La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, en un campo pagado, criticó las políticas de investigación efectuadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), al «priorizar justicia para los delincuentes» que desde la cárcel dirigían todo tipo de actos criminales contra la población guatemalteca.
Los profesionales lamentan que las fuerzas investigativas se gasten en casos como la muerte de los reclusos en Pavón, mientras algunos asesinatos de agremiados, como los del ingeniero Héctor Homero Juárez Gil, perpetrado en 2010, y el de su progenitora, la jueza Flor de María Gil, acaecido en 2009, «son ignorados».