El 28 de junio se conmemoró un año del golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras. La misma fecha, pero de 1954, es derrocado, también con un golpe militar, el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán. Además de la similitud en fechas, existe una serie de elementos comunes entre estos hechos, dentro de las que destaca la participación de Estados Unidos.
El gobierno de esta nación, dio apoyo militar al grupo que derrocó a Jacobo Arbenz. Y en el caso de Honduras, además de entrenar a un experto en represión en la década de los ochenta, Billy Joya, quien fungió como funcionario del gobierno de facto de Micheletti, también ha garantizado que en Honduras operen las transnacionales estadounidenses, con acuerdos como el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. (DR-CAFTA).
Para EE.UU., Zelaya significaba una amenaza, precisamente por su relación con los países del ALBA, y aplicar medidas que podrían afectar sus intereses. Un ejemplo, es la medida de revisar las doctrinas de propiedad intelectual a modo de promover una apropiación de conocimiento para la producción de bienes indispensables para la salud y la alimentación. Para las transnacionales norteamericanas que producen cerca de un 80% de la medicina que se distribuye en Honduras, sin duda esto era una amenaza.
El DR-CAFTA, un acuerdo hecho a la medida de los EE.UU., y de alguna manera una nueva forma de intromisión y eliminación de nuestra soberanía nacional, promueve inversiones que son una amenaza para toda Centroamérica. Invito a conocer de cerca el caso de la minera Pacific Rim, que en El Salvador ha puesto una demanda al Estado, en el marco del DR-CAFTA, por que éste le ha exigido acatar la legislación nacional.
Conviene poner atención a este caso, si es que en Guatemala, el gobierno verdaderamente quiere hacer prevalecer los intereses nacionales, y hace efectivo el cese de operaciones de la minera Marlin, de Montana Exploradora, pues el país podría correr con la misma suerte de El Salvador.
En Costa Rica, con muy poco tiempo de vigencia del DR-CAFTA, se ha cambiado radicalmente la legislación, y las nuevas normativas sobre propiedad intelectual otorgan pena de cárcel a quien fotocopie un libro sin permiso del autor, o quiera sonar un disco en restaurantes o discotecas móviles, sin permiso pagar un impuesto de derechos de autor.
Debe señalarse que si estos acuerdos comerciales han tenido cabida en la región, es porque ha habido grupos de capital nacionales, que se han beneficiados, entre ellos la industria avícola que importa unas 700 mil toneladas métricas de maíz amarillo, de las cuales el 50% corresponde a las dos industrias de pollo del país. O también beneficia a quienes distribuyen medicamentos de las transnacionales y gozan de un monopolio como resultado de las medidas de propiedad intelectual del DR-CAFTA.
Estos ganadores del «libre comercio» apoyaron los Tratados, pese a que serían de gran perjuicio a la población en general, principalmente la del área rural. En tanto, estos tratados con EE.UU. fueron rechazados por Argentina, Brasil, Uruguay y otro grupo de países del sur, por afectar los intereses nacionales.
Cabe añadir, que el DR-CAFTA afecta una integración centroamericana, desde el plano comercial, en tanto que los países centroamericanos negociaron concesiones arancelarias bilateralmente con EE.UU., lo que hace imposible aplicar un arancel externo común.