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Detrás de la captación de las instituciones, el uso del presupuesto con fines polí­ticos, el debilitamiento de la oposición y la intención de acallar a la Prensa, Pérez Molina también habla de la influencia sobre Guatemala que ejercen los Gobiernos de corte populista y totalitario de Sudamérica.

¿Cuál es la situación del paí­s y a qué se debe?

Es una situación complicada. Los guatemaltecos se sienten angustiados y lo digo porque lo he percibido en el interior del paí­s, y no sólo en la capital o en las áreas urbanas. Los guatemaltecos son golpeados por dos cosas: la violencia y la economí­a familiar. En el segundo aspecto no se trata de la macroeconomí­a o los grandes í­ndices; al guatemalteco le está golpeando el desempleo, el cierre de pequeñas empresas -que mucho está vinculado con la ola de violencia-, y eso ha provocado mucha frustración. Los guatemaltecos están realmente desilusionados de la situación que hoy está viviendo el paí­s. Creo que hay mucha responsabilidad del Gobierno actual, que ya está en su tercer año y que en ambos temas no ha sido capaz de marcar un rumbo, y no ha tenido polí­ticas públicas claras y definidas.

¿Qué ve de positivo en la actualidad y qué le ve de positivo al Gobierno?

Es difí­cil hablar de los temas positivos, y no es que sea pesimista o negativo. A este Gobierno es difí­cil encontrarle algo que sea bueno, y lo poco de bueno ha sido contaminado. Por ejemplo, Mi Familia Progresa es un programa que nosotros tení­amos en el plan de Gobierno del Partido Patriota, pero le llamamos «transferencias condicionadas en efectivo». Nuestro plan estaba focalizado a los 500 mil niños y niñas que están fuera de las aulas porque los padres viven en extrema pobreza; la intención nuestra era romper ese cí­rculo vicioso de la extrema pobreza, ayudando al padre para que el niño pueda ir a la escuela. Este Gobierno recogió el programa, pero en el inicio no se analizó ni planificó su ejecución; el programa arrancó porque la esposa del Presidente obligó a que se iniciara. Hemos visto cómo el programa ha perdido el foco y se ha convertido en un proyecto clientelar y populista, es decir, algo que podí­a ser positivo, ahora está contaminado.

Usted sostiene que en los grandes problemas del paí­s el Gobierno tiene una gran cuota de responsabilidad. ¿Por qué no se logra transmitir la sensación de que se están enfrentando los grandes problemas nacionales?

Es por la falta de definición de un rumbo claro y definido del Gobierno, que también obedece a la falta de liderazgo, la ausencia de decisiones claras y las grandes contradicciones que se han dado estos tres años al interior de los actores principales del Ejecutivo, especialmente entre el Presidente, la esposa del Presidente, el Vicepresidente, porque los ministros y secretarios casi están invisibililzados. Hay muchas contradicciones y eso no marca un rumbo claro y definido del paí­s.

¿Por qué vivimos en un clima de extrema violencia?

Creo que ese es el resultado, otra vez, de la improvisación y de la falta de un equipo capa. En el Gobierno, la rotación de ministros, viceministros, de directores de Policí­a y de todo el equipo no han permitido que haya polí­ticas claras que puedan dejar un rumbo bien definido hacia donde se debe caminar. Y eso ha llevado a que haya un desorden interno en el que los únicos que salen ganando, son los lí­deres del crimen organizado y el narcotráfico.

Durante varios perí­odos gubernamentales se ha hablado de que las estructuras criminales copan las esferas de poder. ¿Nota usted una incrustación de estos poderes paralelos en el actual Gobierno?

El crimen organizado ha penetrado instituciones y lo hemos visto con claridad. Vemos cómo hay dos ministros de Gobernación que son perseguidos por la justicia. Vemos cómo hay directores de la Policí­a que están detenidos. Es decir que si hay una incrustación del crimen organizado, especí­ficamente del narcotráfico en el Gobierno.

Cuando se refiere al narcotráfico. ¿A qué grupo o cártel se refiere?

Dirí­a que son varios grupos los que están involucrados; yo no me atreverí­a a decir que sólo uno, dirí­a que es el narcotráfico en general. Y claro, ahí­ están las lí­neas de Gobernación y de la Policí­a, que por más que han hecho cambios, y aunque a cada momento llega un Director vuelve a verse involucrado en estos problemas.

