Los programas del Consejo de Cohesión Social han sido defendidos por el Gobierno bajo la consigna de ser la estrategia «moderna» de generación de capital humano, pero sobre todo, por atender -según dice- a las personas históricamente excluidas de los beneficios de los que una minoría se ha aprovechado.
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La «oposición» por el contrario, los ha criticado aduciendo que aquéllos son utilizados para la promoción de la candidatura de la Primera Dama, para ocupar la primera magistratura del país, tras las elecciones del año próximo.
Tomando en cuenta ambas posiciones, y considerando lo que he comprobado en uno de esos programas, sea el caso de Mi Familia Progresa (MiFaPro), en uno de los municipios más pobres del país, gracias a la investigación realizada de forma no oficial por una unidad académica de la Usac, y que por ende no se publicó -y en este caso hablo de mi experiencia- es que muchas de las personas beneficiadas con el programa de transferencias condicionadas necesitan de tal mecanismo para al menos nutrir a sus niños de una mejor manera. Pero efectivamente, no son todos los favorecidos quienes lo precisan. Además, en ese municipio existe un problema en cuanto a las condiciones del programa, porque las mismas, en buena medida, ya estaban satisfechas antes de que MiFaPro comenzara a funcionar, lo que no quiere decir que la transferencia de liquidez sea superflua en ese lugar.
Por aparte, debe quedar claro que no sólo el partido oficial es quien saca provecho político de ese programa. Además de los «fiscalizadores» del Congreso, en el municipio aludido el partido a cargo de la comuna y que no es la UNE, persuade a varias personas de que son ellos quienes están a cargo del programa para beneficiar a los más pobres.
El problema económico en todo caso radica en la magnitud de recursos del Estado destinados a programas de ese tipo. Pues aunque como parte del PIB de Guatemala MiFaPro no representa ni medio punto porcentual, en relación al presupuesto del Gobierno Central la relación es de casi un 3%, según lo que se planea gastar este año. Y la parte toral en este aspecto es que los gastos gubernamentales han aumentado progresivamente mientras los ingresos tributarios han caído y si bien han mostrado tendencia a la recuperación, siguen siendo insuficientes para cubrir semejante gasto.
El ruido en este tema es plantearse una reforma fiscal para mantener esos programas, a lo que el Ministro de Finanzas ya manifestó desistir. Esto, debido a la obvia razón de que hablar de reforma fiscal en Guatemala -crezca o no la economía- es tratar de un asunto ignominioso sobre todo para el sector privado.
Por lo tanto y aunque el Presidente de la República reveló que el crédito que había pensado obtener para la reconstrucción de las áreas del país afectadas por los últimos fenómenos naturales, de parte del Banco Central, ya no lo necesitará, parece que Guatemala en el corto plazo emulará el caso argentino, en cuanto a que el gobierno querrá echar mano de las reservas monetarias para pagar deuda futura, generada debido a programas que aún no convencen en cuanto al argumento de disminuir la pobreza.