Las audiencias públicas que concede el Congreso de la República a diversos sectores de la sociedad civil para conocer las posturas sobre la propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral, que fue un consenso entre el Gobierno y las organizaciones campesinas, ya conocieron la oposición de la Cámara del Agro y del CACIF.
El temor principal de esta parte del sector privado radica fundamentalmente en el temor de que se regule el tema de la tenencia de la tierra, pues según han expuesto, podría prestarse a interpretaciones que lleven a la expropiación de tierras.
Ponen especial énfasis en el artículo 10 de la propuesta de Ley que señala: «La Política Agraria reformará y democratizará el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra, desincentivando su concentración mediante la dotación y otros mecanismos de acceso a la tierra, e incentivando el área destinada a la producción de alimentos, para el desarrollo del sujeto de la presente Ley en los términos que establecen la Constitución Política de la República, las Leyes y Convenios Internacionales ratificados por el Estado de Guatemala.
Mientras que aquí debe subrayarse que la regularización de la tenencia de tierra se hará bajo los términos de la Constitución de la Repúblicas y todo el marco jurídico establecido, el sector privado en mención, que dice que la Ley está plagada de inconstitucionalidades, subraya como una amenaza el aspecto «democratización en el régimen de uso y tenencia de la tierra».
En tanto, aseguran que el modelo de desarrollo rural actual debe diversificarse, no sólo a lo agrario, sino a servicios y dentro de esto el turismo. Otto Kuhshiek, presidente de la CamAgro, dice que está en la disposición de mantener el diálogo para el desarrollo rural, mientras que la entidad que preside solicitó retirar la iniciativa de Ley DRI.
Más antidemocrático no se puede ser. La realidad es que desde que se negociaban los Acuerdos de Paz, porque no tengo antecedentes anteriores, los grupos representados en CamAgro, nunca han estado en la disposición de entablar un diálogo. Es solo decir la palabra «tierra» para que se levanten de su silla. No conciben que pueda existir un mecanismo justo de tenencia de tierra, que empuje el desarrollo de las comunidades que hoy están padeciendo una cada vez más aguda crisis alimentaria.
En contraposición, su modelo de desarrollo, dicen, debe diversificarse a servicios como el turismo. Supongo que conocen que existen zonas en las Verapaces y el Corredor Seco, que no tienen ninguna infraestructura para eso. Y seguro utilizarán el discurso de que los megaproyectos como la Franja Transversal del Norte y las Hidroeléctricas proveerán esa infraestructura.
La realidad es que nunca una inversión tan fuerte ha estado diseñada al servicio de las comunidades pobres. Su fin exclusivo es favorecer las grandes inversiones de sectores como los cañeros, los palmeros, y los petroleros, y lo que han generado es una cada vez más difícil situación de conflicto con comunidades que son desplazadas.
Lo que desean es seguir teniendo un mecanismo de mercado con el cual sólo sus agremiados estén en capacidad de comprar la tierra. ¿eso es democracia?
Por otra parte, establecen un modelo «de nuevo campesino», orientado a las agro-exportaciones y con mayores rendimientos. Y la pregunta del sector campesino es ¿en dónde vamos a producir?
La próxima semana retomaré este debate que me parece es esencial si se quiere construir una sociedad democrática.