Usted ha hablado de un traslado de poder en el Ejecutivo, ¿cuál es su percepción al respecto? ¿En realidad ejerce el poder el Presidente?

Como opositor puedo decir que el Presidente no es quien ejerce el poder. Es la esposa del Presidente quien verdaderamente tiene y ejerce el poder. Lo puedo decir por lo que me tocó vivir; en cinco ocasiones tuve la oportunidad de estar con el Presidente para hablar de los puntos mí­nimos que necesita el paí­s para avanzar. Era una agenda mí­nima. El Presidente siempre decí­a «me parece muy bien», pero a la hora de concretar los asuntos ya discutidos, estos no pasaban, y es que resulta que él, cuando iba a su casa, le cambiaban las cosas, y los pequeños acuerdos que pudieran haberse alcanzado, pues se terminaban. El poder aquí­ lo está ejerciendo la esposa del Presidente y de eso no tenemos la menor duda.

Hablemos un poco de las instituciones y de lo que está sucediendo con éstas. ¿Qué persiguió el Gobierno inmiscuyéndose en la elección a magistrados de Corte Suprema de Justicia y operando a través de la cuñada del Presidente, Gloria Torres y del diputado César Fajardo?

Está muy claro. El Gobierno perseguí­a cooptar al sistema judicial y buscar la impunidad. Ha sido una intención muy clara y una notoria de la injerencia que quisieron tener en el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Afortunadamente, hubo oposición y todo un movimiento que permitió que de los tres o cuatro de los aspirantes que estaban postulados por ellos -porque eran directamente los que habí­an apoyado Gloria Torres, que fue la operadora de la UNE- sólo pasaron pocos. La única intención que se puede leer de esto es que ellos están interesados en mantener la impunidad y cooptar el poder judicial.

¿Impunidad generalizada o para casos que son importantes para ellos?

Para los casos especí­ficos que ellos quieren manejar o les son importantes. Incluso, previniendo ellos mismos para más adelante, ante su inminente salida del Gobierno.

¿Por qué cree que el Presidente nombró a Conrado Reyes como Fiscal?

Esa es otra de las malas decisiones para el paí­s, pero con una intención muy particular de parte del Presidente. Acá surgió una gran duda: ¿El Presidente no tuvo la capacidad de tener la información sobre los señalamientos contra el Fiscal electo -aunque eso no es creí­ble- o que a pesar de tener esa información lo nombró?, porque creí­a que podí­a tener a alguien que le podí­a colaborar incondicionalmente.

La noche en que la Corte de Constitucionalidad deja sin efecto la elección del Fiscal, el presidente Colom dijo que si hubiera tenido las pruebas contra Reyes desde antes, no lo hubiera nombrado. Pero él no lo destituye aun teniendo las facultades. ¿Eso evidencia los pactos de poder? Sí­, definitivamente, esto marca con claridad cuales son los arreglos oscuros y las componendas que se dan en lugar de hacer nombramientos con transparencia en esos puestos tan importantes para el paí­s.

¿Qué opinión le merece la situación del Registro Nacional de las Personas?

La situación del Renap es lamentable. Es una institución que hoy se mira muy cuestionada y nublada por los señalamientos que han salido a luz pública con la emisión del DPI, en la que vuelven a verse los arreglos, componendas, malos nombramientos. Sin embargo, es una institución que realmente necesitamos en el paí­s, por lo que es indispensable fortalecerla, para tener un documento seguro y único. Aquí­ lo que nos queda hoy es, afortunadamente, que el Tribunal Supremo Electoral ha puesto los puntos claros y creo que lo que nos queda es hacer las auditorí­as, arreglar y revisar los procesos, y que pueda reanudarse la emisión del documento de identificación.

¿Cree que está en riesgo la credibilidad de las próximas elecciones?

Hay muchos esfuerzos de parte del propio Gobierno, que parecieran estar orientados a poner en riesgo las elecciones. Que van desde lo que ellos creen que pueden hacer, que es comprar el voto, que es comprar la dignidad de los guatemaltecos, a través de una estrategia que contempla regalar la bolsa solidaria. Tenemos testimonios de mujeres que están en el programa Mi Familia Progresa y que han sido obligadas a empadronarse y afiliarse a la UNE, con la amenaza de que si no lo hacen las van a sacar del programa.

