Entre otros temas que se darí­an en la reunión, se solicitarí­a dar continuidad con las investigaciones de los crí­menes de alto impacto, y, a la vez, solicitar que la CICIG amplí­e su mandato para investigar crí­menes de guerra.

Este último punto ha generado controversia, ya que, desde que se creó la CICIG se estipuló que no se investigarí­an crí­menes de guerra. Aún no se ha corroborado oficialmente sobre esta reunión, por lo que no se estableció si, ciertamente, se solicitó este punto.

Sin embargo, las reacciones no se esperaron a la oficialización. Mario Mérida, analista de seguridad, manifestó que la solicitud de Colom es de carácter polí­tico.

«Es otra forma de crear distractores; una situación como la que el Presidente pretende se vislumbra como la manera de eliminar contendientes polí­ticos, porque, al final de cuentas, el mayor obstáculo para que la señora pueda ganar la Presidencia, es un militar que está liderando un partido de oposición en Guatemala», puntualizó Mérida, en relación a los posibles presidenciables Sandra Torres (por parte del oficialismo) y Otto Pérez Molina (segundo lugar en las pasadas elecciones).

Ante ello, se buscó la reacción del Partido Patriota, que postuló en 2007 a Pérez Molina. Alejandro Sinibaldi, diputado del bloque, indicó que las investigaciones contra crí­menes de guerra «está fuera de contexto; la percepción del partido es que quiere utilizar a la CICIG como una herramienta de chantaje polí­tico».

Sin embargo, Eduardo de León, director de la Fundación Menchú -querellante en crí­menes de guerra- indicó que las investigaciones en estos delitos es una «deuda pendiente del Estado guatemalteco y valdrí­a la pena que se investigará; sobre todo el genocidio, donde ha habido una actitud pasiva en la persecución de los autores intelectuales; es fundamental reconocer que ha sido el Estado guatemalteco el refugio más importante de estos criminales», opinó.