Me imagino que cierta decepción se habrá sentido entre los estudiantes de Derecho, de cualquier universidad, o bien entre los que han estado pensando en estudiar esta carrera. Incluso, me imagino que los egresados habrán sentido una profunda decepción de su «decano» al conocer los señalamientos de su corresponsabilidad en el proceso de postulación fallido a Fiscal General.
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A raíz de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara que se anulara el proceso y que se repitiera, pero sin los decanos y otros miembros por haber participado ya en la postulación, el sistema académico universitario debería haber entrado en crisis, ya que se le estaría vinculando directamente en el deterioro del sistema de justicia.
Los decanos de las facultades de Derecho ya también habían participado en procesos con anomalías, como el de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, así como en el del director de la Defensa Pública Penal.
La idea de incluir a los sectores universitarios tenía la intención de academizar la política y otorgarle, así, cierto prestigio a los procesos. Además, sería de suponer que los decanos son los catedráticos más prestigiosos de cada facultad y que, probablemente, conocerían a los aspirantes, ya que les habrían impartido clases magistrales.
Esta práctica seguramente funcionaría en cualquier país, pero hay que reconocer que en Guatemala casi cualquier idea no tendría éxito, porque los poderes oscuros corromperían cualquier práctica. Y esta práctica seguramente no es ajena a otras facultades, como las de Economía, en la Postuladora a Contralor General de Cuentas, o la misma Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene calidad jurídica para presentar iniciativas de ley, o tienen representación en la CC y la Junta Monetaria, por ejemplo.
Por ello, considero que el intento de academizar la política ha fallado, no porque no se pueda, sino porque, obviamente, los poderes oscuros intentarán influir en todos los sectores que tengan poder de decisión dentro de las políticas de Estado.
En Guatemala, sobre todo en las instituciones que hoy día están afectadas por el sistema de Comisiones de Postulación, deberían regirse, más bien, por una carrera dentro de la institución. Pese a que la Constitución no contempla este sistema dentro de su articulado, las comisiones de postulación podrían valorar sobremanera la carrera y experiencia de los aspirantes; sólo es cuestión de tener voluntad política, así no se violaría la Carta Magna.
El error -considero yo- de academizar la política consiste en que a las universidades (incluyendo su representación a través de las facultades y/o decanos) ha consistido en que se ha dado poder de decisión, lo cual ha provocado que se dé el proceso contrario, es decir, que se politizó a la Academia.
Sin embargo, considero que es imprescindible que el sector académico, representado en las universidades se involucre de lleno en la búsqueda de soluciones de la problemática nacional.
Me gustaría, por ejemplo, que las universidades del país confluyeran en una especie de Instituto de Investigación Nacional, en la que cada una aportara a sus mejores catedráticos y profesionales, para realizar análisis de coyuntura en todas las áreas de la problemática nacional; por ejemplo, energía, estadística, economía, finanzas, sociología, antropología, cultura, medicina, farmacología, pedagogía, humanidades, ambiente, ingeniería civil, ciencia y tecnología, psicología, ciencias políticas y un larguísimo etcétera que corresponde a igual número de facultades que existen en el país.
Así, los gobiernos de turno, las comisiones legislativas, las cámaras de la CSJ, y otras instituciones estatales tengan un corpus de investigaciones académicas que alumbren las decisiones políticas que tomen.
Por ejemplo, ante problemas como el hundimiento en Ciudad Nueva o la destrucción de puentes tras Agatha, hubiera sido valiosísimo el pronunciamiento del sector académico de los ingenieros civiles de las universidades, a fin de que las autoridades tuvieran una opinión de peso para establecer causas y diseñar estrategias.
De igual forma, sería deseable que los académicos en Biología se pronunciaran por la situación en el lago de Amatitlán, la mina Marlin o la petrolera en la laguna del Tigre. Saber qué opinan las Facultades de Medicina para las epidemias de dengue o de desnutrición crónica y aguda. Las Facultades de Psicología sobre la supuesta psicosis que provoca la violencia. Y así, la cantidad de temas serían ilimitados.
El problema es que las universidades sólo han participado en los procesos en que tienen poder de influir en la política, y se han olvidado realmente de aportar académicamente a la solución de la problemática nacional.