Antes los maestros nos explicaban que la Constitución era la norma legal de máxima categoría prevaleciendo sus disposiciones sobre cualesquiera otras y que por ello se le denominaba Carta Magna. Con el paso del tiempo, aunque fuera verídica la enseñanza, se fue tornando en mentira y que para Muso Ayau, quien seguramente está descansando en paz, fueron inútiles sus esfuerzos por modificarla ante su inobjetable inoperancia, aunque con la falta de valores y principios de nuestra sociedad, tarde o temprano volvería a ocurrir lo mismo.
Como no me gusta asegurar algo sin que pueda comprobarse fácilmente, cito un ejemplo: La Constitución dicta que las personas aprehendidas no podrán ser conducidas a lugares de detención diferentes a los que están legal y públicamente destinados para el efecto sin embargo, de un plumazo, las actuales autoridades han emitido disposiciones de menor categoría para que algunos cuarteles militares hicieran sus veces y no obstante que en otra parte del texto constitucional se dicta que los centros penales son de carácter civil y con personal especializado, poco o nada les ha importado hacer lo que les da la gana. En otras palabras, esta es la realidad que se vive en Guatemala: el derecho constitucional no vale ni un comino.
Por otra parte, ¿quién no ha escuchado los diversos pronunciamientos del actual gobierno para pintar sus actos de transparentes, honestos, como de estar velando por el buen manejo de los fondos públicos? Coincidentemente, hace pocos días se destapó la compra de inmunoglobulina sobrevalorada e innecesaria en el Ministerio de Salud Pública. Como es costumbre se ofreció investigar y aseguró que pronto se tomarían las medidas correspondientes. Finalmente se comprobó que la respectiva orden de compra se había elaborado sin ninguna razón justificada aduciendo que se estaba comprando por el estado de calamidad actualmente vigente, cosa que no tenía ninguna relación y simplemente se dijo que cuatro personas del área de compras habían sido destituidas y que tres más estaban todavía siendo investigadas.
¿Ninguna autoridad se pudo percatar que a nadie podrían satisfacer tales resultados? Digo esto, porque hasta el más ignorante de los mortales no cae de pendejo para creer que todo un director de un hospital nacional firme un documento cuyo contenido no conoce completamente y ¿cómo es que la enorme burocracia estatal integrada por tantas personas, incluyendo a un Ministro, Viceministros, Directores, Gerentes Financieros, Auditores y Asesores, no pudieron vigilar, mucho menos detectar la tremenda anomalía de comprar medicinas innecesarias, como que descaradamente estaban sobrevaloradas? De aquí parte la insistencia de la población que no tiene un pelo de tonta de la urgente necesidad de tomar acción para ponerle un alto a tanto funcionario y empleado público que sigue dando manipuladas informaciones, incluso con evidentes mentiras, falsedades y tergiversaciones. ¡Señores por favor, ya basta de querer vernos la cara de lo que no somos!