Mientras El Salvador discute una «ley antipandillas» con la que se pretende frenar la expansión de estos grupos criminales, Guatemala mantiene en el olvido tres iniciativas de ley que tienen el mismo objetivo. La legislación promueve nuevas medidas para controlar a los grupos criminales, pero en la tierra donde las leyes no se cumplen, las maras podrán crecer más sin una respuesta efectiva de las instituciones de seguridad para combatir la violencia.
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Una ley que criminaliza la existencia de pandillas es afinada por el Gobierno salvadoreño, después de ser expuesta a políticos, universidades, iglesias y grupos empresariales, que demandan mayores niveles de seguridad.
El proyecto de ley, según el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, será enviado a la Asamblea Legislativa para que sea discutido y «enriquecido» para contener a las pandillas, luego de que 17 personas murieran al ser quemado un microbús el pasado 20 de junio.
Mientras tanto, en Guatemala, el contexto de violencia generado por las pandillas es similar al del vecino país, pero las distintas propuestas para crear leyes específicas contra esos grupos han fracasado, ya que pese a tener el dictamen favorable de distintas comisiones legislativas, tres fueron «engavetadas» en el Congreso.
La primera propuesta fue del parlamentario Manuel Baldizón, quien en febrero de 2005 pertenecía al Partido de Avanzada Nacional, PAN, el legislador presentó la iniciativa de ley 3154, Ley Antimaras.
El Partido Patriota, PP, presentó la iniciativa de ley 3189, Ley para prevenir, controlar y erradicar las pandillas juveniles, agrupaciones ilícitas y delincuencia organizada, mientras que la Alianza Nueva Nación, ANN, presentó la iniciativa de Ley 2912, para la erradicación de conductas transgresoras de la ley penal, mediante la asociación de niños y adolescentes en pandillas juveniles.
Sin datos específicos, se sabe que las pandillas incrementan su número de integrantes, al punto que el problema está fuera de control, pero las acciones para detenerlas parecen no ofrecer resultados favorables, por lo que surge la duda de cuán necesario es un marco jurídico que permita a las autoridades combatir con suficientes herramientas legales a las maras.
¿NECESARIA?
La necesidad de «Ley Antipandillas» es cuestionada por distintos sectores, que explican la expansión de esos grupos criminales como una consecuencia de la debilidad de las instituciones de seguridad para detenerlas, y no por la ausencia de una legislación específica.
Sin embargo, otros sostienen que, aunque una ley contra las maras sea aprobada y no se cumpla, puede ofrecer los lineamientos estratégicos para el combate de éstas.
Es importante una ley de pandillas para la rehabilitación y reinserción social de carácter punitivo, opina el experto en seguridad, Mario Mérida. «Es necesario que busque ayudar a los grupos en riesgo, pero que también busque un castigo».
No obstante, resalta Mérida que «el problema es que no se puede tipificar como delito una actitud social», puesto que no se pueden tipificar delitos «extraordinarios» para una persona simplemente por el hecho de ser de una «mara».
La iniciativa del diputado Baldizón, por ejemplo, tipifica el uso de tatuajes distintivos de las maras y como una falta, la carencia de un documento de identificación, lo que podría ser calificado como una medida de estigmatización
El experto sugiere que en la legislación se establezcan plazos para que los adolescentes en riesgo de ingresar a las pandillas tomen un tiempo para pasar por un proceso de rehabilitación; este podría ser de seis a nueve meses, pero de no acatar la resolución, tendrían que ser conducidos a la fuerza a los centros de rehabilitación.
Para ello, Mérida considera que además, es necesario crear una política de Estado, de tal manera que se pueda coordinar con las iglesias y otras organizaciones que buscan la reducción de la criminalidad entre los jóvenes.
«Cualquier esfuerzo que se pueda hacer para combatir al crimen organizado y las pandillas, es importante promoverla», destaca Rosa María de Frade, quien integra la Comisión legislativa de Reformas al Sector Justicia.
Además, señala que en la legislación guatemalteca ya existen algunos esfuerzos que luchan contra el crimen organizado, pero aún es necesario revisar las iniciativas para verificar su pertinencia con el contexto actual.
No obstante, la legisladora reitera que hay que tomar en consideración que más importante que crear nuevas leyes, es mejor fortalecer las instituciones ya establecidas para la lucha contra el crimen.
En ese sentido, destaca el reducido apoyo en recursos humanos, materiales y financieros para la Unidad Antimaras de la Policía Nacional Civil, que no tiene la capacidad para atender el problema de las pandillas en Guatemala.
El portavoz del Ministerio de Gobernación, Nery Morales, refiere que una legislación antimaras requiere de un análisis a profundidad, por lo que señaló que debía hacer las consultas pertinentes para emitir una opinión sobre el tema.
EL SALVADOR
Para promover la iniciativa en El Salvador, el viceministro de Seguridad y Justicia de ese país, Henry Campos, ha realizado, además, consultas con magistrados con el fin de adecuar el proyecto de Ley de Proscripción de pandillas y grupos de exterminio.
Para Funes, «las pandillas se han convertido en organizaciones criminales, que tienen un núcleo criminal, que define su identidad y que por lo tanto, tiene que ser abordada, desde una ley especial».