¿Han denunciado esa práctica? Por supuesto. Lo anunciamos cada vez que podemos porque nosotros somos los directamente afectados como principal partido de oposición. Hay mujeres a las que les prohí­ben llegar a las reuniones que nosotros hacemos en el interior, en los municipios y aldeas, porque les dicen que si acuden a los encuentros del Partido Patriota o a donde vaya Otto Pérez, a ellas las van a sacar de Mi Familia Progresa o Bolsa Solidaria, y la gente con necesidad decide no ir. Pero realmente les están coartando la libertad y sus derechos, y esto viene a oscurecer todo el proceso eleccionario.

¿Qué importancia tiene la próxima elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad?

Será una elección determinante. Vamos a tener una Corte que verdaderamente va a defender la Carta Magna o una Corte con el firme propósito de avalar una candidatura ilegal. El Gobierno va a buscar eso último; no le va importar una Corte que cumpla con la transparencia su papel, sino que va a buscar que avale la candidatura de Sandra Torres, que es ilegal.

¿Se va aplicar el mismo modelo de la Corte que avaló años atrás la candidatura de Rí­os Montt?

Va a replicar lo que hizo el Frente Republicano Guatemalteco, pero creo que, afortunadamente, los guatemaltecos estamos cada vez más atentos a todos estos procesos y hoy va a jugar un papel muy importante el nombramiento que va a hacer el Congreso, la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia; obviamente hay un nombramiento que hace el Presidente, que será alguien afí­n e él. Este es un punto importantí­simo para todos los guatemaltecos.

¿Podemos esperar una elección de Contralor General sin manoseos e intervenciones?

No lo creo. Tenemos que estar muy atentos del proceso, para verificar que sea un proceso transparente, pues a pesar de la vigilancia social ya hemos visto lo cuestionable que está resultando la elección de Fiscal. Así­ que no está libre de influencias. Hago un llamado para que todos estemos vigilantes y participemos en ese proceso.

¿Cree que la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) ha recibido el apoyo necesario del Estado?

Creo que ha hecho falta apoyo para la CICIG. Ese fue uno de los motivos que el doctor Castresana expresó al momento de su retiro. Hemos tenido un Congreso muy complicado en estos tres años, porque el partido oficial se ha dedicado a buscar más recursos, por lo que la agenda ha estado entrampada en ampliaciones presupuestarias y reformas tributarias. La agenda por eso, ha tenido que dejar por un lado las propuestas de leyes que presentó la Comisión, que son importantes para todos. Al final, considero que ha hecho falta soporte a la CICIG por parte de los tres organismos, ya una gran parte del apoyo se ha quedado sólo en discursos.

¿Hace falta soporte o es que fácticamente no ha existido de parte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial?

El Congreso ha hecho algo, pero se ha entrapado. Pero el doctor Castresana se quejó de los tres poderes, incluyendo al Ejecutivo, por su falta de apoyo. Uno puede entender más las discusiones y las dificultades en el Congreso al llegar a acuerdos. Pero en el Ejecutivo, es el Presidente quien ordena y para eso tiene un Gabinete que deberí­a estar en lí­nea con las necesidades del paí­s, por lo que no hay excusas para la falta de soporte a la CICIG y ahí­ si se ha quedado sólo en discurso, porque hemos escuchado los discursos del Presidente dichos aquí­ y en foros internacionales, donde ha dicho que tiene un apoyo incondicional a la CICIG, pero que resulta ser demagogia, pues no se ha concretado en realidad su supuesto compromiso.

En cuanto al Presupuesto ¿Por qué no se logra una mejora sustancia en la inversión en materia de salud, educación y seguridad?

Hay un desorden administrativo provocado por la esposa del Presidente. Ella, con el afán de controlar los programas sociales no los ha institucionalizado. Si Cohesión Social estuviera institucionalizado serí­a fácil evitar este desorden financiero. Al no tener un presupuesto asignado para los programas de Cohesión se han dado transferencias presupuestarias como nunca se habí­an visto. El año pasado se dieron más de 4 mil transferencias. Este año ni siquiera henos tenido un presupuesto anual sino que una administración por cuatrimestres. Eso es un desorden financiero y administrativo que impide hacer más eficiente el gasto, y por lo mismo, no se están cumpliendo con los principales objetivos que deberí­amos tener como la educación, salud, seguridad y justicia.

