El clima de violencia e inseguridad hace relucir nuevamente la discusión sobre la aplicación de la pena de muerte. Analistas consultados coinciden en que la discusión es aprovechada por quienes, en busca de votos, ofrecen una «solución drástica» o una «imagen democrática» para el electorado.
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La discusión entre quienes se muestran a favor y en contra de la pena de muerte sale a luz pública en momentos en que el debate sobre la seguridad es fundamental en la anticipada carrera política, de cara a las Elecciones Generales de 2011.
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Muto (GAM), señala que, al sacar a discusión el tema y ofrecer que se aplicará la pena de muerte, «se juega con la voluntad de la población porque se le hace creer que se pueden implementar determinadas medidas y hay que tomar en cuenta que esto requiere la aplicación de acciones legales que pueden ser contraproducentes».
«Yo he escuchado con mucha preocupación anuncios de candidatos a la presidencia que ofrecen esto, y lo que infunden es miedo por la agresividad con que están clamando por la pena de muerte; creo que no debieran jugar con estas situaciones en las que el pueblo está pagando con su vida por la violencia», dice Polanco.
No obstante, también surgen actores sociales que manifiestan su oposición a la pena capital, no por convicción, sino como parte de una estrategia para mostrar una supuesta faceta «democrática» de la política.
TEMA PARTIDISTA
Adela Camacho de Torrebiarte, ex ministra de Gobernación, señala que tanto la pena de muerte, como el tema de seguridad en general, salen a relucir en tiempo de campaña electoral como un tema político partidista y no como una política de Estado.
«Es una respuesta violenta que satisface mucha de la frustración de la población guatemalteca; hay que ser responsable en lo que se ofrezca ya que la pena de muerte se puede aplicar sólo después de un proceso contra un sindicado que ha cometido específicos delitos y condiciones, pues no es aplicable a todos los asesinatos», dice la ex funcionaria.
Por su parte, Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCPG), indica que el tema se acentúa más cuando se acerca la campaña electoral ya que los políticos se manejan por votos, y al tener conciencia de que la población exige seguridad, «evidentemente intentan, con un discurso demagógico, ganar votos al dar a entender que ellos sí aplicarán la pena de muerte y que, bajo esa perspectiva, tienen una estrategia de seguridad», dice.
Canteo señala que la población debe cuidarse de no caer en ese tipo de discursos y propuestas.
POLíTICAS CLARAS
Polanco señala que los políticos muchas veces «aprovechan la desesperación que tiene la población sobre el tema» ya que no existe una política clara de cómo se va a resolver la violencia.
Por otro lado, Canteo explica que se ve poca respuesta del Estado ante una situación grave en el país, considerando el tema como «la gran deuda», no sólo de este gobierno sino de todos los que han dirigido el país, pues se evidencia que no hay una estrategia de seguridad para contrarrestar la delincuencia.
Lo importante, para el analista, es diseñar una política de Estado en temas de seguridad y que esta sea respaldada por voluntad política y con los recursos suficientes para aplicar; por ello, se apoya una reforma fiscal integral que permita dignificar la profesión policial y elevar el perfil del agente de Policía.
Sobre esto, la ex ministra señala que a pesar de que en otros períodos presidenciales no hay políticas claras de seguridad, en el actual Gobierno se ve una clara debilidad en cuanto al tema, por lo que espera que la discusión sea «más fuerte».
«Es como una venta y una compra de votos. Por medio de una promesa electoral no se puede dejar de hablar de la seguridad, pero se debe hablar de ello de una forma responsable y seria», dice De Torrebiarte.
EFECTIVIDAD
Para Polanco, para regular la seguridad es necesario que se busque el buen funcionamiento de las instituciones. «Que a la Policía no le transfieran dinero para otras dependencias, que elijan a ministros de Gobernación con capacidad y eficientes, que se retome el control de las cárceles y que el Ministerio Público funcione bien».
Mientras no se actúe como debe ser, asegura Polanco, el nivel de seguridad se irá incrementando, pues considera que el único disuasivo que puede funcionar es la correcta aplicación de la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia. «No necesariamente creando más leyes, sino aplicando las que ya existen, se va a disuadir al delincuente».
El analista del IECCPG considera que la pena de muerte no funciona como disuasivo, lo que ha sido reconocido en países donde se ha aplicado, y al contrario, señala el experto, produce que se incremente la inseguridad; «lo que se requiere es una efectiva aplicación de la Ley, no es la severidad de la pena lo que inhibe a un delincuente, es su aplicación», dice Canteo.
«No hay mejor disuasivo, señala De Torrebiarte, que la justicia pronta y cumplida, no necesariamente la pena de muerte, ya que existen leyes y procesos en el país que hay que construir».