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«Los poderes públicos no pueden conformarse con un porcentaje tan bajo» de empleos logrados a través de sus servicios, reconocí­a hace poco el presidente del gobierno socialista, José Luis Rodrí­guez Zapatero.

Según los medios de prensa, las oficinas españolas de empleo sólo desempeñan su papel en un 8% de los contratos realizados. El Estado dejó de publicar cifras al respecto en el 2005.

La cuestión ha cobrado gran importancia en medio de la difí­cil situación que atraviesa España, que registró una tasa de desempleo de 20,09% en el segundo trimestre, un récord en la Unión Europea (UE).

Este otoño (boreal) se realizará «una reforma en profundidad del sistema de polí­ticas activas de empleo, con el fin de aumentar su capacidad para casar las demandas y ofertas de empleo y asegurar que los trabajadores, especialmente los desempleados, reciben la formación y capacitación más adecuada», anunció Rodrí­guez Zapatero.

El gobierno multiplica las reformas para intentar reactivar un paí­s sacudido por la crisis. Dos ya fueron iniciadas (bancos y derechos laborales) y una tercera será abordada próximamente (jubilación).

Las polí­ticas activas de empleo incluyen medidas para ayudar a los desempleados a volver a encontrar trabajo a través de ofertas, formación. Se diferencian de las polí­ticas pasivas, basadas en los subsidios.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España dedicó en 2008 el 0,73% de su PIB a estas polí­ticas (1,89% para las pasivas), contra el 0,81% de Francia y Alemania, o el 0,99% de Suecia.

«Es el paí­s que menos gasta en Europa en el impulso de sus servicios públicos de empleo», afirmó recientemente el ex secretario de Estado socialista de Empleo, Valeriano Gómez, en el diario El Paí­s.

Los gastos siguen siendo pocos y orientados a los subsidios «más que a la formación y las oficinas públicas de empleo», confirmó el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el que el mercado laboral es el «talón de Aquiles» de España.

«En proporción a nuestro tamaño, los servicios de empleo españoles son seis veces menores que los de Francia, 12 menos que los del Reino Unido y 18 veces más reducidos que los de Alemania», añadió Gómez.

«Ese es el tema clave, es lo que hay que reformar en España», sostiene Raúl Ramos, profesor de economí­a en la Universidad de Barcelona, quien citó también a Alemania.

En ese paí­s un funcionario de una oficina de empleo «puede estar mucho más atento para conocer mejor a este parado, para saber qué ha hecho, en qué trabajaba, qué formación tiene, qué ofertas pueden ser interesantes para él», explicó.

En España, con 18 veces más casos para gestionar «todo lo que puede hacer es controles rutinarios, tener como una receta genérica y no puede dar una atención personalizada».

Una «formación muy genérica, por ejemplo cómo encontrar trabajo a través de internet», ejemplificó.

«Es eso lo que explica que en España las agencias de trabajo temporal tengan una presencia tan fuerte en relación a otros paí­ses: estas agencias privadas dan una mayor atención al parado, le van a buscar un empleo, precario, con un sueldo bajo, pero seguro que le van a encontrar un empleo», añadió.

«En España, cuando una empresa quiere cubrir un puesto de trabajo vacante, no puede ir a los servicios públicos a ofrecerlo, porque no le van a cubrir. Entonces, lo que hace es que va al sector privado», continuó.

Incluso los desempleados «ya no tienen confianza» en los servicios oficiales.

Para Rafael Pampillon, economista de la IE Business School, el verdadero problema es el de la formación, ya que «no hay incentivos económicos a las empresas para que formen a sus trabajadores».

«El problema de España es que hemos estado muchos años centrados en la construcción, los servicios, el turismo. Ahora hay que cambiar de modelo productivo, lo que exige que los trabajadores tengan otras capacidades», concluyó.