Las investigaciones en torno a la multimillonaria heredera de L»Oreal, Liliane Bettencourt, pusieron en entredicho el funcionamiento de la propia justicia francesa en un caso con sospechas de ramificaciones en las más altas esferas del poder político.
El abogado de la hija de la heredera de L»Oreal, Olivier Meztner, denunció hoy «la intrusión» del presidente francés Nicolas Sarkozy en el caso judicial que enfrenta a Liliane Bettencourt, de 87 años, la mujer más rica de Francia, y a su única hija, Francoise Meyers Bettencourt, de 57.
«Lo que es extraordinario es la intrusión del poder político en la justicia. La justicia debe ser independiente», sostuvo Meztner, reconocido penalista financiero francés en declaraciones a la radio privada RTL.
Según este letrado «se está viendo a un presidente que querría ocupar el lugar de los jueces» a través de su consejero para justicia «Patrick Ouart».
El caso Bettencourt arrancó con una demanda de Francoise Bettencourt contra Francois Marie Banier, un fotógrafo conocido en la farándula y protegido de la heredera del líder mundial de cosméticos, por «abuso de la debilidad» de su madre para recibir unos 1.000 millones de euros en donaciones.
El asunto familiar alcanzó una dimensión política tras conocerse unas grabaciones clandestinas de conversaciones de Liliane Bettencourt con sus allegados, entre éstos su gestor financiero, Patrice de Maistre, en las que se habla de evasión fiscal, de la intromisión del Elíseo en la causa que la enfrenta a su hija y del papel del fiscal de Nanterre, Philippe Courroye, y de los vínculos con el ministro de Trabajo Eric Woerth y su esposa.
En declaraciones a la brigada financiera de la policía y a la magistrada del tribunal de Nanterre, Isabelle Prevost Desprez, la ex contable de Liliane Bettencourt, Claire Thibout, y Maistre, involucraron en esos asuntos a Woerth, ministro de Presupuesto hasta marzo de 2010 y tesorero del partido en el poder (UMP), hasta su renuncia la pasada semana.
Su esposa, trabajaba además desde 2007 en la pequeña empresa que gestiona la fortuna de la Liliane Bettencourt, de unos 16.000 millones de euros.
Banier y Florence Woerth también fueron interrogados por la brigada financiera de la policía. Woerth debería serlo en breve.
Meztner teme que Courroye, que como todos los fiscales depende jerárquicamente del ministerio de Justicia y cuya cercanía a Sarkozy es públicamente conocida, archive las investigaciones preliminares que «sigue manteniendo en sus manos sin confiarlas a un juez independiente».
«No soy un hombre que cede a las presiones», afirmó Courroye en una entrevista al diario Le Figaro (derecha) al que no responde cuando se le pregunta por qué no transmite las grabaciones clandestinas a la jueza Prevost.
«Manifiestamente, las condiciones del ejercicio de una justicia serena ya no están reunidas en el tribunal de Nanterre», afirma esta semana en un editorial el diario Le Monde al hablar la rivalidad entre el fiscal y esa magistrada.
Como desde hace semanas vienen haciendo dirigentes de la oposición, ese rotativo afirma que «la justicia sólo podrá recuperar su credibilidad confiando el asunto a un juez de instrucción, independiente de todo vínculo jerárquico con el poder».
Más de 29.000 firmas, entre éstas de figuras de la oposición y magistrados franceses, respaldaron un llamamiento por una «justicia independiente imparcial en los casos Bettencourt» lanzado por el sitio internet independiente Mediapart, que divulgó las grabaciones clandestinas que revelaron el escándalo.