¿Por qué los representantes oficialistas se limitaron a aprobar los bonos y dejaron por un lado el aumento de tasas? ¿Buscaban una reforma fiscal integral o sólo más recursos para cumplir la obra de perfil polí­tico?

Nosotros le llamamos a la iniciativa oficial «parche fiscal» y no una reforma. Nuestra propuesta era una reforma integral, que a diferencia de la oficial, no buscaba elevar las tasas para salir al paso. El objetivo fiscal es ver 10 y 20 años para adelante. Sin eso, cómo le damos certeza a la gente que está invirtiendo en el paí­s, a la que no se le puede estar hablando de una elevación de tasas cada año. Cómo impuestos que iniciaron de forma temporal, como el IEMA, el IETAAP y el Impuesto de Solidaridad dejan de ser temporales y se extienden sin ningún control. Esto ha entrampado la agenda del Congreso, porque el Gobierno se ha dedicado solamente a ver como obtiene más dinero para este año y a ver qué se inventa para el siguiente año, pero no ha tenido una visión de paí­s y de largo plazo.

Usted y el Partido Patriota apoyan una Reforma Fiscal, pero de manera integral…

Eso lo hemos dicho públicamente y lo mantenemos. Creo que en el paí­s es necesaria una reforma integral y con visión de largo plazo.

¿Qué le parece el gasto en publicidad que hace el Gobierno?

Me parece un gasto excesivo. Ese dinero deberí­a ser utilizado en renglones prioritarios. El Gobierno no tiene la necesidad de intentar convencer a los guatemaltecos de que está haciendo las cosas bien, cuando se están haciendo mal.

De la esencia de los programas sociales, ¿qué opina?

Hay programas sociales que son buenos. Nosotros no cuestionamos el fondo de Mi Familia Progresa, sino la forma. Realmente lo que criticamos es cómo la Primera Dama hizo una estructura vertical, que hace que ese programa dependa de ella y dejó por un lado las funciones de los Ministerios, Secretarí­as, Gobernaciones, Municipalidades y Consejos Comunitarios. Es un programa sin auditorí­a social, que no está institucionalizado y que representa un gasto adicional por su estructura centralizada. Eso es el resultado de que sea una persona, y no una institución la que está llevando a cabo el programa. De esa forma se convirtió un buen proyecto en un programas personal, clientelar y populista que tienen el objetivo de cautivar el voto de las personas pobres.

¿Cómo hacer qué esos programas garantice una polí­tica social y no que tenga otros fines?

En México hay 6 millones de personas inscritas en un programa similar al de Mi Familia Progresa, y aducen el éxito de la iniciativa en no politizarlos, no hacerlos clientelares y transparentarlos. En Guatemala es necesario institucionalizar los programas, transparentarlos, y auditarlos; es necesario también verificar que existan los controles para comprobar que se rompa el cí­rculo de la pobreza.

Hay una percepción de que los lí­deres de la oposición han tenido una participación discreta.

El Partido Patriota ha hecho su trabajo. Somos una institución que no depende únicamente de una persona, tanto así­ que entregué la Secretarí­a General del Partido el año pasado, y aun así­ he estado presente en discusiones en las que he considerado importantes. Pero en los temas cotidianos, los lí­deres y las lideresas del partido son los que participan, y lo hacen activamente.

Usted se ha referido al riesgo que existe de un boicot a las actividades del Partido Patriota. ¿Qué riesgos hay y cómo se ven afectadas sus actividades?

