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El sonido que provoca el rebote de balón contra el pavimento llama la atención de decenas de estudiantes de medicina. El baloncesto es uno de los deportes favoritos en el Centro Universitario Metropolitano (CUM), de la Universidad de San Carlos (Usac), ubicado en la zona 11.

Las instalaciones del CUM son ideales para estudiar, pero también para practicar un deporte en los momentos de ocio; el baloncesto es tan popular, que atrae también a personas ajenas a la Facultad de Medicina, y de ahí­ surge la convivencia entre extraños y estudiantes.

Pero no todo el deporte es pací­fico. En junio pasado, un grupo de jóvenes, en su mayorí­a estudiantes de primer ingreso de Medicina, golpearon a un hombre, de aproximadamente 25 años, a quien calificaban como delincuente

El hecho inició con una serie de indagaciones sobre el paradero de objetos que el supuesto ladrón robó, pero ante el silencio del sindicado, se originó el primer puntapié que terminó con los golpes de una turba en la que se concentraron más de 50 universitarios.

Enardecidos, los jóvenes vociferaban por más violencia, aunque también se escuchaba una que otra voz que pedí­a «misericordia» para el agredido, pero la euforia colectiva no permitió que se intercediera por la ví­ctima.

Las fuerzas de seguridad también participaron del acto de violencia, que en su momento recibieron al vapuleado en las afueras del centro universitario, pero poco después «lo devolvieron» a los universitarios para que «tuvieran un minuto más de felicidad», hasta que una patrulla acudió al lugar de los hechos para detener el linchamiento.

«No estoy seguro si era ladrón o no, porque ni siquiera se comprobó ese extremo, personalmente lamento la falta de educación, profesionalismo y sensatez de los futuros profesionales de la medicina; el hombre quedó desnudo y con el ojo casi cerrado de tanto golpe, ellos le decí­an marero, cuando sus acciones y sus palabras son más parecidas a las de un delincuente», dice un estudiante, testigo del hecho, quien por seguridad pidió no ser citado.

SED DE VIOLENCIA

Pero el descontento de los estudiantes no quedó en los golpes y agresiones verbales contra la ví­ctima; dí­as después del acontecimiento, jóvenes cargaron el ví­deo en Youtube.com, un portal de internet dedicado al intercambio de audiovisuales.

Lejos de condenar el atropello de la dignidad humana y la violencia social, en el portal de internet los estudiantes expresaron su satisfacción por su violenta respuesta, al punto que algunos se arrepienten por no haber golpeado más al supuesto ladrón.

Pero el problema de los linchamientos no se ejemplifica con un caso aislado. La comunidad sancarlista está consciente de que los actos de «ajusticiamiento» fuera de la ley son comunes en el campus central y distintos centros educativos regionales.

Estuardo Gálvez, rector de la Usac, dice no tener conocimiento de este hecho reciente; sin embargo, indica estar en desacuerdo con los linchamientos, pues es la Policí­a quien debe actuar en casos de trasgresión a la ley, y no los universitarios.

«Estamos totalmente en contra de este tipo de hechos delictivos, cuando eso ocurre nosotros lo denunciamos y la misma Universidad acusa a los involucrados; si se captura a alguien flagrantemente hay que llamar a la Policí­a y ponerlo a disposición, tal como lo establece la ley, es lo que hemos hecho. Hemos instalado cámaras de seguridad para evitar la delincuencia en la Universidad y hemos dotado de equipamiento a la Policí­a universitaria», afirma.

A decir de Gálvez, aunque los linchamientos se originan por la falta de acción del Ministerio Público (MP) y de la Policí­a Nacional Civil (PNC), estos hechos no deben ser tolerados por ningún motivo, puesto que también son un delito.

El representante de la universidad dice que para contrarrestar la violencia de parte de los estudiantes se ofrecen charlas para reflexionar sobre el tema, además de ponerse a disposición de las autoridades correspondientes, tanto a los supuestos delincuentes como a los jóvenes que participan en vapuleos o linchamientos.

CENTROS PRIVADOS

El 23 de enero pasado, un hecho similar se suscitó en la Universidad Rafael Landí­var (URL), cuando cuatro presuntos delincuentes despojaron de sus pertenencias a un estudiante. En esa ocasión fue vapuleado un niño.

