Los crí­menes polí­ticos y otros jamás se esclarecen


Las autoridades judiciales y las policiales han abierto investigaciones acerca de los casos, aún no esclarecidos plenamente, de Vinicio Gómez, ex ministro de Gobernación, y del licenciado Rodrigo Rosenberg, ocurridos en circunstancias un tanto «misteriosas».

Marco Tulio Trejo Paiz

La Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo titular ha sido el jurista español Carlos Castresana, ha estado tratando de desentrañar ambos hechos que no han dejado de repercutir en el plano nacional y en el internacional.

Cabe decir que, por lo menos, el caso de Vinicio Gómez parece haber tenido una motivación de carácter polí­tico o algo semejante a lo polí­tico, dada la alta jerarquí­a burocrática y lo delicado de sus actuaciones para poner en claro espinosos y candentes sucesos que se han suscitado y provocado mucha resonancia.

Si en realidad en las muertes trágicas de Gómez y Rosenberg ha habido implicaciones de tipo polí­tico, será difí­cil, muy difí­cil, llegar a la certitud.

Ahora bien, si se aportan elementos probatorios, incluso documentales, además de declaraciones de testigos aptos, sobre todo confesiones convincentes de los indiciados, las cosas podrí­an cambiar para que se sepa la verdad monda y lironda de lo que hoy pueda estar dando la idea de tratarse de un nudo gordiano, al menos hasta cierto punto. Recordamos que el asesinato del coronel Francisco Javier Arana, perpetrado en el puente El Morlón, de Amatitlán, cuando era Jefe de las Fuerzas Armadas, así­ como el que fue cometido en la Casa Presidencial contra el entonces Presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas, jamás se esclarecieron. íšnicamente estuvieron circulando rumores algún tiempo, como a sotto voce, más a la postre todo quedó en el más profundo misterio. Digamos. No hubo «reos presos», como se dice en los tribunales y entre los tinterillos…

Como de relance hubo un crimen comprobado que tuvo un cariz polí­tico: El de que fue ví­ctima don Alejandro Córdova durante el gobierno espurio, de los funestos 108 dí­as, jefeado por el general Federico Ponce Vaides. Don Alejandro era, a la sazón, director del diario El Imparcial, y el hecho criminal, según trascendió, fue perpetrado en represalia a crí­ticas contra el efí­mero orden de cosas que ha sido considerado como un apéndice del de los 14 años del general Jorge Ubico Castañeda.

Es deseable que salgan a luz con pelos y señales todos los proditorios crí­menes que se cometan en todas las épocas, no sólo los de í­ndole polí­tica, sino también los de orden común que causan conmoción en el seno de la sociedad y gran revuelo en el exterior.

Actualmente asistimos a una verdadera orgí­a de sangre hasta en los confines de la patria, y las atrocidades se quedan en la espesura de las tinieblas. Es, realmente, una danza macabra que no tiene trazas de terminar. Gobiernos van y gobiernos vienen y la situación va de largo.

El pueblo está de luto. Los deudos de los miles y miles de ví­ctimas del festí­n diabólico que suscita grave amenaza, mucha zozobra; mucho pánico, lo tenemos a toda hora del dí­a y de la noche.

Las personas que han perdido seres queridos en ese pandemónium sangriento claman por la justicia que se imparte (¿…?) en todos los niveles o instancias del ramo judicial, pero todo, todo, todo o casi todo, desgraciadamente, queda eternamente impune, Y ¡Santos en paz!

Las autoridades que están obligadas a poner en su sitio a los delincuentes que pululan por todos lados ya ni se preocupan de averiguar las cosas de referencia. Si acaso se limitan a dictar simples, frí­as y estereotipadas providencias en los «partes» o denuncias «para lo que haya lugar» y… ¡sanseacabó!

A las esposas o esposos, a las madres, a los padres, a los hijos. y demás familia, no les queda más que, dolorosamente, lágrimas y resignarse a vivir hasta morir con la única esperanza de que a los masacradotes les caiga tarde o temprano, pero más temprano que tarde, la justicia de Dios .