Primero, estamos viendo cómo se le quiere coartar sus derechos a los guatemaltecos, así­ como su libertad de ir a presenciar una reunión polí­tica. Es un chantaje que a los beneficiarios de los programas sociales se les amenace con cancelarles la ayuda si van a una reunión del Partido Patriota. Por otro lado, hemos visto cómo se propicia una confrontación y una polarización, que también es delicada y peligrosa para el paí­s. Por ejemplo, nos han puesto camiones atravesados en las ví­as para que la gente que llega no pueda pasar a las actividades. Además, han regalado zapatos tenis, bolsas de productos y han realizado jornadas médicas para evitar las presentaciones del Partido Patriota. Hay un clima de confrontación, que de no frenarla, en la medida que la campaña vaya acercándose más y vaya subiendo la temperatura, puede llegar a haber una polarización seria. Vamos a hacer una denuncia formal en el Tribunal Supremo Electoral y al Procurador de Derechos Humanos, para que quede sentado de que nosotros no estamos propiciando esa confrontación, pero sí­ el partido oficial, con órdenes de la esposa del Presidente, porque eso es lo que nos dicen en el interior.

Siguiendo en el tema de la oposición. A la diputada Nineth Montenegro ¿Por qué cree que la amenazan?

El Gobierno ha sido intolerante, pese a que dice ser el «Gobierno de los pobres, democrático y solidario». Pero, lo que ha demostrado es que no tiene tolerancia para la oposición que ha cumplido con su trabajo de fiscalización y el caso de Nineth es relevante, aunque para nosotros también ha habido una gran persecución. Cabe resaltar que el propio Presidente también ha sido poco tolerante al insultar a periodistas, polí­ticos y miembros del sector privado, con palabras que no van con un mandatario.

¿Y en el caso de Lider, al que le negaron la inscripción?

En el caso de Lider se trató de un proceso en el Tribunal Supremo Electoral. Es cuestión de ellos. El Tribunal detectó que el Comité no estaba cumpliendo con los procesos que debí­an seguir.

¿Cree que se trató de un proceso legal o que hay una estrategia orquestada para que Lider no se inscriba?

Puede ser. No descartamos que sea una estrategia, aunque en la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral hemos visto una lí­nea imparcial.

Menciona que en el Partido Patriota se sienten perseguidos. En el caso de Nineth Montenegro, hay una situación similar. ¿Cree que existan intentos por aniquilar a la oposición? ¿Quién y con qué herramientas lo podrí­a hacer?

Creo que sí­. Este Gobierno ha sido poco tolerante y ha tratado de utilizar instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria, la Intendencia de Verificación Especial y el Ministerio Público, para perseguir a la oposición, pero, no lo han conseguido porque son ineficientes. Además, no pueden inventar cosas y no han tenido argumentos sólidos como para poder destruir a los opositores. Lo que sí­ está claro son las intenciones de destruir a la oposición. De esto no tenemos ni la menor duda.

Además de los que ya mencionó, ¿Existe otro obstáculo que tiene que enfrentar el Partido Patriota en el ejercicio de fiscalización?

Un obstáculo más es la poca información que ofrece el Gobierno a los fiscalizadores. Se niegan a entregar información pública, a pesar de que la ley lo manda. Además de tener un Contralor General que ha servido para taparles los problemas a ellos, y no para que se supervise el gasto del dinero de los guatemaltecos.

Hablando de la comunicación y de la inversión que ha hecho el Gobierno en los medios oficiales, como la Radio TGW, el Diario de Centro América y en el programa Despacho Presidencial. ¿Qué opinión le merece?

El propio Presidente dijo que tení­a que tener los medios en los que se dijera «la verdad». Con eso se referí­a a que los medios de comunicación no estaban diciendo la verdad, o que tienen sesgo. Creo que esta es una práctica muy al estilo de los Gobiernos totalitarios, que quisieran tener el control de los medios, pero no lo han podido hacer. Por eso, necesitan crear sus propios programas y para tener sus propias lí­neas, para decir lo que quieren, sin crí­ticas, ni oposición. Eso también es resultado de los ataques a la Prensa.

Hay medios que se quejan de que el Presidente hace condicionamientos a cambio de publicidad, o que les han querido desbaratar su equipo de trabajo. ¿Nos puede comentar un poco sobre eso?

Esto es parte también de los ataques contra la Prensa, la oposición y a otros sectores organizados. Esa es una de las formas de querer acallar a los medios de comunicación. Primero les dan pautas y después los amenazan diciendo que si van a sacar determinada noticia van a cancelar la publicación de anuncios. Esa es una medida totalmente antidemocrática.

