El hermano de Ovidio Pérez pensaba regresar a su Guatemala natal debido a la ley aprobada en el meridional estado estadounidense de Arizona, que criminaliza al inmigrante sin documentos. Así fue, sólo que volvió en un ataúd.
«Mi hermano solía decir: «vine a trabajar porque tengo un hijo y, por lo menos, le quiero dejar un lugar para vivir cuando cumpla 18 años»», recordó Pérez.
Los dos hermanos eran jornaleros. Buscaban trabajo en las calles de Phoenix que les diera entre ocho y 10 dólares la hora.
Rosalío Pérez, de 40 años, perdió la vida en uno de esos empleos.
El 24 de julio cayó de una palmera que estaba podando. El incidente ocurrió pocos días antes de que una jueza inhabilitara ciertos artículos de la controvertida ley SB 1070, como el que criminaliza a una persona que busca trabajo en la calle.
La norma también prevé multas para los empleadores y las personas que trasladan o albergan inmigrantes sin documentos.
La Red Nacional de Jornaleros Organizados (NDLON, por sus siglas en inglés) recusó la ley y evalúa hacerlo de vuelta porque sus miembros viven situaciones límite en materia de derechos humanos. La norma no hará más que empeorar las cosas, según la organización.
«Por eso no cantamos victoria», señaló el director ejecutivo de NDLON, Pablo Alvarado. El gobierno de Barack Obama es responsable de lo que ocurre en Arizona, sostuvo.
El gobierno federal abrió la puerta a leyes de ese tipo con normas anteriores como la 287 (g), que otorga a la policía la potestad de hacer cumplir la legislación migratoria.
«No hace más que crear consternación, terror en la comunidad y desconfianza hacia la policía y no ayuda a combatir el delito. La gente no cooperará si la pueden acusar de cometer un delito», arguyó.
«Se criminaliza o se legaliza, el gobierno de Obama criminaliza», sentenció.
«Los clientes se espantan», indicó Gerardo Pérez, jornalero mexicano que trabaja en una tienda de Phoenix.
Otro jornalero mexicano de Morelos, Miguel Resendiz señaló que no se irá pese a la nueva ley. Sabe que siempre estuvo la amenaza por los continuos allanamientos ordenados por Joe Arpaio, jefe de policía del condado de Maricopa.
Arpaio está a la vanguardia de detenciones en los lugares de trabajo y de los jornaleros que buscan trabajo en la calle.
Las consecuencias de la nueva ley no se van a sentir sólo en las calles. Los departamentos de policía que no hagan cumplir la ley serán demandados y multados.
La ley fue un «éxito» sostuvo su promotor Russell Pearce, pese a la decisión de la jueza federal de inhabilitar ciertos artículos. El senador del opositor Partido Republicano está dispuesto a demandar a cualquier departamento que no la haga cumplir.
«Las políticas de refugiados son ilegales en el estado de Arizona», señaló, en alusión a lo que él considera que son normas de los departamentos de policía que pretendieran limitar las instancias en que los oficiales interroguen a una persona sobre su situación legal.
«La ley permite al pueblo demandar al gobierno si no la hace que se cumpla en su totalidad, está incluido en el texto», remarcó. «Tenemos una obligación con nuestra nación de defender esta frontera, el Estado de derecho y de frenar la situación aquí», añadió.
No queda claro cómo harán las autoridades para implementar los otros artículos, como los que consideran un delito menor trasladar personas indocumentadas en un vehículo. Algunas organizaciones concentran su trabajo en actividades de educación.
«Nadie nos va a salvar. La gente debe saber protegerse», señaló Alvarado. «Ganaremos si hay un gran esfuerzo de organización en el ámbito comunitario para controlar el trabajo de la policía», añadió.
Los accidentes laborales entre jornaleros son habituales, según una encuesta realizada en todo el país en 2005. Uno de cada cinco personas en esa situación sufrió algún tipo de lesión en su trabajo y más de la mitad no recibió atención médica el año en que fue hecho el estudio.
Los jornaleros suelen ser destratados por sus empleadores, concluyó también la investigación realizada por la Universidad de California, con sede en Los íngeles.
«Es peligroso trabajar aquí. Comienzas un empleo, pero nunca sabes donde terminarás», explicó Pérez, quien envió el cuerpo de su hermano a la localidad guatemalteca de San Marcos, gracias a donaciones de NDLON y del Consulado de su país
í‰l todavía no quiere regresar porque necesita tiempo para procesar el duelo. Quiere reunirse con su familia cuando puedan sonreír y dar la bienvenida al hijo que regresó vivo.
«Tengo que seguir adelante porque no puedo cambiar lo que ocurrió», señaló.
Ovidio Pérez
Jornalero
Senadores republicanos alertaron sobre la posibilidad de que el gobierno de Barack Obama intente reformar el sistema migratorio sin una legislación del Congreso, al criticar un documento de trabajo de autoridades migratorias que ha levantado polémica en Estados Unidos.
En una carta divulgada la noche del lunes, 12 senadores republicanos expresan «serias preocupaciones acerca de los intentos del gobierno de evadir al Congreso y el proceso legislativo para perseguir sus propios objetivos políticos».
Esta misiva se enmarca dentro de la acalorada discusión sobre una reforma migratoria en Estados Unidos, que subió de tono por una ley antiinmigrantes en el Estado de Arizona (suroeste), que entró en vigor la semana pasada sin las partes más polémicas.
El borrador del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), titulado «Alternativas administrativas a la reforma migratoria integral», divulgado por legisladores, sugiere «opciones» con «el potencial de resultar en una significativa reforma migratoria de no haber acción legislativa».
Este borrador es sólo de uso interno y «no debe ser equiparado con políticas» oficiales, indicó a AFP el portavoz del USCIS, Chris Bentley, que dijo que este tipo de documentos buscan «estimular ideas que puedan llevar a cambios importantes: algunas son adoptadas, otras descartadas».
La reforma migratoria, tema sensible en Estados Unidos, debe ser estudiada por el Congreso, donde fracasaron iniciativas en ese sentido en 2006 y 2007.
Los senadores, entre ellos el influyente John McCain, dijeron entender que el documento es un borrador, pero advirtieron que «levanta serias preocupaciones», al pedir una audiencia en la Comisión de Seguridad Interior del Senado para interpelar a los directivos del USCIS.
El documento de trabajo divulgado enumera «opciones para promover la unidad familiar, impulsar el crecimiento económico, alcanzar mejoras significativas de los procesos y reducir la amenaza de deportación» de ciertas personas.
Entre las opciones figura permitir que personas que se beneficien de estatutos temporales migratorios (TPS) puedan cambiarlos por definitivos, aumentar las libertades condicionales y dispensas para ilegales detenidos y facilitar la obtención de visas para ciertas personas.
La reforma migratoria es uno de los temas que domina el debate de cara a las legislativas de noviembre, donde los republicanos, actualmente minoría en ambas cámaras, buscan ganar terreno.
Obama insiste en una reforma migratoria que abra una vía para la legalización de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, pero la Casa Blanca admite que no se tienen los votos en el Congreso.