Cuando en 1985 se aprobó la Constitución Política de la República que actualmente nos rige, los guatemaltecos confiamos en que se estaba marcando un hito para emprender la construcción de una efectiva democracia que dejara atrás los vicios del autoritarismo. Ilusionados acudimos a las urnas para elegir al primer gobierno de la época democrática y la masiva participación ciudadana fue reflejo de esas ilusiones.
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Desde el principio se pudo ver que hubo un divorcio entre las autoridades electas y el pueblo porque desafortunadamente la corrupción empezó a manifestarse en condiciones extraordinarias y nunca se llegó a concretar la existencia de un mandato real mediante el cual los electos entendieran que no eran dueños del poder sino depositarios del mismo y como tales, responsables ante el mandante que es el pueblo. Serrano exacerbó la crisis y luego vino una reforma constitucional que pretendía justamente darle al sistema más oxígeno, sobre la prédica de una depuración que implicaba, tácitamente, mejorar la representación política en el país.
La tal depuración no lo fue y simplemente hubo sustitución de unos por otros, porque no cambió el sistema ni el método. Y así hemos vivido cinco lustros de mayor o menor frustración en los que nos ha tocado ser testigos de un retroceso peligroso. Empezando por los temas de seguridad ciudadana hasta llegar a la impunidad y corrupción, el país pareciera estar hoy peor de lo que estaba cuando emprendimos el camino de construir la anhelada democracia. Ciertamente hay aspectos positivos, como la firma de la paz a la que se tiene que matizar porque los acuerdos que le dieron vida nunca llegaron a ejecutarse. Pero sí que existe más libertad de expresión y aun en medio de la inequidad, el país ha tenido momentos de prosperidad económica. Sin embargo, viendo los indicadores del desarrollo humano nos damos cuenta que los avances no se han traducido en mejoras sensibles y efectivas en cuanto al potencial de nuestro pueblo. Seguimos exportando guatemaltecos que van al extranjero en busca de las oportunidades que aquí no encuentran, mientras que producimos generaciones enteras marcadas por la falta de desarrollo físico e intelectual producto de la desnutrición, lo cual es un pecado social en pleno siglo XXI. Pero acaso lo más grave es la perspectiva de futuro, puesto que por donde uno mira lo que ve es más de lo mismo. No existe una propuesta que nos abra el horizonte a un cambio profundo en el que se pueda rescatar el modelo de la democratización con claro concepto de lo que es el servicio público y de lo que es el mandato popular. Y eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión porque Guatemala no puede seguir entreteniendo la nigua del desarrollo y conformarse con una democracia de fachada que se produce con elecciones periódicas en las que cambian los nombres y las mañas se vuelven más o menos explícitas, pero siguen estando allí, en lo profundo de la gestión pública.
No creo que la culpa sea exclusiva de los políticos puesto que éstos llegan hasta donde los ciudadanos los dejamos llegar. Si tras el robo descarado de 82 millones en el Congreso no dijimos nada ni presionamos para el castigo de los culpables y la recuperación del dinero, no podemos extrañarnos de que Meyer siga calentando la curul ni de que otros sigan pensando cómo se enriquecen porque el precedente lo sentamos nosotros, los ciudadanos, al «aguantarnos», de acuerdo a la receta presidencial.
No hay democracia sin ciudadanos y lo que hace falta en el país es gente que ejerza ciudadanía. Reclamar derechos, pero cumplir deberes es la clave para construir nuestra democracia.