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Algunas zonas de la capital guatemalteca y municipios como Mixco y Villa Nueva son los sectores más afectados por los grupos criminales que cometen hechos delictivos de los que nunca se habla, porque los testigos de los actos temen ser ví­ctimas de represalias.

Vecinos de diversos sectores ven con preocupación esos hechos, que afectan a su comunidad, pero que ante un sistema débil de seguridad y justicia prefieren callar, antes de ser alcanzados por la muerte.

«TIERRA DE SICARIOS»

Para percatarse del temor en la población, basta con recorrer las calles de la colonia Santa Faz, zona 6, donde casi todos los comercios fueron cerrados, porque sus propietarios no podí­an pagar la cuota de extorsión a un grupo de sicarios que todos conocen, pero a los que nadie se atreve a denunciar por temor a sufrir las consecuencias.

«Estamos mal, usted misma lo comprueba, todos estos negocios (hasta las tortillerí­as) fueron cerrados porque ya nadie tiene para pagar a esos delincuentes que nos robaron la paz», dice un vecino en voz baja, quien prefiere no ser citado.

En efecto, en esta colonia se observa como las farmacias, carnicerí­as, tiendas de abarrotes, librerí­as, salones de belleza, entre otros, fueron cerrados porque sus propietarios no lograron «mantener la cuota» que pagaban a los sicarios.

Así­ refiere un vecino, que ofreció su teléfono celular a este vespertino, para comentar las atrocidades que se cometen en este sector; indica que los delincuentes cobran un «impuesto» de acuerdo a la capacidad adquisitiva que poseen los comercios o viviendas.

«Eso depende del grupo que esté operando allí­. Hay unos que mantienen una cuota más pequeña, por ejemplo se sabe que un grupo cobra a los de un nivel Q15, y los de dos Q35, a diario», afirma la fuente.

De acuerdo con los entrevistados, otras colonias como San Julián y Jocotales también sufren este tipo de violencia.

Según indican, la estrategia más utilizada en estas colonias es la de «la sopa instantánea», que consiste en que los maleantes enví­an a un niño o niña, que las ví­ctimas ya conocen y éstas le entregan el dinero del chantaje económico dentro del envase de una sopa, donde nadie sospecharí­a que va la «cuota diaria».

Al cuestionar a las ví­ctimas, sobre por qué no denuncian, indican que no pueden hacerlo porque saben que esos sicarios «no perdonan» y confí­an en la policí­a y el Ministerio Público.

¿Defensores o abusadores?

Lugares como Villalobos I y San Juan Sacatepéquez, entre otros, cuentan con grupos de vecinos que se encargan de «resguardar» el sector; los vecinos, ante los hechos delictivos, se han armado -supuestamente- para enfrentar el flagelo.

Sin embargo, en el caso de Villalobos, se conoce que el representante de una familia debe patrullar por la noche, pero cuando éste se siente cansado por la ardua jornada de trabajo, debe pagar al grupo de patrulleros que lo sustituye, con al menos Q20.

«A veces no se tiene, pero que se va a hacer, porque si uno no paga Dios guarde, esto yo ya lo tomo como una extorsión», dice un vecino que prefiere omitir su nombre.

En el caso de San Juan Sacatepéquez, constantemente se originan linchamientos y actos violentos, de los que nadie habla porque tendrán una consecuencia seria.

Los residentes de este municipio lo reconocen y argumentan que están unidos para combatir a los criminales que les roban la paz, puesto que ante la pasividad de las autoridades ellos prefieren mantener el «control» de su sector, eso sí­, la traición no se perdona.

«Para que le voy a mentir, si patrullamos en la noche, pero si usted se da cuenta por eso ningún ladrón se atreve a joder, porque sabe que si lo encontramos robando, ya no sale, todos estamos juntos en esto y quien no, pues ya sabe que le pasa», dice un vecino.

A criterio de esta persona, ante la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad y el incremento de violencia, todos se respaldan porque no están dispuestos a tolerar lo que otros sectores sufren y es por ello que en el caso de los ataques contra el transporte se originan lejos de este municipio.

Violaciones sexuales

Villa Nueva y Villa Canales son dos de los municipios, donde se originan varios hechos de violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas; la ví­ctima como sus familiares prefiere no hablar del tema, por temor o vergí¼enza.

De las violaciones poco o nada se comenta abiertamente, aunque una fuente explicó que existe todo un sistema de ataques sexuales contra las mujeres, incluso menores de edad; «si no se permite la violación, los mareros amenazan con matar a toda la familia de la joven.»

De acuerdo con fuentes policiales, en este sector operan varias clicas de la Mara Salvatrucha, quienes infunden temor e intimidan al género femenino para que no denuncien esos hechos.

Representantes de la Comisarí­a 15, de la Policí­a Nacional Civil (PNC) indican que derivado de esta situación han fortalecido los anillos de seguridad, para resguardar, principalmente por la noche a las ví­ctimas de esta situación.

Según indican, existe un subregistro de cuántos casos podrí­an recibirse a diario, pues del tema no se habla abiertamente.

Frente a dos escenarios

Dos aspectos que se destacan en este tema; entre ellos está la importancia de la denuncia, pero al mismo tiempo las repercusiones que podrí­a llevar develar información, puesto que las instituciones encargadas de velar por la seguridad y justicia aún son deficientes.

Hace algún tiempo representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) destacaron que el 98 por ciento de asesinatos en Guatemala quedan impunes, debido a la debilidad en dichas instancias.

En reiteradas ocasiones, Carlos Castresana, ex representante de la CICIG, manifestó la importancia de fortalecer el programa de Testigos Protegidos del Ministerio Público (MP) para que las ví­ctimas denuncien hechos de trascendencia, que les afectan.

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), opina que desafortunadamente este programa ha tenido poca atención y aún le hacen falta recursos para poder dar los frutos que se esperan.

«El tema de asignación de recursos es bien importante porque se tiene que alquilar casas, dar seguridad, en muchos casos que son muy complicados, se tendrí­a que dar la protección fuera del paí­s, porque eso no significa mandarlos y que allí­ se queden», afirma.

De acuerdo con la profesional, es necesario fortalecer este recurso, para incentivar a la gente a denunciar, pues si no funciona adecuadamente, las personas no pueden acercarse a develar información.

Godoy reitera la importancia de denunciar los hechos que aquejan a cada comunidad y utilizar este recurso como una de las herramientas propias de la ciudadaní­a.

Por su parte, Ana Marí­a de Klein, de Madres Angustiadas, propone que las ví­ctimas busquen apoyo en la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH), que pierdan el miedo y se defiendan, pues, es necesario actuar frente a este clima de inseguridad y violencia.

«Como ciudadanos debemos hacer un esfuerzo, claro que a todo el mundo le da miedo hacerlo, pero es un derecho, para que las autoridades resuelvan el problema», indica.

Klein opina que todos los vecinos deben unirse, hacer un memorial y presentar sus quejas a donde corresponde, pero no deben caer en el juego de patrullar y hacer tareas que no les corresponden, porque también se cae en un hecho ilí­cito.