La serie de atentados recientes, agudizados en cantidad y en la expresión terrorífica por parte de sus autores, aunados a una sensación generalizada de impotencia, evidencia, desde la definición clásica, el padecimiento de y en nuestra sociedad de una anomia prevaleciente que amenaza con corroernos hasta las entrañas (en sentido figurado y literal). Las capacidades del Estado, diezmadas por cualquier causa, por múltiples causas, conllevan, entre otros aspectos a la formulación de reglas que en poco o en nada se acatan. El perjuicio es esa desvalorización creciente y que ha tendido a concretarse en esos constantes desafíos a la tranquilidad cada vez son más crueles y sangrientos.
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Si la sociedad guatemalteca puede hacer algo, poco o nada, dependerá directamente de la propia sociedad guatemalteca. De su capacidad de concretar una serie de cambios. Y aquí la queja adicional es que a la fecha no se vislumbra un liderazgo que pueda ser el poseedor del estandarte del prometedor anuncio. Antes bien, lo que se anticipa, en materia política, es una contienda electoral que estará marcada por la descalificación creciente y los señalamientos, de uno, otro y todos los frentes, así como de pronunciadas incapacidades.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, no ha tenido a la fecha todos los éxitos que se auguraban al momento de su concepción e inicio de gestión, pero tampoco ha tenido todas las sombras que sus detractores anunciaban con reiteradas alocuciones de un hipócrita nacionalismo. Como valor agregado evidenció, sí, que los principales responsables de esas tareas en contra de la impunidad, con todas sus variantes, somos los guatemaltecos. De hecho nadie más que nosotros mismos. Entonces: ¿Cómo comenzar? ¿Con quiénes? ¿Con qué medios?
Personas y movimientos que en el pasado sirvieron de acertada palanca para impulsar determinados cambios, (desde la Comisión Nacional de Reconciliación, hasta la Instancia Nacional de Consenso) hoy no se vislumbran como opciones. El marasmo propio de la manifestación de la anomia, esta vez expresada por la ausencia de muchos sectores a verdaderas oportunidades de desarrollo, se cobra su infalible factura. Pero quizás no todo esté perdido.
La lucha contra la violencia, como primera expresión del autoritario imperio de la impunidad, puede y debiera ser abanderada por las propias autoridades, Los responsables directos, pero no los únicos de su combate. Un primer paso podría ser que se convocase a una masiva marcha para protestar contra la violencia en todas sus manifestaciones, desde la familiar, hasta esta otra que llámese o no terrorismo, en efecto genera un pánico en aumento. Pero ahí no debiera terminar la cosa.
Si la Academia regulada en la Constitución Política, en su importante labor de integrar comisiones de postulación, se encuentra tan «desgastada», otro segmento de la Academia puede asumir el papel que correspondería a la intelectualidad del país, a la posibilidad de constituir y conducir un movimiento tendiente a proponer el conjunto de soluciones que deben contar, obviamente, con una amplia participación de la ciudadanía. Me refiero a un Movimiento liderado por los Rectores de todas las Universidades del país, con la adición de los Presidentes de todos los Colegios Profesionales, para estructurar un esquema de trabajo que involucre a todos los sectores honrados de la sociedad. La sociedad y el Estado se encuentran en grave peligro. Es el momento de intentar un nuevo esfuerzo para encausarnos hacia el sendero de la paz, la seguridad y la tranquilidad. Después que vengan las otras batallas: contra el hambre, contra la pobreza; a favor de la educación, de la salud; a favor de generar empleos, nuevas y mejores condiciones de vida, etc. No sé, puede ser…