El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomienda mayor transparencia de los fondos utilizados en los Programas de Cohesión Social de la Presidencia, mientras Acción Ciudadana reitera que esto se logrará solamente con la creación del Ministerio de Desarrollo Social.
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La sugerencia del PNUD es el resultado de una reunión entre un delegado de esta organización y los funcionarios encargados de los programas, en la que se concluye en la necesidad de buscar mecanismos de control para que los programas no sean sujetos de manipulación política.
Ante esta situación, la agrupación social Acción Ciudadana, quienes fiscalizan algunos programas de la presidencia resalta la necesidad de institucionalizar el trabajo realizado y de esta manera crear un ministerio de desarrollo social.
Este ministerio sería el encargado de darles todo el proceso de garantías de transparencia a la transferencia de fondos. Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, señala que es lo que se ha hecho en la mayoría de países en los que se implementan programas sociales de esta categoría.
«Básicamente es el ministerio responsable de la política social del Estado. Entonces implementa todos lo programas sociales y en este caso tendrían que formalizarse, es decir institucionalizarse todo lo que esté en Cohesión Social», refiere Marroquín.
Además, «ahora se gasta más en la administración de cada programa aisladamente, que en una sola institución», lamenta el director de Acción Ciudadana, quien argumentó que sería un mecanismo que permitiría que los fondos sean fiscalizados por el Congreso, la Contraloría General de Cuentas y «no como ahora que es como un limbo, allí está la coordinación, pero nadie da cuentas», refirió.
De esta manera todos los programas que estén destinados al apoyo social serían coordinados por el nuevo Ministerio de Desarrollo Social.
La solicitud del PNUD para transparentar los programas de Cohesión Social, fue apoyado por el representante de la Coordinadora Nacional de ONG y Cooperativas -Congcoop-, José Pedro Mata. «No hay que negar que los programas son buenos, pero lastimosamente no cuentan con una fiscalización transparente, a pesar de contar con presupuesto nacional; si funciona en otros países por qué no funciona igualmente en Guatemala», expresó.