Cuando se habla de la impunidad en Guatemala no es simplemente relacionada a la incapacidad del Estado para aplicar la ley, sino que se refiere también a la facilidad que ofrece nuestra estructura económica para que en el marco de la enorme corrupción generalizada del sistema, se produzcan muchos negocios que permiten el lavado de dinero y la creación de grandes capitales que tienen su origen en el crimen organizado. Según Mariano Rayo, hay estimaciones de que el giro de esa economí­a anda alrededor del 10 por ciento del Producto Interno Bruto del paí­s, es decir que supera al monto de lo que el Estado recauda en impuestos.

En esas condiciones no podemos extrañarnos de que el crimen organizado tenga más poderí­o económico que el mismo Estado y pueda adueñarse literalmente no sólo de regiones sino de actividades. En muchas de ellas cuenta con la complicidad de autoridades y por ello es que en el ámbito de la construcción existen tantas empresas relacionadas con alcaldes, gobernadores y diputados, que se aseguran contratos para realizar millonarias obras en las que se termina lavando buena parte del dinero señalado por el diputado Rayo.

Eso explica la resistencia a implementar una ley que en otros paí­ses ha dado resultados positivos, porque es un instrumento efectivo para desmantelar el poder de los criminales. Mientras éstos tengan acceso a movilizar sus grandes capitales sin temor a expropiaciones, seguirán siendo más poderosos que el Estado mismo y mantendrán de rodillas a un sistema que, por corrupto, ha sido cooptado. Si en el Congreso hubiera un ápice de patriotismo se habrí­a aprobado esa legislación desde hace mucho tiempo, porque está demostrado que en paí­ses donde la debilidad institucional es un atractivo para las actividades criminales, ha sido un efectivo auxiliar para contribuir a ir reduciendo la capacidad que tienen para comprar conciencias a diestra y siniestra.

Claro está que Guatemala en materia de legislación es muy peculiar, y si no que lo digan normas como la que prohí­be a dos personas viajar en moto, la que prohí­be la activación de celulares robados o la que obliga a la protección de la Reserva de la Biosfera Maya. En otras palabras, aquí­ las leyes están hechas para que nadie las cumpla o, en el mejor de los casos, para aplicarlas selectivamente, como hicieron cuando metieron preso al ladrón de dos palomas, mientras que dejan libres a quienes se roban millones.

Pero mientras tengamos la posibilidad de contar con apoyo extranjero para combatir la impunidad, esta ley serí­a de mucha utilidad para que mediante la presión de CICIG y aún de gobiernos amigos, comprometidos con ayudar a nuestro paí­s en la lucha contra ese flagelo, puedan lograr que se rompa la inercia de que las leyes se aprueban para nunca ser cumplidas ni acatadas. Creo que es de reconocer el empeño y el mérito de los diputados que han batallado para lograr que sea aprobada la ley, porque la extinción de dominio puede ayudar a reducir el enorme poder del crimen organizado.