Sólo le faltó decir que esta ley también convalidarí­a que las remesas familiares, los ahorros y los bienes que con el sudor de su frente hacen los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos y no cuentan con un permiso legal para hacerlo son malos y que se les debí­a de confiscar, como de hecho en ese paí­s lo hacen, los recursos que tienen cuando son capturados.

Por otra parte, la embajadora de Gran Bretaña, Julie Chappell dijo: «la aprobación de la ley será un triunfo para el paí­s en su lucha contra el crimen. Los bienes y finanzas que son producto del crimen organizado deben reinvertirse en la aplicación de leyes e instituciones judiciales en Guatemala, donde los jueces y otros oficiales de la ley están atemorizados de realizar su trabajo, una ley como esta serí­a un gran logro».

La mayorí­a de los guatemaltecos conscientes estamos de acuerdo que los bienes que se comprueben fehacientemente provienen del narcotráfico y del crimen organizado deberí­an ser confiscados y su propiedad entregársela al Estado.

Es más, estamos de acuerdo que es peligrosa la indefinición o inexactitud en una ley como ésta porque por ejemplo podrí­a decirse que el patrimonio de un empresario o de un polí­tico proviene de un acto ilegal o inmoral si éste no pudiera demostrar el origen y haber pagado los impuestos sobre ellas; podrí­amos decir que un empresario del pollo y huevos no ha declarado con exactitud cuántos pollos le nacen al dí­a, cuántos huevos produce y que por ello lleva una doble contabilidad y así­ es como construye mansiones versallescas, edificios, compra yates, inmensos aviones y múltiples helicópteros ilegalmente. Cómo puede ese empresario demostrar que esos bienes son legí­timos si nunca ha tenido una declaración patrimonial que respalde el origen y la tenencia de bienes.

Lo mismo si alguien que jugó a la bolsa extranjera y no declaró sus utilidades-ingresos en el paí­s o que efectúo inversiones y desarrollos inmobiliarios fuera y revirtió ese capital e intereses al paí­s.

En todo caso, una cosa es proponer leyes, discutir la misma, escuchar opiniones de las organizaciones y poderes nacionales y otra es que públicamente nos chantajeen extranjeros y nos digan que si no queremos pasar a la lista de los malos debemos de hacerles los mandados y por supuesto «mandados» es hacer lo que ellos quieren, como quieren, cuando quieren, hecho que por supuesto en sus paí­ses no se realiza

Mejor hablemos de un TPS antes que de cualquier otra cosa, ya que esa norma es más importante para un millón de guatemaltecos y sus familias que legalizarí­an su estatus migratorio, sus ingresos y las remesas por más de tres mil millones anuales que enví­an a sus familias.

¿Nos escucha McFarland y demás extranjeros? Opinen.