Envuelto en una espiral de violencia que ha provocado 28 mil muertes, el gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón ha aceptado por primera vez la posibilidad de discutir las implicaciones de legalizar la droga, aunque aclaró que no la comparte.
El debate sobre la legalización surgió de forma más bien inesperada durante una serie de diálogos convocados desde el lunes por Calderón con diversos sectores sociales para discutir eventuales modificaciones a su estrategia antidroga, cuestionada por estimular la violencia de los carteles.
El tema de una eventual legalización se mantuvo ayer, en la tercera sesión de esos diálogos, en la ocasión con líderes de varias confesiones, incluyendo la Iglesia Católica y otras organizaciones cristianas y judías.
El arzobispo católico de Yucatán (este), Emilio Berlié, se pronunció enfáticamente en contra porque, dijo, «en los lugares donde se ha reglamentado este flagelo no se ha resuelto nada».
Mientras esto ocurría en la sesión entre los líderes religiosos y el presidente, varios sectores políticos, incluso de la oposición, apoyaron que se abra el debate sobre el asunto.
«Celebro que el ejecutivo esté convocando a un debate de esta naturaleza», dijo el alcalde de la capital mexicana, Marcelo Ebrard (izquierda), quien subrayó que es la primera vez que un gobierno acepta hablar de legalizar la droga en el país.
En México, país de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y productor de marihuana y heroína, el consumo de estupefacientes es penalizado aunque desde 2009 se permite el trasiego de dosis de uso personal (cinco gramos de marihuana o 500 miligramos de cocaína).
El congresista del opositor Partido de la Revolución Institucional (PRI), Carlos Ramírez, señaló que se deben definir los alcances de la propuesta y recordó a periodistas que algunos países en Europa despenalizaron el consumo pero «ahora están dando marcha atrás».
El martes, Calderón afirmó en una de sus intervenciones en el foro que su gobierno está dispuesto a dar el debate, aunque su despacho aclaró más tarde que ello no quiere decir que haya cambiado su posición y que se sigue oponiendo a una legalización.
El subsecretario de Gobierno, equivalente a viceministro del interior, Roberto Gil, explicó a la AFP que lo único que pide la administración es que la discusión de realice de forma exahustiva.
«Tenemos que hacer una evaluación sobre las implicaciones de salud pública y el aumento de adicciones que tendría el asumir una política de despenalización», dijo.
La propuesta de legalizar la droga fue planteada en los foros por organizaciones no gubernamentales, como México Unido contra la Delincuencia y Causa Común, que han acogido al diálogo con Calderón aunque discrepan con su estrategia.
Tras asumir en diciembre de 2006 Calderón, declaró la guerra a los carteles, que han tenido un accionar cada vez más violento, con balaceras en la vía pública de distintas ciudades, masacres de jóvenes e incluso el reciente estallido de un coche bomba en Ciudad Juárez (norte, en la frontera con Estados Unidos).
María Elena Morera, presidenta de Causa Común, destacó que mientras en Estados Unidos aumenta la tendencia a despenalizar el consumo, muchos mexicanos enfrentan los efectos más negativos de la lucha contra el narcotráfico.
Va ser muy difícil «explicar a los campesinos mexicanos que les estén quemando sus plantíos, cuando a 200 kilómetros al norte de la frontera esto ya va a ser permitido», señaló a la prensa, al aludir una votación en noviembre en California para legalizar el consumo de marihuana.