El parlamento catalán prohibió hoy las corridas de toros en esta próspera región del noreste de España a partir de 2012, en una decisión considerada un ataque a la libertad por el mundo del toro y un paso adelante por los antitaurinos.
Los legisladores catalanes aprobaron este miércoles con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones la ampliación de la ley catalana de protección de los animales para prohibir las corridas de toros, constató la AFP.
El parlamento catalán decidió aprobar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por 180.000 firmas y presentada en julio de 2009 por los opositores a la tauromaquia, convirtiéndose en la segunda región española que prohíbe la Fiesta después que en 1991 ya lo hicieran las islas Canarias.
«Escuchen el grito de una sociedad que se replantea sus propias tradiciones», afirmó hoy ante los diputados catalanes la portavoz de la plataforma «Prou! (¡Basta! en catalán)», promotora de la ILP, Anna Mulí , mientras en el exterior del parlamento se habían congregado decenas de manifestantes a favor y en contra de las corridas de toros.
Los aficionados a la Fiesta pedían «libertad» para elegir, mientras que los adversarios reclamaban el fin de la «tortura» de los animales, constató la AFP.
«Se está cortando de un hachazo la libertad de la gente de allí y de todo el mundo a disfrutar de un espectáculo único con raíces culturales y tradicionales, que forma parte de nuestra forma de ser, es un auténtico atentado contra la libertad», afirmó tras la votación el diestro Manuel Jesús «El Cid».
Su compañero Enrique Ponce también consideró la decisión «una coacción a la libertad de los seres humanos precisamente por quienes hace 40 años abogaban por ella».
Sin embargo, para los detractores de la Fiesta Nacional el parlamento catalán acabó este miércoles con un espectáculo obsoleto y que ensalza la tortura.
«Esta victoria significa una puerta abierta para lograr la abolición de la tauromaquia en todo el mundo», consideró Aida Gascón, directora de la sección española de la asociación de defensa de los animales, AnimaNaturalis.
«Las corridas son un espectáculo de la tortura», afirmó durante su intervención el portavoz del grupo verde Iniciativa Per Catalunya-Els Verds (ICV-EUIA), Francesc Pané.
ICV, junto a los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ya habían anunciado que votarían a favor de la prohibición de la Fiesta en la región.
Frente a ellos, los legisladores conservadores del Partido Popular (PP) y del partido Ciutadans habían anunciado que votarían en contra de la ILP por lo que la decisión final quedó en manos de los diputados del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y de la coalición nacionalista Convergencia i Unió (CiU).
La mayoría de diputados del PSC, que junto a ERC y ICV forman el tripartito de gobierno en Cataluña, votaron contra la prohibición, mientras que los de CiU lo hicieron a favor.
Aunque el PP intentó presentar esta votación como un nuevo enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España, el presidente regional catalán, José Montilla, quien votó contra la prohibición, se apresuró a asegurar que «se equivocan» los que quieren usar esta decisión como un «termómetro de las relaciones entre Cataluña y España».
A pesar de que la votación tuvo lugar en un momento de crispación después que a finales de junio el Tribunal Constitucional español rechazara una parte del nuevo estatuto de autonomía ampliado de esta región, los debates entre pro y antitaurinos evitaron entrar en el aspecto político.
Partidarios y detractores de la Fiesta se limitaron a defender la «tradición catalana» por los toros o bien la defensa de los animales, decía el lunes el diario Público.
Sin embargo, mientras el gobierno español se limitó a asegurar que «respeta» la decisión catalana, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ya ha anunciado la presentación en el parlamento nacional de una iniciativa «en defensa de la libertad, algo tan elemental como eso, para que la fiesta de los toros sea declarada fiesta de interés general y de interés cultural».
También el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Fiesta, Luis Corrales, aseguró que recurrirá la nueva ley del parlamento ante el Tribunal Constitucional español.