Pese a sufrir algunas heridas en su cabeza el camarógrafo Alejandro Hernández, del canal Televisa, logró sobrevivir junto a otros tres periodistas, a un inédito secuestro de comunicadores a manos del narcotráfico en México.
Este secuestro encendió el alerta en uno de los países más peligrosos para la prensa, al tiempo que revela un intento de los cárteles por dictar la línea editorial de la prensa, en virtud de que los captores condicionaron la liberación a la difusión de tres videos del narcotráfico.
El Comité de Protección a los Periodistas (CPP), con sede en Nueva York, asegura que más de 30 comunicadores han sido asesinados o desaparecidos en México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó un operativo contra el narcotráfico con más de 50 mil militares, en diciembre de 2006.
Desde entonces, la violencia ligada al crimen organizado deja más de 25.000 muertos, mientras varios reporteros han renunciado a la profesión por amenazas o ataques.
Una misión conjunta de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) estará este mes en México para investigar las amenazas a la libertad de expresión.
El secuestro de los cuatro comunicadores, ocurrido el 26 de junio en el estado de Durango (norte), se resolvió hoy con un operativo de la Policía en la casa donde quedaban retenidos dos camarógrafos. Dos periodistas habían sido soltados antes por los captores, ninguno de los cuales fue detenido.
Pero no todos los secuestros de periodistas se resuelven de forma tan rápida o afortunada.
«Los periodistas son desaparecidos o muertos por sicarios a sueldo de barones del crimen, mientras sus socios: alcaldes, gobernadores, legisladores o gobernantes en general, hacen todo para que nadie investigue nada», escribió en el diario El Universal el columnista Ricardo Alemán.
Pese a que México cuenta con un fiscal especializado para investigar los ataques contra los periodistas, su desempeño ha sido cuestionado. El fiscal, Gustavo Salas, rechazó una solicitud de entrevista de la AFP.
Una iniciativa del Congreso para que las autoridades federales investiguen estos crímenes también está estancada.
«Hay evidente falta de voluntad política cuando el Congreso y el Ejecutivo deberían darle prioridad. Es una crisis muy seria», comentó Carlos Lauria, del CPP.
Para Balbina Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, las muertes de periodistas son vistas con apatía en medio de las altas cifras de asesinatos que sacuden al país.
El gremio es poco solidario y las pocas asociaciones de periodistas se dedican básicamente a defender derechos laborales, añade.
En zonas donde actúa el narcotráfico, algunos periodistas se ven obligados a aceptar sobornos por miedo u optan por la autocensura. «A diario, las zonas de silencio se van haciendo cada vez más densas», agrega la corresponsal de RSF.
En tanto en internet sitios protegidos por el anonimato se posicionan como fuente de información de hechos violentos relacionados con el narcotráfico.
Los cárteles de las drogas parecen competir entre ellos para atraer la atención de los medios, con decapitaciones, masacres o cadáveres colgados en puentes vehiculares.
Los cuatro periodistas secuestrados en Durango habían cubierto una protesta en una cárcel de la ciudad de Gómez Palacio, cuyos responsables fueron acusados de dejar salir a grupos de presos para cometer tres masacres que dejaron 35 muertos.
Según la Secretaría (ministerio) de Seguridad, los captores eran miembros de la misma red y exigían para liberarlos, que la televisión difundiera tres videos en que se acusa a sus enemigos los Zetas, ex militares convertidos en narcotraficantes, de gozar de protección gubernamental.
El grupo Multimedios-Milenio transmitió los videos en su canal regional de Durango pero no a nivel nacional, lo mismo hizo Televisa, que en protesta dejó una hora su pantalla en negro.
«El riesgo es que en el futuro muchos otros medios y programas se encuentren en esta misma y muy delicada situación», resumió la conductora de Televisa, Denisse Maerker.