Un tribunal federal en Estados Unidos tiene en sus manos la acción presentada por el gobierno del presidente Barack Obama para detener la vigencia de la norma racista de Arizona que criminaliza a las personas de apariencia hispana que podrán ser sometidos a registros y a quienes los policías estatales y de las ciudades podrán detener para indagar sobre su condición migratoria. El gobierno sostiene que la política migratoria y el control de la migración es competencia de agencias federales y no de cada Estado, por lo cual piden que se impida la vigencia de la norma que mañana cobrará vigor.
En general las encuestas indican que en muchos sitios de la Unión Americana existe un sentimiento contra los inmigrantes ilegales de origen hispano que contrasta con la actitud hacia otras corrientes migratorias que no sufren igual trato. El tema tiene muchas aristas, empezando por la xenofobia, pero también hay que reconocer que la resistencia de los latinos a incorporarse a la vida, la comunidad, las costumbres y el idioma los coloca muchas veces en posición de desventaja y genera ese sentimiento contrario en muchas comunidades.
Para los guatemaltecos, ante el sentimiento de discriminación que se propaga, es importante insistir en el Estatus de Protección Temporal que se ha solicitado a la Casa Blanca y que ha recibido respaldos importantes como el de John Kerry, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Especialmente porque se está propagando una tendencia a imponer sanciones administrativas que tienen la finalidad de hacer difícil la vida de los inmigrantes ilegales, empezando por la intención de prohibir que sean inscritos en las escuelas los hijos de aquellas personas que no han regulado su condición migratoria.
El ideal sería que cesara el flujo de migración hacia Estados Unidos, pero la verdad es que las condiciones en el país lejos de atraer y arraigar a nuestra gente, la expulsan. Sea por la dificultad económica o sea por la inseguridad que nos agobia, los guatemaltecos piensan en un mejor futuro más afuera del país que los vio nacer que aquí. Y es que no es para menos, puesto que fuera de una transferencia de 300 quetzales al mes y alguna bolsa solidaria, nuestra gente no recibe del sistema ninguna oportunidad y aún los niños que son enviados a la escuela no logran, con ello, abrirse un horizonte de posibilidades.
El Estado es incapaz de asegurar condiciones de vida digna y seguras para sus habitantes y, por lo tanto, el flujo migratorio lejos de reducirse aumenta y en las condiciones menos favorables para nuestros compatriotas.