Durante años fuimos construyendo un régimen de impunidad que hoy nos pasa enormes facturas. He sostenido que durante el conflicto interno se diseñaron instrumentos para proteger a los militares, policías y otros ciudadanos que se enfrentaron a los grupos guerrilleros, partiendo de la cooptación de la Policía Nacional, del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia. Una vez terminado el conflicto, quienes estaban comprometidos siguieron realizando la misma función, afianzando un sistema corrupto que protege y favorece al delincuente.
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Los ciudadanos en Guatemala hemos tenido demasiada exposición a la violencia y contacto con la muerte, al punto de que muchos, al margen de cuestiones ideológicas, terminaron cayendo en que los problemas se resuelven a tiros, eliminando a quien crea problemas. Lo mismo hizo la guerrilla que las fuerzas armadas y el resto de la población asimiló la cultura de la muerte luego de que por generaciones nuestros niños han sido testigos del asesinato callejero. La lucha contra ese mal no puede ser sencilla y, por supuesto, genera contradicciones profundas porque son seguramente mayoría los que se inclinan por la Pena de Muerte como castigo ejemplar y, en su defecto, comparten el criterio de que al delincuente hay que eliminarlo a como dé lugar. Pero salir de esa situación requiere la construcción el Estado de Derecho en el que se principie la aplicación correcta de la ley, con las debidas garantías para cualquier sindicado.
Hoy, cuando se ha capturado a varios de los sindicados por la toma de Pavón y otros hechos que se definen como ejecución extrajudicial, es importante que el sistema de justicia muestre su mejor rostro, pero también es indispensable que el Estado asuma el compromiso ineludible de garantizar la vida a los procesados. No sólo porque eso forma parte de su deber elemental y la gente en prisión tiene derecho a la vida, sino porque por el impacto político del caso y por la posibilidad de represalias de socios o amigos de quienes murieron en el operativo en el centro carcelario, es fundamental que se establezcan medidas especiales de seguridad.
Guatemala vive horas dramáticas y cruciales porque es definitivamente un trauma para la sociedad lo que está ocurriendo luego de la acusación formulada contra importantes personajes del país y los agentes que actuaron bajo su mando. Como sociedad tenemos que reflexionar sobre lo que significa este paso y actuar en consecuencia, es decir, entendiendo que lo que debemos buscar todos es que se privilegie el Estado de Derecho, el régimen de legalidad y la correcta administración de justicia.
Ciertamente estamos todos agobiados por la falta de seguridad y eso nos hace justificar la mal llamada justicia por propia mano, pero eso no es ni será nunca justicia. Si acaso lo tenemos que ver como venganza, pero nunca como acto justiciero. Y para principiar, eso demanda que se respete la presunción de inocencia para dejar que sean los órganos jurisdiccionales los que resuelvan en definitiva respecto a los niveles de responsabilidad, si es que los hay.
Claro que puede haber sentimientos encontrados y profundos dilemas éticos y morales sobre casos de esta naturaleza, pero no podemos perder la perspectiva de la importancia que tiene salir de un régimen que nos corroe y destruye como sociedad porque eso pasa si para enfrentar al crimen tenemos que irrespetar la ley y saltarnos todas sus trancas.
Repito que en este momento es crucial que el Gobierno asuma un compromiso de salvaguarda absoluta de la vida de los procesados porque es obvio que correrán riesgo en la cárcel donde se albergan los asociados de quienes murieron en el operativo. Eso es, justamente, buscar el imperio de la ley.