Usted dijo que la señora es la que manda. ¿Está ella en campaña? Totalmente. Está en campaña. En cada salida al interior se aprovecha de los recursos del Estado. Incluso se aprovechó de la tormenta Agatha cuando prohibió que salieran los vuelos privados con ayuda humanitaria, hasta que ella hubiera hecho presencia en las áreas necesitadas. No tiene lí­mites para utilizar al poder que le da el Gobierno, para lograr sus propios fines, sin importarle el dolor y sufrimiento de la población.

Haciendo un recuento de la entrevista: la captación de las instituciones, el uso del presupuesto con fines polí­ticos, el debilitamiento de la oposición, la intención de acallar a la Prensa. ¿No es la misma queja de los opositores en Venezuela, Bolivia y Nicaragua? ¿Corremos el mismo peligro de acabar con esos Gobiernos, de cortes populistas y totalitarios?

Esa ha sido la intención y la lí­nea de este Gobierno. No tenemos duda. Tenemos un Gobierno que ha seguido el manual de Chávez. Pero no han tenido éxito por los sectores que han hecho valer sus derechos y han defendido sus libertades. Ellos quisieran llevar a Guatemala hacia los pasos que se han dado en otros paí­ses como Venezuela, Bolivia o Nicaragua.

No podemos negar que el Estado ha fallado de manera histórica y sistemática en garantizar las demandas de salud, educación y seguridad. ¿Pero qué alternativa tenemos?

Primero necesitamos una Reforma Fiscal, pero tienen que haber acuerdos y un análisis de las necesidades a largo plazo. Pero a la vez que se habla de una reforma fiscal, también se necesita de un Gobierno transparente. El primer paso es que el Gobierno se comprometa a transparentar el uso de los recursos, a luchar contra la corrupción, y a considerar la austeridad. Lastimosamente, eso es lo que no hemos visto. El actual Gobierno propone elevar las tasas impositivas, pero que no quiere luchar contra la corrupción, el contrabando y no quiere ser austero. Estoy hablando de este Gobierno.

Hablando de la campaña electoral. Al menos dos presidentes aceptan que en campaña han ofrecido cosas que no pueden cumplir. ¿Cómo se evita engañar a la población para ganar votos?

Claro que existe una forma de no engañar a las personas. En la campaña pasada no ofrecimos cosas que sabí­amos que no í­bamos a cumplir. Nunca prometimos la creación de 750 mil empleos, como lo dijo el Gobierno actual. Somos cuidadosos con lo que decimos y no hay necesidad de mentirle a la población. Cuatro años no son suficientes para arreglar los problemas del paí­s, pero sí­ se pueden sentar las bases para dejar un rumbo claro y definido de desarrollo, seguridad y justicia.

¿Podrán saber los guatemaltecos de dónde viene hasta el último centavo del financiamiento del Partido Patriota?

Sí­. Nosotros somos muy cuidadosos y tenemos controles cruzados para cuidar la transparencia de nuestras finanzas. Hay que cuidar los tres niveles. Hay que cuidar el dinero que viene a la candidatura de la campaña nacional del partido, en las campañas departamentales, y municipales; cuidamos que no haya alcaldes financiados con dinero de dudosa procedencia.

¿Pero de qué manera controlan los fondos?

Tenemos gente del partido que viaja constantemente al interior del paí­s, para verificar cómo está creciendo y caminando la organización. Son varios los equipos los que supervisan, y no están fijos, sino que intercambian rutas. Por otro lado, tenemos una estructura que supervisa las células del Partido y que está viajando constantemente. Además, tenemos supervisores departamentales y coordinadores regionales. Todos los fines de semana hay despliegue en el interior del paí­s, que tiene la consigna de asegurarnos de que nuestros lí­deres no están vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, y fiscalizar su financiamiento y gasto.

¿Cuentan con una firma de auditorí­a externa?

Ya tuvimos una auditorí­a externa, que tuvo la misión de verificar si el trabajo realizado y los fines del Partido van en la lí­nea correcta. No descartamos que esa auditorí­a externa, que ya la contratamos para observar el desarrollo del partido, más adelante nos pueda servir para auditar los recursos.

¿Si usted triunfa en las elecciones dará continuidad a los programas sociales, o los modificarí­a?