La nueva legislación, según Funes, establece que la «sola pertenencia a una pandilla, ya es constitutivo de delito», aumenta los años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas, controlará las cuentas bancarias y otros bienes producto de acciones criminales.
El equipo jurídico de la casa de gobierno salvadoreña también realiza «consultas» para tipificar la quema de vehículos de transporte de personas como «un acto terrorista».
A pesar de lo draconiana que es la nueva ley -que es respaldada por diferentes sectores y que requiere reformas al Código Procesal Penal-, Funes está consciente de que el fenómeno de las pandillas y la delincuencia en general tiene causas estructurales y se deben impulsar planes preventivos.
«Sabemos que el problema de la delincuencia en El Salvador a la base tiene una raíz de orden estructural y por lo tanto no basta con reprimir el delito, hay que trabajar en la prevención del delito», reconoció Funes durante un encuentro con delegados de las diferentes iglesias.
PLANTEAMIENTOS Y RESPALDO
Uno de los factores fundamentales para la aprobación de una ley, es el respaldo que las organizaciones civiles den a la iniciativa, lo que depende de los fundamentos de la legislación que se propone.
En el caso de Guatemala, según Elvia Culajay, activista por los derechos de la niñez y adolescencia, «era imposible apoyar una iniciativa como la que presentó el diputado Baldizón, que preponía castigos para quienes estuviesen tatuados con símbolos de maras o no portaran documentos de identificación, entre otros prejuicios». «Es necesario promover la prevención del delito, antes de cualquier forma de criminalización de los sectores de riesgo».
En coincidencia, el rector de la Universidad Evangélica de El Salvador, Víctor Segura, es de la opinión que «todo esfuerzo es positivo» para salir al paso de la violencia, pero consideró que la nueva ley que se redacta «hay que enfatizarla en la prevención, en la salida del joven de la violencia» y recomendó planes de reinserción.
El pastor evangélico Carlos Rivas declaró que el proyecto de ley «es solamente para atender un poco el efecto que hay pero no la causa» y lo relacionó con otros proyectos de gobiernos anteriores que impulsaron fracasadas estrategias de mano dura.
«No cabe duda: El Salvador atraviesa actualmente uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La espiral de violencia e inseguridad que padecemos se incrementa aceleradamente», es una de las conclusiones que el CNE hace en un pronunciamiento.
«No se puede respaldar cualquier iniciativa que argumenta la seguridad social, cuando su contenido promueve la estigmatización de algunos sectores de la población», señala Culajay.
«Es entonces cuando les decimos a los diputados que trabajen las propuestas de la mano de la sociedad civil, atendiendo y escuchando a los distintos sectores de la población que los eligió», agrega.
*Con información de Eddy Coronado y la Agencia Francesa de Prensa.
La Policía de Guatemala lanzó el miércoles un operativo a gran escala, que incluyó más de 50 allanamientos en diversos barrios periféricos de la capital, en busca de líderes e integrantes de las temibles pandillas que mantienen en zozobra a la población.
«Los operativos van en busca de una célula de la Mara 18 bien organizada que se dedica al sicariato, extorsiones y asaltos en esos sectores de la capital», precisó el portavoz de la Policía, Donald González.
El portavoz comentó que casi un centenar de policías, apoyados por militares, iniciaron los operativos en la madrugada en la periferia norte de la capital con la intención de capturar a los pandilleros, que han sembrado terror y muerte en esa zona.
Paralelamente, otro grupo de policías lanzó otra serie de operativos en la zonas 12 y 21 (periferia sur), en busca de líderes de pandillas, pero hasta el momento el portavoz no había recibido información sobre los resultados de los cateos.
«Estos allanamientos están basados en una investigación de cuatro meses por parte de la unidad de delitos contra la vida de la división especial de investigaciones criminales de la Policía, la cual cuenta con apoyo logístico de España», afirmó González.
«Esta banda está bien organizada porque tiene administradores, sicarios, vigilantes de sector, asaltantes a mano armada y cobradores de extorsiones a comercios, tiendas (populares) y choferes de camiones repartidores de toda clase de productos que ingresan a esa zona», agregó.
Los operativos a gran escala contra estos grupos son los primeros que se realizan cinco meses después de que asumiera el nuevo ministro del Interior, Carlos Menocal, pese al clamor popular de contener la ola de violencia que azota a esta nación centroamericana.
Mientras que los allanamientos fueron lanzados dos semanas después de que el presidente ílvaro Colom nombrara a Jaime Otzín como nuevo director de la Policía, la cual estuvo casi cuatro meses acéfala luego de la captura de dos ex directores por el robo de drogas y supuestos nexos con el narcotráfico.
Con el nombramiento de la nueva cúpula de la Policía, su misión fundamental será una reforma en la institución, que últimamente se ha visto marcada por los nexos de sus jefes y agentes con bandas del crimen organizado.
Guatemala es uno de los países más violentos de Latinoamérica con un promedio diario de 18 homicidios, y donde las pandillas juveniles tienen un papel preponderante como brazos armados del crimen organizado, especialmente del narcotráfico.