Una jueza federal estadounidense bloqueó hoy las partes controversiales de una polémica ley antiinmigrantes de Arizona, que había sido impugnada por el gobierno de Barack Obama, un día antes de su entrada en vigencia.
La ley SB1070, rechazada tanto por el gobierno de Obama como por grupos de defensa de hispanos y numerosos países de América Latina, entrará en vigor mañana sin las disposiciones que en la práctica hacían que por primera vez se declarara la inmigración ilegal como un delito estatal en Estados Unidos.
La jueza federal de Phoenix, Arizona, Susan Bolton, ordenó bloquear las partes controversiales hasta tanto haya una decisión sobre el fondo del asunto, al señalar que el gobierno estadounidense «probablemente tenga éxito» en demostrar que la ley abarca terreno ya cubierto por leyes federales.
Al introducir su demanda, una de las siete contra la SB1070 que estudia la jueza Bolton, el gobierno de Obama afirmó que las políticas migratorias son potestad exclusiva del gobierno federal.
Bolton suspendió la disposición de la ley que requería a la policía corroborar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de estar en el país sin documentos migratorios, en este estado fronterizo con México donde viven unos dos millones de hispanos.
Se estima que en Arizona habitan unas 460.000 personas indocumentadas de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos, la mayoría de ellos hispanos.
La jueza también bloqueó las disposiciones de la ley, promulgada el 23 de abril por la gobernadora de Arizona Jan Brewer, que convertía en crimen el no portar documentos migratorios y o que inmigrantes ilegales solicitaran trabajo o lo realizaran.
La SB1070 había desatado numerosas protestas en su contra, a pesar de que según sondeos recientes la mayoría de los estadounidenses estaban de acuerdo con la polémica legislación.
La ley es «una medida racista, discriminatoria e hipócrita hacia los trabajadores de esas mismas personas que hablan contra los indocumentados», señaló a la AFP Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros en Arizona.
Las protestas continuarán porque «hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas», dijo a la AFP Paulina González, portavoz de la organización «We Are All Arizona» (Todos Somos Arizona).
Numerosos activistas se preparaban para viajar a Arizona para protestar en coincidencia con la entrada en vigencia de la ley, que había sido impugnada igualmente por el gobierno de México, país de donde provienen la mayor cantidad de inmigrantes, apoyado por otros once países latinoamericanos.
La decisión judicial de este miércoles arrancó aplausos de grupos que abogan por una reforma migratoria integral en Estados Unidos.
«Seguimos considerando que la ley de Arizona es equivocada e inconstitucional y la decisión de hoy nos da la razón», señaló en un comunicado el director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani.
El legislador demócrata Luis Gutiérrez, autor de un proyecto de ley de reforma migratoria, saludó el bloqueo parcial de la SB1070, pero advirtió que ahora «el gobierno federal debe reformar las leyes para que haya reglas claras que inmigrantes, empleadores, gobiernos locales y estatales puedan seguir».
A pesar de que Obama ha defendido la reforma migratoria que abra un camino para legalizar a los once millones de indocumentados, la Casa Blanca admite que no cuenta con los votos para aprobarla en el Congreso, donde iniciativas similares fracasaron en 2006 y 2007.
Mientras, los estadounidenses, que enfrentan el peor clima económico en décadas, muestran su desconfianza ante la migración: un sondeo de la firma Gallup mostró el martes que un 45% de ellos considera que la inmigración debe disminuirse, contra un 17% que aboga por incrementarla.
Una ola de agresiones de carácter racista contra hispanos se está registrando en algunos suburbios de Nueva York, indicó hoy la policía y el consulado de México, que tomaron medidas.
La policía anunció que a partir de la noche del martes al miércoles se aumentó el número de patrullas en State Island (sur de Nueva York), tanto de agentes en uniformes como de efectivos en civil.
Los «Guardian Angels», grupos de voluntarios civiles, y el consulado de México en Nueva York también anunciaron el despliegue de personal en la zona ante el incremento de los ataques, principalmente contra mexicanos.
«Nos complace que haya más ojos y oídos, vengan de donde vengan», comentó a la prensa el jefe de policía de Nueva York, Raymond Kelly, tras indicar que la Fuerza de Tareas contra Crímenes de Odio está «investigando agresivamente».
La última víctima fue el oaxaqueño Fidel González, miembro de una familia numerosa asentada en el condado Richmond de Staten Island, brutalmente golpeado en Faber Park el viernes pasado cuando regresaba a su casa, según el consulado.
Las autoridades precisaron que este año hubo 21 crímenes motivados por el odio racial en Staten Island, de los cuales 11 fueron contra latinos, contra solo dos hechos de esa índole perpetrados contra hispanos en 2009.