Guatemala carece de leyes que regulen y protejan las obligaciones y derechos del consumidor financiero (usuario bancario) es por ello que el CABI (Inteligencia de negocios de Centroamérica, por sus cifras en inglés) propone, por medio del ministerio de Economía, la «ley para la protección del consumidor y usuario financiero», complementada con la «ley para la promoción de la competencia.»
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Carlos Mendoza de CABI, menciona que el factor elemental es reforzar a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) «ya que es la responsable por velar por los derechos de los usuarios bancarios, pero ésta no tiene conocimiento ni competencia en este tema».
Existe una iniciativa de ley que se discute en el Congreso y que según Erick Coyoy, ministro de Finanzas podría obtener dictámen favorable, transformaría a la DIACO en la «Procuraduría de la Defensa del Consumidor y del Usuario», con esto se espera reforzar la protección de los consumidores.
Miguel Gutiérrez de CABI, agrega que «está estipulado en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y se contempla que en seis años los países centroamericanos deben de armonizar su política de competencia, pero Guatemala es el único país que no tiene legislación sobre el tema, a Guatemala se le dieron tres años para contar con una legislación y luego incluirse en los planes de armonización de la competencia».