En ese sentido, y para evitar una guerra de dimes y diretes que no es edificante y que no tendrá mayor efecto porque no se puede apelar a la responsabilidad y a la ética de quienes no entienden en absoluto tales valores, creemos que es procedente que se traten de agotar los procedimientos legales para proceder a remover al funcionario que ha mostrado tan poco respeto por la opinión pública, demostrando increí­ble desfachatez para justificar todos los temas que tienen a la población justamente indignada por su mal comportamiento.

El magistrado Barrientos habló de vicios administrativos que obligan al pleno a conocer el caso y pronunciarse al respecto. Hay amparos interpuestos contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad cuya resolución puede ir despejando el camino. Pero fundamentalmente hay un proceso penal, entrampado misteriosamente, iniciado en su contra por entidades serias como la Fundación Rigoberta Menchú y la Diócesis de San Marcos, en el que se acusa al licenciado ílvarez de falsedad en la realización de un negocio para favorecer a la empresa minera.

La denuncia no ha sido tramitada como corresponde y se está entreteniendo más de la cuenta, lo cual es inconveniente porque, en todo caso, vale la pena que se conozca con celeridad si los hechos imputados son realmente constitutivos de delito o no. Entrampar el proceso es un error muy grande porque eso contribuye a generar esa sensación de que nuestra administración de justicia está en manos no idóneas para el cometido.

Pensamos que el tema es importante y hasta crucial para el paí­s, pero apelar a que renuncie alguien ante señalamientos de este tipo implica que ese sujeto tenga elevados niveles de responsabilidad, de ética y de valores cí­vicos y morales. No siendo tal el caso, es absurdo pretender que por la ví­a de la renuncia se vayan a resolver los problemas y por lo tanto insistimos en que lo procedente es agotar los debidos procesos.