Los programas sociales deben continuar, incluyendo Mi Familia Progresa. Pero debemos institucionalizarlo, transparentarlo, dejar por un lado el clientelismo y el populismo, y supervisar que estos programas verdaderamente tengan resultados positivos. En cuanto al programa de Bolsa Solidaria, es la Secretarí­a de Seguridad Alimentaria la que deberí­a entrar, y no depender de la esposa del Presidente. La SESAN debe analizar si ese programa está dando la respuesta que es necesaria; igualmente debemos evaluar los Comedores Solidarios.

¿Pasa el impulso económico del Estado por la generación de nuevos centros productivos, que en este caso den beneficios para las poblaciones más necesitadas?

Creemos que los alcaldes no pueden seguir dependiendo del situado constitucional que el Gobierno les traslade. Ese dinero debe seguir llegando, pero los alcaldes deben buscar la forma de atraer inversiones a su municipio, en vez de estar poniendo obstáculos y trabas. Los Gobiernos municipales deben luchar para conseguir inversiones. Cuado entendamos y apliquemos este principio, vamos a empezar a ver municipios más prósperos.

¿En materia de seguridad, que harí­a usted de manera distinta al actual Gobierno?

Es un tema complejo. Se trata de un problema integral y creo que la seguridad va de la mano con la justicia. Por un lado, en el tema de la seguridad, lo primero es la refundación de la Policí­a Nacional Civil y luego, la creación de fuerzas de tarea interinstitucionales. Por ejemplo, uno de los problemas que estamos afrontando son los ataques de las maras, entonces debemos crear una fuerza de tarea interinstitucional para combatir ese mal especí­fico. El otro es el problema de la inseguridad en el transporte colectivo, y para ello es necesario crear otra fuerza de tarea. El punto es nombrar a una persona que va a ser presentada públicamente y tendrá que responder por la responsabilidad que está asumiendo; para que cumpla con su función, le vamos a asignar a personal de la Policí­a Nacional Civil, el Ejército, inteligencia, y los recursos técnicos que requiera. Por otra parte, hay cuestiones de voluntad polí­tica; si hay que instaurar estado de Excepción en una zona roja, pues hay que tener el carácter y la voluntad para hacerlo; si hay que implementar la Pena de Muerte, que está dentro de la legislación guatemalteca, también hay que hacerlo. Eso es para mencionar sólo algunos aspectos, pero tenemos un plan mucho más grande. Además, hay que motivar a los guatemaltecos para que participen en el tema de la seguridad, que se atrevan a denunciar y a organizarse para defender a su propia colonia, zona o municipio.

Los guatemaltecos no denuncian porque no confí­an en las autoridades. ¿Cómo devolver la confianza a la población?

Esa es parte de la refundación que planeamos hacer en la Policí­a, además de fortalecer el Ministerio Público. Esto es necesario, para darle seguimiento a las denuncias, pues ante la escasez de personal, es difí­cil para esa institución cumplir con su misión. Este fortalecimiento institucional le va a dar confianza a los guatemaltecos para denunciar y acercase a las autoridades, y dejar de temer a los delincuentes.

¿Qué papel juegan las instituciones de inteligencia contra el crimen organizado?

Ahora no tenemos sistemas de inteligencia. Se creó la Dirección de Inteligencia Civil, que ha tenido muy poco desarrollo, ya que le han quitado los recursos y no ha tenido la capacidad para cumplir con la función para la cual fue creada. Por otro lado, la inteligencia militar se desactivó de estas tareas que no le corresponden. Pero debe haber una comunidad de inteligencias, como las hay en otros paí­ses. La inteligencia militar debe colaborar con la civil, para tener la capacidad de comunicarse y compartir acciones para el servicio de la Secretarí­a de Inteligencia del Estado. Tenemos que hacer que esto funcione en beneficio de la seguridad de los guatemaltecos y de todos los que hoy se suben angustiados a un bus.

¿Por qué creen que hasta el momento no le han apostado a la inteligencia?

Se debe a la falta de voluntad polí­tica y al desconocimiento de la utilización de esas herramientas que son clave. Esto hace que se queden por un lado los recursos para combatir el crimen.

¿Qué papel debe jugar el Ejército en la sociedad?