Los cuerpos de socorro atendieron a un hombre identificado como Waldemar Caracún Utuy, de 21 años, un joven de 16 y un niño de 11; todos tení­an laceraciones en diferentes partes del cuerpo, incluyendo el menor de edad.

Uno de los universitarios relató que los supuestos delincuentes eran cuatro, pero uno se dio a la fuga.

Por su parte, Padilla, de la Secretarí­a General de la URL, dice que estos hechos se originaron fuera del perí­metro de la universidad, y aunque se cree que algunos estudiantes participaron en el vapuleo, aún no se confirma ese extremo.

La entrevistada refiere que todo inició con el robo a un ciudadano ajeno al centro universitario, que descendió de un autobús y se ubicó dentro del campus para pedir ayuda en una de las paradas cercanas a la URL.

La ví­ctima del asalto persiguió a los presuntos delincuentes hasta darle alcance a tres, y poco a poco se fueron agregando más personas, entre ellos vendedores, personas que se encontraban en la parada y «algunos estudiantes».

Padilla dice no poder confirmar si hubo algún grado de participación del estudiantado que pertenece a esta casa de estudios, pues existe el principio de inocencia, que debe ser considerado hasta que no se demuestre lo contrario.

Sin embargo, luego del suceso se han fortalecido medidas de seguridad internas en la universidad, pero también se exige a las autoridades de Gobierno polí­ticas de seguridad definidas para ofrecer las garantí­as de seguridad necesarias.

«Es un tema complejo, y requiere de muchos elementos y factores para atenderlo. Sin embargo, se exige a las autoridades gubernamentales que defina polí­ticas claras al respecto, estrategias y acciones concretas que lleven al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y por ende a la protección efectiva de los ciudadanos», indica Padilla.

PREOCUPANTE Y DEPLORABLE

Rolando Yoc, representante de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH), externa su preocupación por la participación de jóvenes universitarios en linchamientos, «tomando en cuenta que se trata de futuros profesionales», que reciben formación escolar de nueve a doce años, donde constantemente se fortalecen los principios y valores.

«Se supone que a mayor preparación, mayor información. Los estudiantes universitarios llevan 9 o 12 años de escolaridad donde constantemente fortalecen los principios y valores y fundamentalmente el derecho a la vida; es preocupante que a este nivel los ciudadanos jóvenes lo vean desde ese ángulo, porque son actos criminales y delictivos que atentan contra la integridad de los seres humanos», afirma.

De esa cuenta, Yoc exhorta a la juventud a buscar otros mecanismos en la aplicación de justicia, que no es precisamente con la propia mano.

Asimismo, recomienda a las autoridades universitarias reflexionar junto a los estudiantes sobre el tema, así­ como implementar mecanismos de seguridad interna para la protección de este sector de la población.

Ana Marí­a de Klein, de la organización Madres Angustiadas, califica como «deplorables» las acciones de los universitarios, pues es lamentable que los futuros profesionales cometan esos actos.

«No es admisible. Es lamentable ver que el futuro de este paí­s va a estar en manos de personas que actúan de forma violenta, que no respetan las vidas humanas; las autoridades deben tomar medidas muy fuertes para evitar que continúen esos hechos delictivos dentro de sus campus», dice.

De Klein dice que los rectores, decanos y catedráticos deben responsabilizarse de lo que sucede dentro de los centros universitarios, puesto que ellos representan a la autoridad en estos lugares.

«Uno no esperarí­a que estudiantes que están a punto de ser profesionales tengan estas actitudes, es necesario hacer una investigación para saber quiénes son los provocadores, y las autoridades deben aplicar una polí­tica de respeto, afirma.

Pero el problema de fondo se encuentra en los altos niveles de impunidad, que se manifiestan en la débil persecución penal por parte de las fuerzas de seguridad y la débil aplicación de la justicia en un sistema cuestionable.

De esa cuenta, los entrevistados refieren que, son las autoridades quienes deben velar por el cumplimiento de las polí­ticas de seguridad y justicia, pues de esta depende la convivencia social en paz.