sujetos al control correspondiente a efecto que no se conviertan en un instrumento para lavar dinero, comentó Barquí­n.

«A través de las apuestas, lo que pasa es que en este tipo de actividades se maneja mucho (dinero) efectivo y esto puede dar lugar a dineros obtenidos ilí­citamente que puedan incorporarlos a los juegos de azar y de ahí­ ganar en apuestas y reportarlos después como fondos obtenidos lí­citamente», evaluó Barquí­n.