El Ejército debe asumir el rol que se definió en los Acuerdos de Paz. El Ejército tiene tareas muy importantes, como por ejemplo, en la atención de los desastres naturales y debe colaborar decididamente en la seguridad de los guatemaltecos. Hay un clamor de las poblaciones del interior del paí­s por destacamentos militares y por eso hay que hacer un uso eficiente del Ejército, para colaborar efectivamente en la seguridad.

¿Y cómo se logra eso?

Los patrullajes y las fuerzas de tareas combinadas no son una forma de utilizar el Ejército. Proponemos las fuerzas de tarea, en las que entra el Ejército, pero, que no va a andar a la par de un policí­a, sino que va a tener un lineamiento especí­fico, para que haya resultados.

¿Qué opina de la lucha contra la impunidad en Guatemala y la CICIG?

La CICIG juega un papel importante. Debemos estar conscientes que no vamos a tenerla para toda la vida y no podemos depender de un Comisionado. Debemos tomar conciencia que somos los guatemaltecos los que nos tenemos que comprometernos para luchar en contra de la impunidad. Y para eso, necesitamos fortalecer nuestras instituciones. En la medida en que estemos dispuestos a darles los recursos, a profesionalizar y a institucionalizar instituciones como el Ministerio Público y las otras que integran la cadena de justicia, que incluye el Sistema de Presidios, en esa medida vamos a lograr salir de los niveles de impunidad que hoy tenemos.

Ha habido un despertar de la sociedad civil en la fiscalización y en la lucha contra la impunidad. ¿Cómo seguir motivándolos para que sigan participando?

La participación de la sociedad y demás sectores es importante, porque eso ayuda a hacer una auditorí­a y obligar la transparencia de los procesos y la función de las personas que están involucradas en el Gobierno y en instituciones de Estado. Hay que seguir despertando de que nosotros los guatemaltecos somos los únicos responsables de nuestro paí­s, y que no podemos seguir dependiendo de la comunidad internacional.

La población espera una respuesta a la citación de inseguridad, que a diario causa mucho dolor. ¿Cuál es su mensaje para las personas que han perdido a un ser querido por la violencia o que tienen temor de salir a las calles?

Uno puede hablar de ello, pero no es lo mismo que vivir la tristeza y el dolor que pasa una familia cuando pierde a un ser querido, o la frustración y angustia que se siente con sólo tener un asalto o robo. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Hoy la seguridad es el tema más importante del paí­s, que afecta, no sólo el dolor de las personas que han perdido a un ser querido, sino que afecta al paí­s, porque hay inversiones que no van a venir y hay empleos que se están perdiendo. Hay una desilusión de los guatemaltecos al ver el crecimiento del crimen y la delincuencia en el paí­s. A las familias uno les puede demostrar su sentimiento de solidaridad, pedirles resignación, pero eso no llena el vací­o que deja la pérdida de un familiar. Tenemos que actuar.

Cómo afecta a la democracia, el hecho de que un familiar se conforme con el que le den el cadáver de un ser querido, pero tiene pocas posibilidades de encontrar la justicia.

Eso debilita a la democracia, porque esta se sustenta en tener instituciones fuertes y efectivas. Si no logramos fortalecer las instituciones vamos a perder la expectativa del sistema democrático, y eso es muy peligroso. El tema de la seguridad y la justicia es clave; mientras no logremos resolver estos problemas, lo demás no lo vamos a poder construir. No vamos a lograr que los guatemaltecos crean en el sistema democrático, si la democracia no les da respuesta a necesidades tan básicas, cómo poder vivir en paz.

¿Cuál es su postura frente al uso de los fideicomisos públicos?

En un momento se empezaron a utilizar los fideicomisos con el pretexto de agilizar la inversión. Tal vez fue una buena intención, pero después se convirtieron en focos de corrupción, porque las auditorí­as y la fiscalización no pueden llegar a esos fideicomisos. Tenemos que reinventar los procesos si vemos que han propiciado la corrupción. Hay que evitar los fideicomisos y hacer una ley de compras y contrataciones ágil, pero también fortalecer el control de las instituciones de Estado.

¿Es factible ver una propuesta para la ley de compras y contrataciones en este periodo legislativo?

Es complicado. En el Congreso hay cada vez más fragmentación, las alianzas que pudo haber tenido el Gobierno actual en los años y no hizo las cosas que tení­a que hacer, en este año será muy complicado.